El incremento de la represión contra cualquier atisbo de rebelión o crítica, así como una cifra creciente de presos políticos y un éxodo histórico son los rasgos sobresalientes que la organización Amnistía Internacional (AI) incluye en su informe sobre los derechos humanos en el mundo en su capítulo dedicado a Cuba.
El documento, que analiza la situación de los derechos humanos en 2022 en 156 países y hace un llamamiento a la acción para enfrentar las numerosas agresiones que padecen los derechos básicos a nivel global, subraya que al cierre de 2022 eran cientos los presos de las manifestaciones del 11 de julio de 2021.
Amnistía Internacional recuerda que en marzo de 2022 solicitó acceso a Cuba para asistir a los juicios de los detenidos, pero el régimen nunca dio su permiso a los observadores internacionales.
"Ese mismo mes, en un contexto en el que la defensa jurídica estaba fuertemente controlada por el Estado y el acceso a los documentos judiciales era excepcional, las autoridades cubanas tomaron la inusual medida de hacer públicas al menos seis sentencias relacionadas con unas 129 personas —varias de ellas jóvenes—que habían sido acusadas de delitos más graves por haber participado en las protestas de julio de 2021", indica.
"Se las había acusado principalmente de lanzar piedras o botellas contra agentes encargados de hacer cumplir la ley, y algunas habían sido condenadas a 30 años de prisión", señala. No obstante, la mayoría de los condenados fueron enjuiciados sin las suficientes garantías y en procesos que activistas y expertos calificaron con manipulados.
Recuerda AI que en septiembre y octubre, tras el paso del huracán Ian, "hubo protestas en toda la Isla contra los cortes de electricidad generalizados. Según la información recibida, las autoridades respondieron desplegando a cadetes militares para reprimir las protestas, y se denunciaron casos de detención arbitraria".
"Además, al parecer, las autoridades bloquearon deliberadamente Internet, táctica que es cada vez más habitual para limitar la comunicación en Cuba en momentos delicados desde el punto de vista político. Las interrupciones de Internet se prolongaron al menos dos noches consecutivas, lo que dificultó la comunicación de las familias tras la tormenta", señala.
"El 2 de octubre, el presidente Díaz-Canel restó importancia al carácter generalizado de las protestas y sugirió que una minoría de 'contrarrevolucionarios' con conexiones fuera de Cuba había llevado a cabo 'actos de vandalismo, como cerrar vías o tirar piedras'. También afirmó que esas personas serían tratadas con todo el 'rigor de las leyes'".
AI señala en su informe que en diciembre entró en vigor un nuevo Código Penal, "que puede consolidar las limitaciones a la libertad de expresión y de reunión ya habituales y presenta un panorama inquietante para periodistas independientes, activistas y cualquier persona crítica con las autoridades".
Pese a lo anterior, la organización celebró que "las mujeres activistas de derechos humanos desempeñaron un papel fundamental en la resistencia a la represión de la disidencia. Las madres de las personas detenidas en las protestas de julio de 2021, entre las que había jóvenes, abogaron enérgicamente por su liberación. La cámara legislativa no tipificó el femicidio como delito en el nuevo Código Penal, pese a las propuestas de las mujeres partidarias de esa medida".
Cita el documento el encarcelamiento de figuras de la sociedad civil independiente y la oposición cubana, como los artistas Luis Manuel Otero Alcántara, Maykel Castillo Pérez y José Daniel Ferrer García.
Recuerda que el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria había determinado que Castillo Pérez fue detenido de forma arbitraria y pidió al Gobierno cubano su liberación inmediata.
"La familia de José Daniel Ferrer García (...) denunció en julio que éste permanecía recluido en régimen de incomunicación, lo que lo ponía en peligro de tortura y otros malos tratos; y, en octubre, que llevaba tiempo recluido en confinamiento solitario, aislado de otros presos y con un acceso muy limitado al mundo exterior", resume.
Además, AI señala que durante 2022 "la escasez de alimentos y los cortes de electricidad fueron frecuentes. (...) El Gobierno culpó de la situación económica casi exclusivamente al embargo económico estadounidense e hizo caso omiso de su obligación de hacer efectivos los derechos económicos, sociales y culturales".
Finalmente, subraya el informe que, según estadísticas oficiales de Estados Unidos, más de 224.000 cubanos entraron en ese país entre octubre de 2021 y septiembre de 2022, "lo que supone un aumento significativo con respecto a las algo más de 39.000 que habían llegado en el mismo periodo de 2020 y 2021. Muchas de ellas realizaron viajes peligrosos a través del Tapón del Darién, selva que conecta Panamá y Colombia, mientras que otras se arriesgaron a viajar en barco".
Según AI, en 2022, "la aparición de nuevos conflictos y la reanudación y la prolongación de otros causaron tragedias terribles, algunas de las cuales constituyeron crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. En todo el mundo hubo gobiernos que seguían reprimiendo con dureza las libertades universales. Las crisis económicas provocaron un aumento vertiginoso de los precios de los alimentos y de los combustibles, e incrementaron la presión sobre los servicios de salud y otros servicios sociales. Los sectores más marginados fueron los más afectados, y aumentó la desigualdad".
