El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) envió el martes al Gobierno de España un informe jurídico sobre la situación del preso político Mario Josué Prieto Ricardo, con doble ciudadanía cubana y española, encarcelado por manifestarse el 11J en Holguín y condenado a 12 años de cárcel por el delito de sedición.
La ONG pide a Madrid que interceda por el condenado e insiste en la urgencia de su caso, subrayando que "no hacer nada es la peor opción. La presión de España podría ser determinante para obtener la liberación de Mario Josué Prieto Ricardo", indica la ONG en una nota de prensa.
La organización que monitorea la situación de los derechos humanos en Cuba advierte que "el análisis de la sentencia recoge que en ningún momento quedó probado el delito de sedición que le era imputado; que no se respetó el principio o garantía de que las personas deben ser juzgadas por un juez natural y no por tribunales o salas de excepción; manejo político del caso, sin tener en cuenta las incongruencias de los testigos de la Fiscalía y cometiendo errores en la ponderación de pruebas".
Asimismo, agrega, "no se tuvieron en cuenta las circunstancias personales y de salud de Mario Josué", quien según sus padres sufre de dolencias psiquiátricas.
"Se aprecia notablemente que el caso, como otros similares, está ceñido a los dictados del Partido Comunista y su policía política, entrometidos en la actividad judicial, que no pretenden otra cosa que criminalizar conductas cívicas naturales espontáneas (...) y persuadir a la ciudadanía a no ejercer derechos individuales constitucionales al mostrarles las arbitrarias consecuencias", advierte el OCDH.
"Si bien el régimen cubano aplica el principio de ciudadanía efectiva, eso no impide que las autoridades españolas intervengan. El Gobierno cubano siempre ha actuado violando incluso sus propias leyes. En este caso, se han cometido errores jurídicos evidentes y se trata de una situación grave y humanitaria, con peligro para la vida del ciudadano español", concluye la ONG, que recuerda que el prisionero habría intentado quitarse la vida en dos ocasiones desde que fue encarcelado.
El dictamen enviado al Gobierno español por el OCDH fue remitido también a la ONU, así como al Tribunal Supremo Popular de Cuba.
La ONG advierte, no obstante, que no recibió respuesta a una misiva enviada anteriormente al Ministerio de Asuntos Exteriores de España.
Días atrás, los padres de Prieto Ricardo, quien además de ser ciudadano español es residente en Estados Unidos, enviaron una carta al Ministerio de Exteriores de España en la que le solicitan que interceda por el manifestante preso. Hasta el momento, no habrían recibido respuesta.
Mario Prieto López y Niurka Ricardo Hidalgo, padres del joven de 27 años, explicaron que este "ha adelgazado más de 20 kilos desde su detención. Es piel y hueso".
Prieto Ricardo, además, ha sido diagnosticado con "trastorno de personalidad, neurosis y riesgo suicida", de lo que también sus padres proporcionaron evidencia. Sin embargo, "no ha sido visto por un psiquiatra desde que entró en prisión, ni le han dado los medicamentos conforme el tratamiento que tenía antes de su detención", añadieron Prieto López y Ricardo Hidalgo, quienes se ven obligados a comprar en el mercado negro los fármacos que usa su hijo, porque en las farmacias cubanas no los hay.
La madre cubana apeló "a los sentimientos de las autoridades españolas, y de toda la Unión Europea si es necesario, para que nos ayuden a tramitar y sacar a mi hijo de acá" y afirmó que continúa teniendo "la esperanza de que se pueda resolver", aunque hasta el momento no ha recibido ayuda por parte de ninguna organización.
El Artículo 5 de la Ley 40/2006, de 14 de diciembre, del Estatuto de la ciudadanía española en el exterior, establece que la Administración General del Estado y la de las Comunidades Autónomas, en el ámbito de sus respectivas competencias, prestarán especial atención a aquellos que se encuentren en situaciones de necesidad y a los privados de libertad, fundamentalmente a los condenados a la pena capital o cadena perpetua, así como a la ciudadanía española que haya sido víctima de delitos de lesa humanidad en procesos de represión política, recordaron los padres en su carta.
"España tiene soberanía y legitimidad para proteger a Mario Josué Prieto Ricardo y accionar y exigir a las autoridades cubanas su traslado a España. El Estado Español está obligado a protegerlo porque es un ciudadano español preso político en Cuba, país donde las condiciones y el trato a los presos no cumplen con los mínimos establecidos por el derecho internacional, más aún, cuando sufre de problemas graves de salud que ponen en riesgo su vida", exigieron.
Sin embargo, los cubanos que hayan adquirido una segunda nacionalidad no pueden hacer uso de ella en su territorio natal, aunque la Constitución aprobada en 2019 reconozca la doble ciudadanía.
El Artículo 36 establece que "la adquisición de otra ciudadanía no implica la pérdida de la ciudadanía cubana", pero aclara que "los ciudadanos cubanos, mientras se encuentren en el territorio nacional, se rigen por esa condición, en los términos establecidos en la ley y no pueden hacer uso de una ciudadanía extranjera".
Prieto Ricardo llegó a Cuba el 13 de marzo de 2020 para pasar tiempo con sus padres, tras el fallecimiento, por cáncer, de su hermana. El cierre de fronteras debido a la pandemia de Covid-19 lo obligó a permanecer en la Isla.
El 11 de julio de 2021, cuando estallaron las históricas protestas antigubernamentales, salió a manifestarse en Holguín. Fue detenido al día siguiente y liberado dos jornadas después con una multa y la advertencia de no meterse en problemas y de que debía defender la Revolución.
El 23 de julio fue arrestado nuevamente. Su familia denunció que en la fase de instrucción penal fue sometido a constantes y prolongados interrogatorios en los que se emplearon técnicas de tortura psicológica.
