Según el jurista cubano Eloy Viera, el Código Penal vigente en Cuba desde el pasado 1 de diciembre "no sanciona la recepción de financiamiento de organizaciones no gubernamentales o públicas extranjeras. Da igual el origen, lo que interesa es para qué se utiliza el dinero, y eso depende, únicamente, del criterio de los represores cubanos".
Viera se refirió al artículo 143 del nuevo Código Penal, que expresa: "Quien, por sí o en representación de organizaciones no gubernamentales, instituciones de carácter internacional, formas asociativas o de cualquier persona natural o jurídica del país o de un Estado extranjero, apoye, fomente, financie, provea, reciba o tenga en su poder fondos, recursos materiales o financieros, con el propósito de sufragar actividades contra el Estado y su orden constitucional, incurre en sanción de privación de libertad de cuatro a diez años".
Esta norma, aunque no escrita, siempre ha sobrevolado la cabeza de activistas, periodistas y otras voces del disenso en la Isla. "Ahora sencillamente ha tenido que incluirse en el Código Penal", expresó Viera en el programa de DIARIO DE CUBA Los Puntos a las Íes.
Previamente, en un artículo publicado en DIARIO DE CUBA, la también jurista Lucía Alfonso Mirabal afirmaba que, hasta ahora, el régimen ha intentado procesar y encarcelar a opositores, activistas y periodistas independientes cubanos por delitos comunes, para evitar rendir cuentas ante organismos internacionales sobre presos políticos y de conciencia. Recurrir a delitos como los recogidos en el artículo 143 para poner tras las rejas a miembros de la sociedad civil cubana implicará reconocer tácitamente que sí hay presos por motivos políticos en la Isla.
Sobre si el nuevo Código Penal podría aumentar la represión en la Isla, Viera dijo que "en Cuba no tendremos mayor represión por la nueva normativa, la represión del disenso se va a reproducir siempre, porque es esencial en el sistema, independientemente de la norma jurídica que impere".
A pesar de que el nuevo Código Penal legitima muchas acciones represivas, estas ya se venían desarrollando antes del 1 de diciembre. Para justificarlas, [las autoridades] se valían de "estirar y encoger la interpretación de la ley", dijo Viera.
Aunque el artículo 143 del nuevo Código Penal de Cuba constituye una amenaza para toda la sociedad civil cubana, no se trata de una amenaza nueva. Las penas de cárcel para cualquier cubano que reciba financiamiento para incidir en la discusión pública y política están anunciadas en la Ley 88 sobre la Protección de la Independencia Nacional, de 1999, y en la Ley 93 contra Actos de Terrorismo, de 2001.
El artículo 143 surge ya que las pasadas normas se les empezaban a quedar cortas al régimen, pues limitaban la procedencia de los recursos al Gobierno de EEUU, sus agencias, etc., por lo que los fondos de otra procedencia parecían lícitos, afirmó la jurista Alfonso Mirabal.
"No es que esta nimiedad limite al régimen, que suele acusar, sin pruebas, a las administraciones de ese país de estar detrás de la más leve manifestación de descontento que pueda suceder en Cuba. Pero el régimen necesita ilegalizar, en blanco y negro y con claridad, cualquier fuente de financiamiento, no solo del extranjero sino incluso dentro del país", ahondó Mirabal.
Ahora, en el artículo 143, no solo se implica a quien proporciona financiamiento, sino también a quien "apoye" o "fomente" cualquier acción que se derive del mismo. Esto permite que quienes apoyen en redes sociales o mediante aplicaciones de mensajería la realización de protestas pacíficas, o se hagan eco de denuncias contra el régimen cubano, también puedan ser encarcelados.
"Aunque el nuevo Código Penal no será la causa de un aumento en la represión, sí viene a legitimarla, se trata de una de las leyes más draconianas que hemos tenido en los últimos años", concluyó Viera.
