Liliana Oropesa Ferrer, presa política cubana de 22 años, lleva dos semanas en una celda de aislamiento en la Prisión de Mujeres de Occidente conocida como El Guatao, según informó el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH). La madre de la joven, Lisandra Ferrer Calzado, denunció ante la organización que desde que su hija fue encarcelada por manifestarse en La Güinera, durante las protestas de julio de 2021, ha sido víctima "del odio y la venganza gubernamental".
Ferrer Calzado responsabilizó a las autoridades del penal, a la Seguridad del Estado y al régimen cubano por la integridad de su hija, arrestada el 12 de julio de 2021 y acusada luego de "sedición". Tras el juicio, la petición fiscal fue de 19 años de privación de libertad, finalmente la condena se quedó en cinco años.
Según varias organizaciones en defensa de los derechos humanos, en Cuba existen al menos 137 presas políticas. De manera constante sus familiares denuncian la represión del régimen contra ellas, como la suspensión de visitas, la falta de atención médica, incomunicación, castigos.
La Unión de Partidos Latinoamericanos (UPLA), lanzó en mayo una campaña de madrinazgo para visibilizar casos de estas mujeres y amplificar sus denuncias. Algunas de las que ya tienen el apoyo de este proyecto son Saily Navarro, Mailene Nogueras, Angélica Garrido, María Cristina Garrido, Lisdany Rodríguez, Lidianis Rodríguez, Lizandra Gongora y Arianna López.
Por su parte, el centro de información legal CUBALEX se unió este martes a la exigencia de "fe de vida" que hizo la familia del preso político del 11J, José Daniel Ferrer, que lleva tres meses en un régimen de incomunicación en la prisión de Mar Verde en Santiago de Cuba. A su familia le han negado la visita en tres ocasiones consecutivas, según denunció la hermana del opositor, líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU).
CUBALEX ha advertido que la "incomunicación" es "un trato cruel e inhumano del Estado cubano contra las personas detenidas". Según explicó esta organización en un comunicado, la ley de Procedimiento Penal cubana "obliga a los agentes policiales a facilitar la comunicación entre las personas detenidas y sus familiares, como una formalidad que debe ser cumplida durante la instrucción de cargo".
La organización considera que estas prácticas sistemáticas "colocan a la persona en riesgo de ser víctima de torturas y desaparición forzada".
