El preso político del 11J Félix Navarro Rodríguez denunció los abusos y atropellos que viven los presos políticos de la prisión de Agüica, Matanzas. En un audio que difundió el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), Navarro contó que el jefe del orden interior de la cárcel, que acostumbra a reprimir a los reclusos, dijo una vez que su guía es "la máxima" de que a los presos "hay que implantarles terror por encima de todo".
Entre los actos represivos que se cometen en ese penal contra los prisioneros, el opositor mencionó las "despiadadas golpizas" y absurdas prohibiciones como no permitir en las áreas de sol llevar agua para beber, libros o juegos de mesa como el ajedrez, las damas o parchís. Apuntó que el jefe también reprime al guardia que no cumpla con este mandato.
Navarro y su hija Sayli, que también cumple prisión por razones políticas, son miembros del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel. Ambos fueron condenados, respectivamente, a nueve y ocho años de prisión por las protestas del 11J. Saily Navarro es miembro además del movimiento Damas de Blanco y su padre cumplió cárcel también durante la Primavera Negra de 2003.
Otro preso político del 11J, Yunior García Vizcay, que se encuentra recluido en el Combinado del Este, no ha recibido atención médica, según denunció su madre, Marieta Viscay Mendoza, a Martí Noticias. "Él me explica que los médicos le recomendaron tomar ácido fólico y dipirona. Le dicen allí que no hay nada para darle, negándole la asistencia médica. Él se acerca a los guardias y les dice que tiene mucho dolor de cabeza, y ellos le contestan que se está haciendo (que está fingiendo), que es mentira", explicó.
Viscay Mendoza lamentó que como ella reside en la comunidad rural Salvador Rosales, del municipio Songo La Maya, en Santiago de Cuba, solamente puede comunicarse con su hijo por teléfono porque no le alcanza el dinero para pagarse un viaje a La Habana, a unos 900 kilómetros de distancia.
"Desde que nació tiene una bola en la cabeza, antes recibía atención médica por su padecimiento, pero allí donde está no lo ha visto más nunca un especialista. Mi hijo me cuenta que se está quedando ciego y yo estoy desesperada porque hace más de un mes que no me llama. No sé qué está pasando con él", añadió.
García Vizcay, de 29 años, recibió una condena de 13 años de privación de libertad bajo los cargos de sedición y hurto por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021 en la Esquina de Toyo, municipio Diez de Octubre. El joven solicitó hace más de un año ser trasladado a un establecimiento penitenciario cercano a su provincia, pero las autoridades de la prisión le respondieron que no era posible porque su dirección está en La Habana.
"En varias ocasiones hemos enviado cartas para que me lo trasladen para acá, pero nunca he recibido respuestas", apuntó la madre, que pidió la libertad de su hijo y de todos los que "están presos injustamente".
De igual manera, la hija del preso político y sacerdote yoruba Loreto Hernández García, Rosabel Sánchez, informó al OCDH que su padre en estos momentos está siendo sometido a un chequeo médico y le han hecho varios análisis. Detalló que fue ingresado el pasado 12 de junio en el Hospital Provincial Clínico Quirúrgico Universitario Arnaldo Milián Castro de Santa Clara por su delicado estado de salud.
Esta semana la hija de Hernández García exigió al régimen que le devolviera "lo poco que queda" de su padre. El líder religioso padece diabetes, hipertensión arterial, entre otras enfermedades. Él y su esposa, Donaida Pérez Paseiro, fueron detenidos en julio de 2021 por su participación en las protestas contra el Gobierno. Por esa razón fueron condenados a siete y ocho años de cárcel, respectivamente.
La ONG Prisoners Defenders alertó ante el Comité Contra la Tortura de las Naciones Unidas, patrones sistemáticos de torturas, maltratos y penas crueles o degradantes contra los reos. La organización denunció como una de las formas de tortura más comunes la "privación sistemática" de la atención médica a los reclusos, una situación que se agudiza en el caso de los presos políticos.
