Una jueza y un fiscal a DIARIO DE CUBA: En los juicios por el 11J hay que justificar las absoluciones, no las condenas

Los procesos judiciales contra los manifestantes del 11J no solo han profundizado el rechazo al régimen cubano por parte de los condenados y sus familiares, también han generado descontento dentro del propio sistema judicial. Mientras algunos jueces y fiscales engrosan las listas de represores de cuello blanco, por haber vulnerado el derecho constitucional de los acusados a una defensa efectiva y haber solicitado para ellos condenas desproporcionadas, otros optan por denunciar las violaciones cometidas en los procesos.

Es el caso de un fiscal de la región occidental de Cuba y una jueza del oriente del país, quienes, a condición de que mantenerse en el anonimato, revelan a DIARIO DE CUBA las presiones a que han sido sometidos por el Ministerio del Interior (MININT) y la Seguridad de Estado, que intervienen en los procesos a través las fiscalías y los tribunales provinciales, y cómo se han quebrantado las leyes cubanas para condenar a quienes participaron en las históricas protestas.

Si la Policía acusaba, había que imponer detención

"Los profesionales de larga trayectoria aconsejan a los más jóvenes que se vayan a tiempo", dice el fiscal, que asegura no ser el único que está cansado de "las amenazas burdas" que reciben desde las protestas que estallaron el 11 de julio en más de 50 ciudades.

Aunque la pérdida de autonomía y la intervención del MININT y la Seguridad del Estado se acentuaron tras las protestas, estas comenzaron con la pandemia de Covid-19, a inicios de 2020.

"Las instrucciones eran sancionar a quienes se quitaran el nasobuco o incumplieran las órdenes de la Defensa Civil, que en realidad no está facultada por la Constitución para limitar la libertad de movimiento. La gente no estaba incurriendo en delitos, sino, en todo caso, en contravenciones, por el desespero de buscar comida. Se metió a inocentes presos a modo de escarmiento".

"Si los tribunales eran benévolos, había obligatoriamente que redactar la apelación", señala el fiscal. "A finales de 2020 y comienzos del 2021, el hambre apretó para los de a pie. Se pusieron similares penas privativas de libertad a personas por llevar consigo diez pomos de un litro de aceite para su familia, aunque se sabía que en las tiendas en MLC (Moneda Libremente Convertible) se vendía igual cantidad de litros en galones".

"Tener 30 libras de arroz y cosas así se sancionaron. Había delito de especulación y acaparamiento si se conocía la fuente lícita del alimento. La persona perdía el dinero invertido, el producto y ganaba un antecedente penal. Pero si se desconocía el origen del producto, sin acreditarse delito previo se juzgaba y condenaba por receptación a menos que se delatara a la fuente. Era una vergüenza joder a la población que no tenía ni tiene MLC", lamenta.

"Había que participar en los juicios, sin excusa, y coordinar con el jefe el día anterior el delito y sanción. Si la Policía acusaba, había que imponer detención, coordinar juicio exprés —denominado atestado directo—, hacerlo rápido para impedir la presencia de un abogado (defensor), solicitar entre ocho meses y un año de cárcel a delincuentes, o algún tipo de trabajo forzado al resto. Como siempre, se jodió el más pobre, el que carecía de influencia y el que no era pariente de un personaje importante. Para los privilegiados, desde la jefatura se ordenaba una multa sin juicio o un simple regaño".

Este fiscal explica que, como el resto de la población, tenía que "luchar" para sobrevivir. Para no caer en otro tipo de corrupción, él y muchos colegas iban a las instalaciones de ocio del MININT y de las Fuerzas Armadas (FAR) "para resolver un poco de comida". La Seguridad del Estado estaba al tanto de estas conductas que también pueden clasificar como reprochables, según los intereses del poder.

"Cada paso que damos lo sabe la Seguridad. Sabemos que nos forman un expediente en secreto, acumulando estas conductas para cuando consideren prudente lincharnos. Si caes bien, colaboras y callas, puede no pasarte nada, pero si eres incómodo…".

"Sabíamos de las muertes por negligencia médica, falta de oxígeno, de transporte, las manipulaciones de las causas de deceso. Pero nada de eso se podía investigar. Había que cuidar la imagen de la gestión del Gobierno", afirma el fiscal.

Desde el oriente del país, la jueza confirma la pérdida de autonomía experimentada por los magistrados, desde la expansión del nuevo coronavirus en Cuba.

"Desde la pandemia perdimos la poca libertad que nos quedaba frente a causas por delitos comunes. Fui de las que me planté y casi no radiqué juicios sumarios por propagación de epidemias, considerando que no podía enfrentarse el problema del hambre con el derecho penal. Cuando me forzaban a admitir el asunto, me declaraba incompetente y exigía el sustituto. Otros pocos me siguieron y apoyaron en las reuniones de capacitación, los demás se quedaron callados".

La jueza también habla de la precariedad de las condiciones de trabajo: falta de papel para imprimir, de impresoras y de cintas; de bolígrafos y hasta de sillas para sentarse.

"Nos reducen el presupuesto desde el Ministerio de Economía y nos exigen cuidar lo que no sirve o casi no existe. No hay vehículo para realizar actos judiciales en la calle, los alguaciles no tienen bicicleta ni se les da neumáticos de cambio".

"Después del 11J hemos perdido la poca credibilidad que creíamos tener".

El fiscal afirma que, a partir del 11J las fiscalías se llenaron de quejas, de peticiones, de denuncias "y hasta el momento ninguna se ha declarado con lugar".

