La activista Ana Belkis Ferrer denunció que la visita familiar de su hermano, el preso político cubano José Daniel Ferrer ha sido negada "por tercera ocasión consecutiva", sumando casi tres meses en los que no se ha tenido contacto con el opositor.
Desde el 17 de marzo, nadie ha podido ver ni tener contacto con Ferrer, lo que ha generado gran preocupación sobre el bienestar físico y psicológico del líder opositor. Sus familiares continuan exigiendo una "fe de vida" al régimen cubano y libertad para todos los presos políticos.
Contó que el pasado viernes Nelva Ortega Tamayo, esposa del líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), se dirigió a la prisión de Mar Verde porque el miércoles, autoridades del penal le habían comunicado que ese día tenía una "visita conyugal", pero "todo fue en vano". Esto mismo ocurrió a principios de abril y se repitió el pasado mes de mayo, en ambas ocasiones se le negó el acceso a Ferrer.
La familia del disidente ha sufrido también represión y acoso por parte del régimen, el pasado 12 de mayo agentes de la Seguridad del Estado y de la Policía detuvieron a Ortega Tamayo cuando viajaba a la provincia de Granma con su hijo pequeño para visitar a sus familiares.
La incomunicación a la que ha sido sometido el opositor ha generado preocupación a nivel nacional e internacional. Organizaciones de derechos humanos han exigido a las autoridades que permita las visitas regulares de su familia y que garantice su bienestar mientras se encuentra privado de su libertad.
Una de ellas fue Amnistía Internacional (AI), que lanzó una "Acción Urgente" por el prisionero: "Desde el 17 de marzo de 2023, permanece en régimen de incomunicación y antes de esta fecha se encontraba en mal estado de salud. Es preso de conciencia, por lo que debe ser puesto en libertad de inmediato y sin condiciones".
La "incomunicación" fue denunciada por el Centro de Información Legal Cubalex como "un trato cruel e inhumano del Estado cubano contra las personas detenidas". Según explicó la organización, la ley de Procedimiento Penal cubana "obliga a los agentes policiales a facilitar la comunicación entre las personas detenidas y sus familiares, como una formalidad que debe ser cumplida durante la instrucción de cargo".
Para Cubalex, "la ausencia de control judicial" a la hora de la detención "ha permitido el uso de prácticas institucionalizadas como el aislamiento prolongado y la incomunicación coactiva". La organización considera que estas prácticas sistemáticas "colocan a la persona en riesgo de ser víctima de torturas y desaparición forzada".
José Daniel Ferrer fue uno de los encarcelados durante la ola represiva de 2003 conocida como "Primavera Negra" y también uno de los presos políticos a raíz de las manifestaciones del 11 de julio de 2021. Por sumarse a las protestas que tuvieron lugar en esa fecha en Santiago de Cuba, recibió una condena de cuatro años y 14 días, el tribunal consideró que no cumplió "los requisitos de limitación de libertad" establecido en una sanción impuesta en 2020.
A inicios de este año Ferrer aseguró que no piensa abandonar Cuba y que antes prefiere la muerte en prisión. "José Daniel Ferrer no se rinde, no abandona a sus hermanos en desgracia, y prefiero mil años en prisión, incluso la muerte, antes que pactar con la dictadura", dijo en otro de sus mensajes.
