Los presos políticos cubanos están sufriendo en las últimas semanas duros castigos y acoso por parte de los carceleros del régimen. Es el caso, por ejemplo, de Maikel Puig Bergolla. En Quivicán, las autoridades del penal donde está recluido han limitado las llamadas que hace a su familia el preso político, que cumple 12 años de privación de libertad por participar en las protestas del 11J ocurridas en Güira de Melena.
Durante más de un mes a Puig Bergolla se le negó el derecho a comunicarse con su familia, explicó su esposa, Saily Núñez, en una transmisión que hizo por Facebook. Añadió que a su esposo lo están acosando en el penal y lo están tratando de "desestabilizar" para que "se complique" en la prisión y tenga otra condena. Contó que le mandan "presos comunes" para que busquen problemas con Puig Bergolla, como forma de provocarlo.
Núñez, activista del movimiento Cuba de Luto, denunció además que, cuando su esposo pudo llamarla, tenía un guardia que lo vigilaba de cerca y le decía qué podía decir y qué no. También identificó a Yulieski Montero como el guardia que estaba a su lado y lo responsabilizó por lo que pueda pasarle a su esposo, ya que con anterioridad ha golpeado a varios reos.
En marzo pasado la familia del preso político Abel Lázaro Machado Conde denunció al Departamento de Atención a la Población de la Oficina de la Presidencia de la República de Cuba que su familiar fue víctima de maltratos por parte de Yulieski Montero.
Otras quejas de familiares de los manifestantes del 11J y otros presos políticos han sido entregadas a la Fiscalía Militar o a otras instancias gubernamentales para denunciar los maltratos en las prisiones cubanas y sus pésimas condiciones. La mayoría han quedado sin respuesta de las autoridades hasta el momento y, cuando estas han respondido, ha sido para negar los hechos denunciados y decir que no encuentran suficientes indicios que sustenten el reclamo realizado.
Por su parte, el preso político y sacerdote yoruba Loreto Hernández García se encuentra ingresado la sala de penados del hospital Celestino Hernández Robau de Santa Clara, según informó su hija, Rosabel Sánchez, a DIARIO DE CUBA.
Sánchez advirtió que su padre "tiene fiebre y fuertes dolores de cabeza" y que su estado de salud ya era delicado desde antes de ser internado el pasado 12 de junio en el centro hospitalario. Contó que en el hospital le dijeron que esos síntomas son "de un catarro que está incubando".
"Mi papá tiene una polineoropatía diabética, en estos momentos está muy descompensado con la diabetes", declaró Sánchez a este diario. La hija del activista denunció también que no han podido verlo ni hablar por teléfono con él desde que está ingresado: "Dependemos solamente de la información que nos dicen en el hospital".
"No hemos podido tampoco pasarle ningún tipo de alimento, nada, a no ser los medicamentos para el plan que le mandaron los médicos", agregó.
A pesar de su grave estado de salud, las autoridades cubanas le negaron en marzo pasado la solicitud de licencia extrapenal, según confirmó el hermano del preso político al Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH).
Amnistía Internacional (AI) emitió el pasado 22 de junio una Acción Urgente para exigir al régimen cubano la liberación inmediata de Loreto Hernández García y su esposa, la activista Donaida Pérez Paseiro, también condenada por su participación en el 11J. La organización también denunció que ambos fueron encarcelados tras un juicio injusto y carente de pruebas, donde fueron condenados sobre una sentencia en la que se hace referencia constantemente a la oposición política al régimen.
Otra alerta llegó de la mano del activista Marcel Valdés, quien denunció que el preso político del 11J Noige Fernández Tabio "está plantado" hace más de una semana.
En una publicación en Facebook, Valdés precisó que este recluso inició la huelga de hambre en la prisión Combinado del Este, según pudo saber a partir del testimonio de otros presos políticos. Fernández Tabio fue uno de los cubanos arrestados el 11 de julio en Toyo, municipio Diez de Octubre, en La Habana.
Para conmemorar el segundo aniversario de las protestas masivas que ocurrieron en Cuba contra el Gobierno el 11 de julio de 2021, el próximo 10 de julio, en Miami, tendrá lugar una mesa redonda. Así lo anunció el presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Michael McCaul, quien precisó que el encuentro se realizará en el Museo de la Brigada de Asalto 2506.
En un comunicado oficial, McCaul dijo que la reunión será con activistas de derechos humanos para tratar el tema de "las acciones represivas y torturas desatadas contra los valientes manifestantes cubanos". Los invitados analizarán "la difícil situación" que sufren los prisioneros políticos, como el rapero Maykel "Osorbo" y José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU). También será tema del encuentro la situación de los menores de edad y líderes religiosos que han sido encarcelados por su participación en el 11J.
Al finalizar la mesa redonda, está prevista una conferencia de prensa en la cual participarán disidentes cubanos en el exilio. Entre los nombres que trascendieron están los congresistas Michael McCaul, María Elvira Salazar, Brian Mast, Mario Díaz-Balart, Carlos Giménez, Debbie Wasserman Schultz, Jared Moskowitz, y los activistas Rosa María Payá y Orlando Gutiérrez-Boronat.
