Los padres de un cubano con ciudadanía española preso por el 11J piden ayuda al Gobierno de Pedro Sánchez

Los padres del cubano Mario Josué Prieto Ricardo, residente en Estados Unidos y ciudadano español, quien cumple una condena de 12 años de cárcel por participar en las protestas del 11J, enviaron este 10 de septiembre una carta al Ministerio de Exteriores de España en la que le solicitan que interceda por el manifestante preso, publica Libertad Digital.

En la misiva, acompañada de toda la documentación del caso y fechada el 24 de julio de 2022, Mario Prieto López y Niurka Ricardo Hidalgo, padres del joven de 27 años, explicaron que el joven "ha adelgazado más de 20 kilos desde su detención. Es piel y hueso".

Prieto Ricardo, además, ha sido diagnosticado con "trastorno de personalidad, neurosis y riesgo suicida", de lo que también sus padres proporcionaron evidencia. Sin embargo, "no ha sido visto por un psiquiatra desde que entró en prisión, ni le han dado los medicamentos conforme el tratamiento que tenía antes de su detención", añadieron Prieto López y Ricardo Hidalgo, quienes se ven obligados a comprar los fármacos en el mercado negro, porque en las farmacias cubanas no los hay.

Mario Josué Prieto es uno de los presos políticos con problemas de salud por los que manifestó preocupación el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), que exigió, en agosto pasado, que la Cruz Roja Internacional y el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU tuvieran acceso a las cárceles de la Isla.

"Estamos muy preocupados por los casos de presos enfermos y por la mala atención médica en las prisiones. En los últimos días, hemos recibido informaciones de padecimientos de salud sobrevenidos o agravados en prisioneros políticos y de conciencia. En varios casos, la denuncia incluye la indiferencia por parte de las autoridades carcelarias o la falta de los tratamientos adecuados para sus dolencias", indicó entonces la organización con sede en Madrid en un comunicado.

La madre de Prieto Ricardo dijo a Libertad Digital que teme por la vida del joven. "Estoy segura de que mi hijo no va a aguantar mucho tiempo en esas condiciones", aseguró, "está mucho más delgado y más nervioso". "Él sabe que está encarcelado injustamente".

"Nunca mostraron durante el juicio una sola prueba para que pudieran condenar a mi hijo ni a un día de prisión, y menos a 12 años", cita el medio en una nota anterior.

Pese a que ella y su esposo se las han arreglado para conseguir las medicinas que requiere la condición de su hijo, las autoridades carcelarias se han negado a entregárselas al joven.

La madre cubana apeló "a los sentimientos de las autoridades españolas, y de toda la Unión Europea si es necesario, para que nos ayuden a tramitar y sacar a mi hijo de acá" y afirmó que continúa teniendo "la esperanza de que se pueda resolver", aunque hasta el momento no ha recibido ayuda por parte de ninguna organización.

Su petición no se baja solo en "los sentimientos de las autoridades" de España, sino en las leyes de ese país.

El artículo 5 de la Ley 40/2006, de 14 de diciembre, del Estatuto de la ciudadanía española en el exterior establece que la Administración General del Estado y la de las Comunidades Autónomas, en el ámbito de sus respectivas competencias, prestarán especial atención a aquellos que se encuentren en situaciones de necesidad y a los privados de libertad, fundamentalmente a los condenados a la pena capital o cadena perpetua, así como a la ciudadanía española que haya sido víctima de delitos de lesa humanidad en procesos de represión política, recordaron los padres en su carta.

"España tiene soberanía y legitimidad para proteger a Mario Josué Prieto Ricardo y accionar y exigir a las autoridades cubanas su traslado a España. El Estado Español está obligado a protegerlo porque es un ciudadano español preso político en Cuba, país donde las condiciones y el trato a los presos no cumplen con los mínimos establecidos por el derecho internacional, más aún, cuando sufre de problemas graves de salud que ponen en riesgo su vida", exigieron.

Sin embargo, los cubanos que hayan adquirido una segunda nacionalidad no pueden hacer uso de ella en su territorio natal, aunque la Constitución aprobada en 2019 reconozca la doble ciudadanía.

El Artículo 36 establece que "la adquisición de otra ciudadanía no implica la pérdida de la ciudadanía cubana", pero aclara que "los ciudadanos cubanos, mientras se encuentren en el territorio nacional, se rigen por esa condición, en los términos establecidos en la ley y no pueden hacer uso de una ciudadanía extranjera".

Prieto Ricardo llegó a Cuba el 13 de marzo de 2020 para pasar tiempo con sus padres, tras el fallecimiento, por cáncer, de su hermana. El cierre de fronteras debido a la pandemia de Covid-19 lo obligó a permanecer en la Isla.

El 11 de julio de 2021, cuando estallaron las históricas protestas antigubernamentales, salió a manifestarse en Holguín. Fue detenido al día siguiente y liberado dos jornadas después con una multa y la advertencia de no meterse en problemas y de que debía defender la Revolución.

El 23 de julio fue arrestado nuevamente. Su familia denunció que en la fase de instrucción penal fue sometido a constantes y prolongados interrogatorios en los que se emplearon técnicas de tortura psicológica.

Fue uno de los manifestantes acusados del delito político de sedición, pese a que el régimen niega la existencia en Cuba de presos de esa naturaleza. El fiscal Fernando Sera pedía para él una pena de 28 años de prisión.
 
En cuanto a las condiciones en las que Prieto Ricardo cumple la sanción impuesta, los padres explican que recibe un litro medio cada día para cubrir todas sus necesidades: beber y mantener su higiene personal y la de la celda. Para comer le dan alimentos en mal estado, lo que ha hecho empeorar sus padecimientos estomacales.