Para el jurista cubano Julio Antonio Fernández Estrada, la inseguridad jurídica en materia de derechos humanos no es buena para ningún estatus político, ni siquiera para uno totalitario como el cubano. "A medio plazo [la inseguridad] deriva en un desorden social, político e institucional", en definitiva, en una pérdida de la gobernabilidad, opinó Estrada en el programa de DIARIO DE CUBA Los Puntos a las Íes.
Según el jurista, puede ser que el Estado cubano opte por mantener una situación de indefensión de un conjunto de derechos humanos, ya sea "por falta de protección directa en la norma, por no reconocimiento de mecanismos de defensa de esos derechos, o por no regulación de normas de desarrollo de esos derechos a partir de lo que dice la Constitución de 2019. En cualquier caso, eso es algo que no conviene a ningún estatus político, incluso a uno autoritario".
Tal situación devendría, según Estrada, en un enorme desorden social, moral, político e institucional, "y se supone que a cualquier Estado le interesa la paz, la armonía. Aunque sea un Estado que no de pasos certeros hacia eso, no creo que pretenda poner en crisis su propia gobernabilidad".
En su intervención en Los Puntos a las Íes, Estrada reflexionó acerca de que esa lógica de que los derechos humanos no sean un horizonte para un Estado "crea muchos problemas, porque entonces no hay educación en derechos humanos, no hay un enfoque de derechos humanos de la administración publica, no se pretende en ningún momento que los derechos humanos sean un factor determinante en la sociedad".
En otro sentido, Estrada comentó acerca de cómo se ha organizado el poder popular en Cuba en las últimas décadas. "No es extraño que haya montón de cargos en Cuba que no conocen exactamente sus competencias", dijo. "Eso forma parte de la arbitrariedad, del voluntarismo, de formas de hacer políticas no ajustadas a derecho. A todos los niveles."
"En Cuba se puede crear una fuente formal de derecho… se le pueden dar atribuciones de crear derecho a un cargo público sin contar con la Constitución. No es extraño entonces que haya inseguridad, desconocimiento, falta de regulación, arbitrariedad. Es algo sustancial del sistema", concluyó.
En 2022, el Gobierno cubano volvió a incumplir su propio cronograma legislativo, pero se aseguró de aprobar las normas que le interesaban. Por ejemplo, la de expropiación, que como analizó DIARIO DE CUBA, le proporciona un marco legal para continuar despojando a los cubanos de sus bienes y derechos patrimoniales, como ha hecho durante 60 años. Esta norma es de las que no estaban inicialmente contempladas dentro del cronograma aprobado por la ANPP a finales de 2019.
El Gobierno aprobó además y puso en vigor un Código Penal que criminaliza más el disenso y perfecciona la función represiva con respecto a la ley derogada. Otra norma de su interés era el Código de las Familias, que le sirvió de cortina de humo y le permite colocar la responsabilidad de Estado sobre los hombros de los ciudadanos y las familias.
Por otra parte, en la práctica, los cubanos no disfrutan de muchas de las garantías expuestas en la Constitución. Ejemplo de ello es la Ley 153 de 2022 de la Asamblea Nacional del Poder Popular o Ley de Amparo de los Derechos Constitucionales. En su momento, un análisis publicado en DIARIO DE CUBA demostró que, en la práctica, esta norma no ampara todos los derechos constitucionales ni a todos los cubanos. La desprotección de la ciudadanía sería evidente ante los excesos del Partido, el Estado y el Gobierno, que no serían jamás objeto de conflicto en sede judicial.
Por mandato expreso del Artículo 6 de la ley, los tribunales cubanos no aceptarán ni resolverán demandas cuando las reclamaciones sean por incumplimiento judicial de la Constitución acontecidas en otras materias; cuando el ciudadano pretenda la inconstitucionalidad de las leyes y otros actos normativos, y cuando las reclamaciones se establezcan contra los excesos del Ministerio del Interior o cualquier órgano que alegue haber actuado para proteger la "defensa y la seguridad nacional y/o salvaguardar la independencia, la paz y la seguridad del país".
Desde las protestas masivas de julio de 2021 el régimen ha intensificado las violaciones sistemáticas de derechos humanos. En un informe reciente, la organización Human Rights Watch documentó un gran número de detenciones arbitrarias, procesos penales abusivos y torturas en la Isla.
