El Informe sobre Libertad Religiosa Internacional correspondiente a 2022 presentado el lunes por el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, lamentó que en Cuba, a pesar de que la Constitución incluye disposiciones para proteger la libertad religiosa y prohibir la discriminación por motivos religiosos, los Códigos Penal y administrativo contradicen estas cuestiones, mientras el canciller del régimen, Bruno Rodríguez Parrilla, se refirió al reporte como "calumnias".
El extenso informe denuncia que, aunque la Constitución declara al país como un estado laico y establece la separación entre las instituciones religiosas y el estado, el Partido Comunista de Cuba (PCC) regula la práctica religiosa a través de su Oficina de Asuntos Religiosos (ORA) y el Ministerio de Justicia (MOJ).
"La ley requiere que todos los grupos religiosos soliciten al Ministerio de Justicia el registro oficial", señala. Algunos grupos citados se encuentran en el limbo, a la espera de decisiones oficiales hace años.
Destaca que el Código Penal considera un delito pertenecer o asociarse con un grupo no registrado. Además, menciona una enmienda a una ley existente que aumenta la sentencia mínima para las personas que se oponen al Servicio Militar o a la educación pública por motivos de conciencia, incluyendo creencias religiosas.
El informe hace mención a otra ley adicional, vigente desde diciembre, que impone penas de hasta diez años de prisión a las personas que reciben financiamiento de organizaciones extranjeras o financian actividades consideradas dirigidas contra el Estado o su orden constitucional. Esta ley puede afectar a la sociedad civil independiente, incluyendo a los grupos religiosos.
El Departamento de Estado cita reportes de la organización no gubernamental cristiana Puertas Abiertas de que el régimen cubano intensificó sus tácticas represivas contra los líderes y activistas cristianos que se oponen a la ideología del PCC, que incluyen arrestos, exilio, multas arbitrarias, vigilancia, negación de licencias y visas religiosas, ataques físicos y abuso mental.
De acuerdo con la organización CSW (conocida como Christian Solidarity Worldwide), el Gobierno continuó deteniendo a líderes religiosos de diversas comunidades religiosas y dictando duras sentencias de prisión por participar en las históricas manifestaciones del 11J.
El informe menciona casos específicos, como el del pastor Lorenzo Rosales Fajardo, condenado a siete años de prisión por desacato, agresión, instigación al delito y desorden público; el de Donaida Pérez Paseiro, presidenta de la Asociación Religiosa de Yorubas Libres de Cuba, y Loreto Hernández García, vicepresidente del grupo, ambos condenados a ocho y siete años de prisión respectivamente.
Igualmente, denuncia que funcionarios de seguridad detuvieron y multaron regularmente a la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler Fernández, y a otros miembros cuando intentaban asistir a misa para rezar por la libertad de los presos políticos. Varios miembros de las Damas de Blanco también recibieron sentencias adicionales de prisión, incluyendo el caso de Aimara Nieto Muñoz.
El régimen cubano presionó cada vez más a los críticos, incluyendo líderes religiosos, para que se exiliaran a la fuerza y el Departamento de Estado incluye en su informe ejemplos de esta situación, como el pastor Jesús Fundora Pérez, del Movimiento Apostólico, y el pastor Alain Toledano Valiente, exiliado junto con su familia. En septiembre, el Gobierno se negó a renovar el permiso de residencia del superior de los jesuitas en Cuba, el padre David Pantaleón, ciudadano de la República Dominicana, porque criticó los abusos de los derechos humanos.
El informe incluye datos de Outreach Aid to the Americas (OAA), según los cuales, 52 de 56 líderes religiosos encuestados en Cuba dijeron que el Gobierno tomó medidas represivas contra ellos; 21 reportaron haber sido objeto de amenazas, violencia, detenciones y actos de repudio.
El Departamento de Estado dio cuenta de que "los funcionarios de la embajada (de EEUU en La Habana) se reunieron regularmente con una variedad de grupos religiosos sobre el estado de la libertad religiosa y las actividades políticas relacionadas con las creencias de los grupos religiosos".
El mismo lunes el régimen cubano rechazó el informe, que calificó de "calumnias" y acusó a Washington de usarlo como "justificación" del embargo.
"En Cuba se reconoce, respeta y garantiza la libertad religiosa. Las calumnias del reciente informe del Departamento de Estado pretenden desacreditar a nuestro país, con el interés de justificar las medidas inhumanas de bloqueo de EEUU que violan los derechos humanos de nuestra población", escribió en Twitter el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla.
El régimen de Cuba fue incluido a principios de diciembre en la lista de países que el Departamento de Estado de EEUU considera violan de manera sistemática la libertad religiosa.
La inclusión en esta lista conlleva a que EEUU cancele con ese país intercambios científicos y culturales, suspenda la asistencia para el desarrollo, y decida ejercer el bloqueo de préstamos financieros.
