Protestas del 11J en Cuba: 'El punto más alto de politización lo hizo el Estado'

Cuando está a punto de cumplirse el primer aniversario de las históricas protestas que estallaron el 11 de julio de 2021 en varias ciudades del país, DIARIO DE CUBA conversa con tres juristas cubanos sobre los arrestos, los delitos imputados y las violaciones de derechos humanos cometidas por el régimen contra los manifestantes.

El ex juez Edel González Jiménez señala que específicamente con las detenciones "se violaron normativas constitucionales y especiales como la Ley de Procedimiento Penal, ligadas al principio de legalidad y al de especialidad penal".

"Hay requisitos y presupuestos para la detención que fueron obviados. Tenía que existir probado mínimamente un delito tipificado en el Código Penal o indicios certeros de participación para proceder a las detenciones". 

"Manifestarse, expresarse, criticar al Gobierno, nunca puede entenderse como delito", remarca González Jiménez, lo que remite a las palabras del presidente del Tribunal Supremo Popular (TSP) de Cuba, Rubén Remigio Ferro, quien dijo en conferencia de prensa que manifestarse era derecho constitucional de los cubanos. Por ello, González Jiménez considera que no debió existir tantas detenciones y que estas fueron "arbitrarias, según el Derecho Internacional".

El uso del delito de sedición en este caso fue "el grito de desesperación del Estado cubano frente a estas protestas"

Coincidiendo con él, el jurista y ex profesor de Derecho en la Universidad de La Habana Julio Fernández Estrada apunta "violaciones flagrantes de la Constitución de la República", de las regulaciones sobre el debido proceso, mediante las detenciones arbitrarias. "Las autoridades golpearon en la vía pública a personas que manifestaban pacíficamente, sin agredir a las fuerzas del orden. Hubo enfrentamientos que llevaron a la muerte de una persona y no conocemos qué tipo de proceso se está llevando contra el homicida de (Diubis) Laurencio (Tejeda) en la Güinera".

"Hubo muchas acusaciones de tortura física y psicológica", recuerda el jurista y añade las arbitrariedades "a la hora de recopilar y presentar las pruebas, tipificar los delitos y aplicar la ley penal, por delitos tan graves como el de sedición, incluso a personas que no se manifestaron pacíficamente, pero no lo hicieron para derrocar al régimen ni oponerse a la Constitución, sino por una protesta ciudadana espontánea. El hecho de que se imputara el delito de sedición, eminentemente político, da idea del impacto que tuvieron las protestas para el Gobierno".

Las imputaciones de ese delito, pese las críticas internacionales, de la prensa independiente y de la población, dice Fernández Estrada, responden a que "el objetivo fundamental de estos procesos posteriores al 11 de julio era el castigo ejemplarizante y amenazante para cualquier persona que imaginara en protestas semejantes".

El uso del delito de sedición en este caso, afirma, "es el grito de desesperación del Estado cubano frente a estas protestas, que hace que el punto más alto de politización del asunto lo haya hecho el propio Estado, al considerar como delito de sedición una manifestación espontánea en una gran cantidad de ciudades en todo el país".

González Jiménez apunta directamente a la convocatoria de la marcha cívica del 15 de noviembre para explicar el cargo de sedición.

"Es curioso el cambio radical en la agravación de la acusación que desarrolló la Fiscalía y admitió indebidamente luego el tribunal. Tras el 11J, el delito más imputado fue el de desorden público básico y en menor medida la instigación a delinquir. Por estos, las personas serían condenadas a penas que oscilaban entre ocho meses y un año de privación de libertad según la edad y circunstancias de participación en las protestas".

"Pero empezó a organizarse otra manifestación popular, la del 15N, utilizando canales instituciones. Conocieron que se sumarían miles de personas y cogieron miedo al resultado. Por eso, implantaron un régimen mediático y legal de terror, solicitando delito político de sedición y penas irracionales para desalentar nuevas marchas, tanto las organizadas como otras iniciativas espontáneas".

"Los valores de humanidad, compromiso y sensibilidad que la Revolución sembró en las familias, se han derrumbado".

Maylin Fernández Suris, ex jueza profesional que presidía la sección de familia del Tribunal Municipal de Santa Clara, considera que la sociedad cubana ha perdido la confianza en la justicia. 

