El periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca ha sido trasladado a un régimen de menor rigor dentro de las instalaciones del Combinado del Este, la mayor prisión de Cuba, ubicada en la capital, mientras la opositora Lizandra Góngora teme ser llevada a una cárcel que la aleje todavía más de sus hijos y el preso político Loreto Hernández lleva más de un mes incomunicado.
El cambio de medida de Valle Roca le correspondía desde hacía más de seis meses por el tiempo que tiene cumplido, explicó su esposa Eralidis Frómeta, quien lo visitó el viernes pasado. Ese día constató que en el nuevo destacamento las condiciones que enfrenta siguen siendo precarias, informó Martí Noticias.
"Lo pusieron en un campamento, pero dentro de la misma prisión de máxima seguridad Combinado del Este, en la zona cero, un lugar donde hay que caminar más de un kilómetro con la jaba del recluso, un campamento que está deprimente. Al menos el salón de las visitas apenas tiene asientos porque es una nave con piezas prefabricadas desbaratadas amarradas con alambres, da el sol completamente, es decir, que no tiene condiciones higiénicas para pasar dos horas y media de visita con nuestros familiares", dijo Frómeta.
"Voy a aprovechar este espacio para denunciar que él dejó bien claro que no le trabajaría a la dictadura, allí dentro de ese campamento donde lo tienen", añadió.
El director del blog digital y el canal de YouTube Delibera, condenado a cinco años por el presunto delito de propaganda enemiga de carácter continuado, ha padecido serios problemas de salud durante su encarcelamiento.
Lázaro Yuri sigue con secuelas de un reforzamiento pulmonar que sufre desde que fue encarcelado y hasta el presente tiene que bañarse con agua fría, y aún no logra la consulta médica con un oftalmólogo para atender su problema de la visión, recordó Frómeta.
Por otra parte, Amnistía Internacional (AI) denunció el lunes en sus redes sociales que el prisionero político y sacerdote yoruba Loreto Hernández García lleva 36 días incomunicado.
AI aseguró en junio pasado haber tenido acceso a un documento judicial que cifra en siete y ocho años las condenas impuestas a Loreto Hernández García y a su esposa, Donaida Pérez Paseiro, respectivamente, tras su participación pacífica en las manifestaciones del 11 de julio de 2021. Se los declaró culpables de "desacato" y "desorden público" indebidamente y, en el caso de Pérez Paseiro, de "atentado" contra un funcionario público.
"La salud de Loreto es frágil y las autoridades deben tomar todas las medidas necesarias para proporcionarle atención médica independiente y adecuada", dijo la ONG.
Asimismo, la presa política Lizandra Góngora Espinoza podría ser enviada a una cárcel, en la provincia Pinar del Río o en el oriente de la Isla, según le informó un oficial de la Seguridad del Estado hace pocos días, en la prisión donde cumple sentencia, en la Isla de la Juventud.
Ángel Delgado, su esposo, explicó a Martí Noticias que la advertencia de las autoridades tiene el propósito de que Góngora no pida un traslado a otro penal que le permita estar cerca de sus hijos, quienes residen en Güira de Melena.
"Ella quiere pedir traslado para acá, para estar cerca de los niños y todo eso (...) con una carta que ella tiene que presentar ahí. Entonces, esta semana que pasó, ella le contó el problema a Wilmer, el de la Isla de la Juventud, el que tiene que ver con ella, de la Seguridad (del Estado) y él le dijo en esas palabras: 'Si tú pides traslado no te vamos a trasladar para donde tú quieres, te vamos a trasladar para Guantánamo o para Pinar del Río', como una amenaza para que ni vaya a pedir traslado", contó Delgado.
En una comunicación vía telefónica desde prisión, la condenada por los supuestos delitos de sabotaje, robo con fuerza y desorden público denunció su situación.
"Ellos me han amenazado que me pueden mandar para Guantánamo, para Pinar del Río, para otra prisión y creo que eso es una injusticia, porque mi dirección es de La Habana. Ellos hacen con nosotros, los reclusos, principalmente los presos políticos, lo que les da la gana", denunció la opositora, integrante del Partido Republicano de Cuba.
A finales de mayo, Ángel Delgado denunció a DIARIO DE CUBA que las autoridades del régimen cubano agudizaron la represión contra su esposa y hay "un abuso constante" por parte de la Seguridad del Estado sobre la opositora. Lizandra Góngora fue sentenciada a 14 años de cárcel bajo los cargos de sabotaje, robo con fuerza y desorden público, por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021 en Güira de Melena, Artemisa.
Para Delgado, el objetivo de las autoridades con este acoso es "evitar que ella haga denuncias" sobre las condiciones del centro penitenciario pero asegura que ninguna de las presiones ejercidas sobre ella han podido doblegarla y se mantienen "firme" en su postura contra el régimen.
Por último, las autoridades judiciales cubanas negaron la libertad condicional a Yusmely Moreno González, de 44 años, y a su esposo, Danger Acosta Jústiz, de 45 años. El matrimonio con cuatro hijos menores fue condenado a tres años de cárcel por su participación en la protesta popular del 11 de julio de 2021 en Surgidero de Batabanó, en la provincia de Mayabeque.
Ambos fueron procesados y sentenciados por el delito de atentado, informó a Martí Noticias Juan Carlos González Leyva, del Consejo de Relatores de Derechos Humanos.
"El matrimonio de los manifestantes continúa en prisión, a pesar de haber extinguido dos tercios de su condena de tres años de cárcel y no tener antecedentes penales, no pertenecían a la disidencia interna al momento de incorporarse a las protestas pacíficas del pueblo de Surgidero de Batabanó y sus cuatro niños sufriendo la separación, sin su amor y cuidado, quienes tuvieron que ser recogidos por sus familiares", señaló el Consejo de Relatores.
Recientemente Moreno González fue trasladada para la prisión de trabajos forzados Las Delicias, en la provincia de Mayabeque, mientras que su esposo permanece en la prisión severa de Aguacate, en Quivicán, explicó el activista.
"Ambos han padecido durante estos dos años de la venganza gubernamental, habiendo sido víctimas de torturas físicas y psicológicas y tratos crueles, también han sido privados de las llamadas telefónicas y contactos con sus hijos y demás familiares", añadió González Leyva.
Durante el juicio a los manifestantes, a pesar de que los abogados de la defensa señalaron las contradicciones de los testigos de la fiscalía, además de demostrar con claridad que los acusados participaron de forma pacífica en la protesta, las condenas solo sufrieron pequeñas rebajas en la sentencia firme que fue entregada por el Tribunal Municipal de San José de las Lajas.