"El silencio se repite, aunque los casos sean diferentes. Hemos perdido la poca credibilidad que creíamos tener. A los 'hijos de papá y mamá' se les sacó a tiempo con multas. Algunos casos supimos que se habían manifestado y comportado con verdadera violencia, pero a estos privilegiados se les llamó 'confundidos'. Se les alertó de no publicar nada en redes sobre los acontecimientos ni como denuncia. Firmaron además actas de advertencias de no manifestarse ni expresarse jamás contra el Gobierno, y varios siguen en sus puestos de trabajo so pena de expulsión o de juzgamiento". 

"No ocurrió así con el resto, que mantuvo convicción sobre sus derechos e inocencia. A estos hemos empezado a respetarlos y eso les reconforta cuando le hacemos una seña de aprobación".

"Al abuso y al trato desigual nos opusimos varios. Conozco jueces que también fueron sancionados por oponerse a realizar juicios sin abogados. Ante tanto caos y robo de información, por cada caso se designó un fiscal, desde la jefatura. Se les orientó no hablar con el resto de los fiscales y trabajadores, y guardar el proceso bajo llave; engañar a los abogados y familiares para impedir el acceso a pruebas inventándose excusas. Una vez al mes, como mínimo, tenían que ir a una oficina en la Fiscalía Provincial o de la Delegación Provincial del MININT para coordinar a nivel de país cada decisión mediante un sistema de videoconferencias". 

"El monitoreo centralizado fue constante hasta que se presentaron los expedientes al tribunal. Quedan algunos casos pendientes de resolver, sobre todo de algunos líderes como José Daniel Ferrer; se desconoce qué orden vendrá de la Fiscalía General, pues lo consideran un peje con alto valor de cambio", sostiene el fiscal.

"Después del 11J todo empeoró", denuncia la jueza. "Rubén (Remigio Ferro, presidente del Tribunal Supremo Popular de Cuba) diciendo en público que manifestarse y pensar diferente no era delito, y a lo cortico se nos quitó la facultad de decidir si el asunto era exprés o no". 

"Los expedientes del 11 de julio, que eran competencia del Tribunal Municipal, no se enviaron directamente a los jueces municipales para que decidiéramos si la persona iba a juicio, si ratificábamos o no prisión provisional, si admitíamos o denegábamos una prueba. Se determinó que esas facultades las tenía un juez a nivel provincial. Este tenía la encomienda de cumplir las orientaciones de Rubén Remigio y el Tribunal Supremo para los presidentes y los vicepresidentes, y era el que coordinaba el juicio, la prueba, la calificación y trasladaba sus consideraciones sobre la sanción", explica la magistrada.

"Varios dijimos que eso era ilegal, pero nos dijeron que era parte de la estrategia de colegiar las decisiones judiciales para que existiera algún tipo de uniformidad a nivel de país en momentos tan complejos".

Esto explica por qué tribunales de todo el país radicaron el delito de sedición, por ejemplo, y pidieron condenas similares para los acusados. 

"Se ordenó llevar un control estadístico judicial especial, obligándonos a reportes sistemáticos que exigían justificar la absolución en vez de lo más grave: la condena. Cuando al juez supervisor de nuestro trabajo no le convienen las decisiones, recibimos una descarga y luego los fiscales apelan, por órdenes del mismo tribunal, para corregir la decisión. No hay independencia, sino una justicia que se revuelca. Por todo esto, muchos no queremos hacer nada penal, preferimos conflictos de naturaleza sencilla en los que el poder no tenga interés".

A ello, la jueza agrega que varios jueces legos con familiares presos o condenados no desean seguir colaborando en el tribunal. "Nos tildan de miedosos, dependientes e injustos", dice.

"Quedamos como lo que somos, meros títeres de la represión"

En el occidente de Cuba, el fiscal volvió a sentirse un instrumento de la represión gubernamental, cuando la plataforma Archipiélago convocó a la marcha cívica por el cambio para el 15 de noviembre. 

"Nos ordenaron salir en las televisoras locales para implantar el terror en la juventud. Teníamos que contactar a los promotores de la marcha para coaccionarlos. Pedimos la ley o el reglamento para poder exigir con legalidad, pero no existe nada sobre el derecho a la manifestación. Dijeron que no habría autorización porque podría incitarse de nuevo al fin de la Revolución. Se percibía el temor a otro estallido social. Fiscales, efectivos de seguridad, policías y movilizados parecían hormigas locas".

"Si no desistían (los promotores de la marcha) teníamos que citarlos oficialmente para la Fiscalía, donde los esperaban oficiales de la Seguridad del Estado y hacían el resto: el papel del terror. Nosotros quedamos como lo que somos, meros títeres de la represión". 

Si pides la baja, pierdes la casa

La jueza ratifica la información de que los magistrados cubanos están ahora regulados hasta por cinco años "como si fuéramos no confiables y delincuentes", y cuenta que muchos han solicitado la baja.

"Consideramos que se ha aprobado la invasión más grosera a nuestra libertad, sin discusión con los trabajadores. Si siguen apretando, Rubén (Remigio Ferro) y pocos del Consejo Gobierno del TSP se van a quedar solos”.

"Muchas juezas son jóvenes madres. Se sabe que a algunas que han pedido la baja las están chantajeando con sacarlas de las casas que se asignaron", dice, en referencia a viviendas entregadas en todo el país como medios básicos a juezas jóvenes con hijos, que no tenían casa. "Se dieron como especie de zanahoria y no por méritos ganados, es una forma abusiva de dominar en un sector donde más del 80% somos mujeres".

"La FMC (Federación de Mujeres Cubanas) en algunos casos dice que no las puede representar ni enfrentarse a Rubén Remigio, máxima autoridad que firma el desalojo. Y las diputadas que vienen al tribunal a 'intercambiar' con los trabajadores se desentienden del problema alegando falta de jurisdicción".