"No esperaban una respuesta tan represiva y violenta a las manifestaciones, en lo personal me sorprendió mucho como cubana la postura que asumieron los gobernantes. Los valores de humanidad, compromiso y sensibilidad que la Revolución sembró en las familias, se han derrumbado. Se ha generado mucho daño y sufrimiento a las madres cubanas, además del abandono institucional ante la situación de los detenidos. Aun cuando el ordenamiento legal cubano es bastante cerrado desde el punto de vista ideológico el momento era propicio para que el Estado se reconciliara y reconociera derechos y libertades, porque además existen mecanismos legales para ello, sin embargo, optó por cerrarse más, ampliando la brecha y la discriminación por razones políticas".

Es muy difícil que los acusados en Cuba sean absueltos

Sobre el escaso número de absoluciones, pese a las críticas que ya recibía el régimen por la represión de las protestas, Fernández Estrada sostiene que "la absolución en esos momentos no era una solución". 

"Los tribunales no actúan de manera independiente, reciben indicaciones directas del Estado cubano y por tanto del Partido (Comunista de Cuba), porque el Partido dirige al Estado en Cuba, según el Artículo 5 de la Constitución", explica.

En su opinión, las absoluciones se debieron a una falta total de pruebas. También señala que el propio presidente del TSP afirmó en 2018, con regocijo, como muestra un video revelado por DIARIO DE CUBA, que entonces estas constituían entre el 6% y el 8% de los casos. 

Es muy difícil que los acusados en Cuba sean absueltos, explica, porque los propios tribunales les devuelven los expedientes a los fiscales con señalamientos de "donde tienen que apretar el lápiz" para convencerlos, algo que también se aprecia en el mencionado video.

"El objetivo era sancionar y dejar claro que el Estado no iba a tener ningún tipo de tapujo en tratar como enemigos del Gobierno, del sistema y del régimen político a cualquiera que pensara que el derecho de manifestación era algo que se podía ejercer libérrimamente cualquier día".

González Jiménez, quien fue juez en Cuba durante 17 años cuenta que en Cuba no tenía que explicar las condenas más graves, como las cadenas perpetuas, sino las absoluciones. 

"En situaciones como las del 11j se generan también instrucciones secretas que no se publican en Gaceta Oficial y la inobservancia de estas indicaciones implican corrección disciplinaria para el incumplidor", acota.

En el contexto de los juicios y las condenas, la ex jueza Fernández Suris considera que "fallaron todas las organizaciones, desde las que deben atender las quejas y peticiones hasta las que tienen como misión atender a las mujeres y los menores: la Federación de Mujeres Cubanas y la Fiscalía, como organismo velador de la legalidad. No conozco ningún caso de acercamiento de una diputada o de un miembro de las Casas de Orientación a la Mujer y la Familia para preocuparse por la situación de esa familia que vive en su comunidad, de ese menor detenido, de esa madre que ha quedado al cuidado de sus hijos porque el padre está preso". 

González Jiménez cree que pueden producirse protestas similares y aconseja a la sociedad civil "promover estallidos con orden, que ella misma enfrente la violencia que surja o se le implante, para que no se califiquen sus acciones como vandálicas". También recomienda "no negar el Derecho escrito por restringido que esté". Considera que al pueblo es importante orientarlo en los cómos, pero a los funcionarios también. "Hay que exigirles cambios o promover procesos cívicos de revocación". 

"La justicia, el Estado de derecho, la democracia, la legalidad y los derechos humanos han quedado trastocados"

Fernández Estrada es menos optimista en cuanto a los caminos legales en Cuba y encuentra difícil aconsejar a familiares y abogados ante un estallido similar.

"Los abogados no pueden desarrollar su función sin la intervención directa del Partido, el Ministerio del Interior, la Seguridad del Estado y de la propia Organización Nacional de Bufetes Colectivos, que está dirigida por el Ministerio de Justicia, aunque es una ONG desde el punto de vista formal", afirma. 

"Todo el mundo sabe que en cualquier momento puede recibir una presión política o ideológica", dice.  Por eso, considera que los abogados que defendieron a manifestantes del 11J "hicieron lo que pudieron".

Su preocupación también abarca la enseñanza del derecho en Cuba y se pregunta cómo queda este para quiénes lo imparten.

"Este es un contexto en el que la justicia, el Estado de derecho, la democracia, la legalidad y los derechos humanos han quedado trastocados", afirma. "La gente está observando cómo la administración de justicia, las normas, la protección de los derechos quedan en nada, cuando se trata de un objetivo supremo del Estado de sancionar ejemplarizantemente a personas que se le oponen de alguna manera".