Nelva Ortega Tamayo, esposa del preso político José Daniel Ferrer, fue detenida junto a su hijo pequeño cuando viajaba a Bayamo para visitar a su abuela. Según denunció en Facebook Ana Belkis Ferrer, hermana del opositor y líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), "fueron bajados de un ómnibus en Dos Ríos, Palma Soriano", y conducidos a la unidad de la Policía conocida como La Territorial.
Ana Belkis Ferrer explicó que la abuela de Ortega Tamayo se encuentra "en muy mal estado de salud", pero los agentes de la Seguridad del Estado que se hacen llamar Alejandro y Robert, junto a otros oficiales uniformados de la Policía, no le permitieron llegar a visitarla.
De acuerdo con Ferrer, unas cinco horas después del arresto "los montaron en otro carro patrulla y los trasladaron a la unidad policial El Palacete", en Santiago de Cuba; "posteriormente fueron liberados". Las autoridades aprovecharon este arresto para tapar con pintura un cartel de "Patria y Vida" que se podía leer en la fachada de la casa del líder de la UNPACU en el reparto Altamira.
Ortega Tamayo recibió en la estación de policía una carta de advertencia por el supuesto delito de "violación del ornato público", según Ana Belkis Ferrer.
La semana pasada los familiares de José Daniel Ferrer advirtieron que el disidente lleva más de dos meses incomunicado en la prisión Mar Verde, Santiago de Cuba. Denunciaron también que le han negado varias visitas familiares reglamentadas, y a las que tienen derecho todos los reclusos.
Amnistía Internacional (AI) reconoció en 2022 a José Daniel Ferrer, como un "preso de conciencia en riesgo" y exigió su "liberación inmediata" y que esta ocurra "incondicionalmente".
"Preocupado porque el Gobierno cubano mantiene incomunicado al preso político José Daniel Ferrer desde el 17 de marzo. Su disidencia pacífica no merece su cruel encarcelamiento ni la falta de comunicación con su familia. Nosotros nos unimos a la comunidad internacional pidiendo su liberación inmediata", escribió en un tuit la embajada estadounidense en La Habana el pasado viernes en apoyo a Ferrer.
José Daniel Ferrer fue uno de los opositores encarcelados durante la ola represiva de 2003, conocida como "Primavera Negra", y también uno de los presos políticos a raíz de las manifestaciones del 11 de julio de 2021. Por sumarse a las protestas que tuvieron lugar en esa fecha en Santiago de Cuba, recibió una condena de cuatro años y 14 días. El tribunal consideró que no cumplió "los requisitos de limitación de libertad" establecido en una sanción impuesta en 2020.
La "incomunicación" fue denunciada por el Centro de Información Legal Cubalex este martes como "un trato cruel e inhumano del Estado cubano contra las personas detenidas". Según explicó la organización, la ley de Procedimiento Penal cubana "obliga a los agentes policiales a facilitar la comunicación entre las personas detenidas y sus familiares, como una formalidad que debe ser cumplida durante la instrucción de cargo".
Para Cubalex, "la ausencia de control judicial" a la hora de la detención "ha permitido el uso de prácticas institucionalizadas como el aislamiento prolongado y la incomunicación coactiva". La organización considera que estas prácticas sistemáticas "colocan a la persona en riesgo de ser víctima de torturas y desaparición forzada".
