La Eurocámara apoya sancionar a las empresas que no respeten los derechos humanos y el medioambiente

El Parlamento Europeo (PE) apoyó este jueves sancionar y multar a empresas que socaven los derechos humanos y el medio ambiente y resolvió favorablemente presionar con sanciones y multas que van desde medidas como "nombrar y avergonzar" hasta retirar del mercado productos o imponer "multas de al menos el 5% de su facturación mundial neta". El texto, adoptado con 366 votos a favor, 225 en contra y 38 abstenciones, establece la posición negociadora del PE, por lo que ahora pueden comenzar las negociaciones con los Estados miembro sobre el texto final de la legislación, precisó un reporte de Europa Press.

Sobre esta decisión, el Consejo para la Transición Democrática en Cuba (CTDC), el Partido Demócrata Cristiano de Cuba (PDC), la Unión Liberal Cubana (ULC) y la Asociación Sindical Independiente de Cuba (ASIC) consideraron que se trata de "un paso de avance muy importante y de enorme valor, inicialmente simbólico, y en breve práctico".

De acuerdo con un comunicado conjunto de estas organizaciones al que tuvo acceso DIARIO DE CUBA, "las nuevas normas se aplicarán a empresas con sede en la Unión Europea (UE) de cualquier sector, 'incluido el financiero' que tengan más de 250 empleados y una facturación superior a los 40 millones de euros".

"También estarán sometidas a esta directiva, una vez sea aprobada de forma final, aquellas empresas matrices con más de 500 empleados y una facturación global superior a los 150 millones de euros. En lo que respecta a las empresas no europeas, también se verán afectadas aquellas cuya facturación rebase los 150 millones de euros, con al menos 40 millones generados en la UE", añadió el documento.

"Esta última alternativa de la norma, también con efectos sancionadores a empresas extracomunitarias o que no sean de la UE, siempre tendrá un efecto disuasorio, y en muchos casos coercitivos prácticos (prohibiéndoles incluso poder optar por negocios de contratación pública en la UE), siempre que tengan una relación directa con empresas e instituciones con sede en el espacio intracomunitario", señaló el texto.

"En materia de respeto de los derechos humanos, las empresas tendrán que tomar medidas respecto a los afectados por su actividad, entre ellos los activistas de derechos humanos y medioambientales, deberán introducir un mecanismo de reclamaciones y vigilar de manera 'regular' la efectividad de su política de diligencia debida. Y tendrán que facilitar la información sobre estas políticas a los inversores", precisó el comunicado. 

"Harto es conocido que grandes empresas hoteleras españolas en Cuba (y de otros países, no solo intracomunitarios o europeos) y de otros sectores, además del turístico, tienen respecto a nuestro país actividades de inversión e implantación donde, por ejemplo, en materia laboral, por mencionar en concreto una, no hay respeto al salario digno de los trabajadores cubanos (ninguna cumple los criterios y Convenios salariales que en sus países de origen sí se atienen con sus trabajadores, desatienden los criterios marco de la Organización Internacional del Trabajo)", apuntaron.

Para las organizaciones, "este principio de solidaridad humanitaria internacional enfocado en respetar, observar y acatar normas éticas de respeto a los derechos humanos y la protección del medio ambiente, son esenciales para los principios ético-empresariales y de diligencia debida que deben tener todas las empresas europeas o no europeas cuando invierten o trabajan en países con un serio déficit o carencia del respeto a estos principios, valores y derechos humanos de rango universales".

"Cuba no puede ni debe ser menos. Las empresas intracomunitarias y extracomunitarias que inviertan en Cuba deben, por principio, ser muy exigentes, fiscalizadoras y respetuosas, no solo con los derechos laborales de los cubanos (principio de pago íntegro de salarios en el equivalente de los salarios en divisas que igualen los criterios legales mínimos interprofesionales sectoriales de sus países de origen), sino también ser firmes exigentes de que los derechos humanos en Cuba sean un baluarte no transigible en cualquier marco de inversión extranjera", exigieron.

"Los cubanos deben tener los mismos derechos humanos a las libertades políticas, sociales, sindicales, medioambientales y económicas que tienen, por ejemplo, los trabajadores de Alemania, Francia, España, Italia u Holanda, por mencionar inversores no comunitarios en Cuba como Canadá, entre otros", agregaron.

"Las empresas de estos países se cuidan mucho de no vulnerarlos en sus países de origen y, por consiguiente, no deberían hacer caso omiso a estos derechos en Cuba, como ocurre por ejemplo con los trabajadores de los hoteles, que no son directamente contratados, sino a través de una empresa pública, que les distrae el 75% del sueldo, en una clara violación de sus derechos, con la anuencia de los empresarios del sector", concluyeron.