La Fiscalía Militar de Santiago de Cuba rechazó las denuncias presentadas por el prisionero político cubano Maikel Mediaceja Ramos y sus familiares luego de que fuera golpeado por otros reclusos en la prisión de Boniato con la complicidad de las autoridades del penal, según denunció su tía, Odalis Mediaceja, a Radio Televisión Martí.
De acuerdo con el testimonio del recluso, quien cumple una condena de seis años de privación de libertad por los presuntos delitos de "atentado" y "lesiones", el 14 de junio de 2018 tras pedir asistencia médica varios prisioneros pertenecientes al "Consejo de Reclusos" lo sacaron de su celda y le propinaron una paliza que le provocó fracturas en dos costillas y un dedo de la mano.
Mediaceja Ramos, quien es integrante de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), dijo que "la dirección de la prisión, encabezada por el teniente coronel Alain Rivero Montero, es cómplice de la golpiza" y "de la falsificación del certificado médico".
Según el prisionero político, la doctora que lo atendió tras la golpiza le dio un certificado que documentaba las lesiones sufridas, pero luego ese documento fue cambiado por las autoridades del penal, quienes entregaron a la Fiscalía Militar otro en el que no estaban reflejadas las lesiones, firmado por el doctor de un centro penitenciario.
Mientras tanto, las denuncias presentadas por sus familiares solo han tenido como resultado que el recluso sea despojado temporalmente de sus derechos a llamada telefónica y pabellón conyugal en la prisión.
Algo semejante sucedió con el prisionero político Yosvany Rosell García Cazo, quien fue golpeado el pasado 11 de julio por negarse a usar el uniforme de preso, pero las autoridades rechazaron su versión cuando su esposa puso la denuncia.
"En una carta que Yosvany hizo pública, narra que lo metieron en una oficina, lo empujaron, y en el piso, le pegaron y patearon en la cabeza. Yo fui a la delegación de Cárceles y Prisiones de aquí, de Holguín, a formular una queja. Allí me dijeron que tenían información de que mi esposo no había sido tocado en ningún momento", dijo a Radio Martí su esposa, Mailín Rodríguez Sánchez.
Esta semana, Rodríguez Sánchez también denunció que García Caso debió ser trasladado al hospital el pasado 3 septiembre para que le realizaran una endoscopía, pero las autoridades carcelarias se negaron a llevarlo, por rechazar acudir vestido con el uniforme de preso.
"Mi esposo Yosvany debutó con una gastritis crónica en prisión, debido a las huelgas de hambre que ha realizado. En este tiempo han sido seis huelgas por todas las injusticias en su contra", agregó su esposa.
Aunque pudo visitarlo el pasado 6 de septiembre y lo encontró "un poco mejor del estómago", Rodríguez Sánche contó que, además de amenazarlo con golpizas, le han dicho que podrían quitarle la siguiente visita.
"Ya el 23 de agosto le quitaron la visita conyugal. La justificación que le dieron fue la 'indisciplina' que él cometió el 11 de julio", dijo Sánchez Rodríguez.
García Caso es herrero de profesión y tiene 33 años. Es uno de los manifestantes de Holguín para los que el fiscal Fernando Sera pedía una sanción de 30 años de privación de libertad por el delito de sedición. Finalmente fue condenado a 20 y consiguió rebajar su sanción a 15 años en el juicio de apelación. No obstante, dijo no arrepentirse de haber salido a protestar el 11J.
