El preso político cubano Yosvany Rossell García Caso, manifestante del 11 de julio en Holguín, anunció que iniciará una huelga de hambre para denunciar las injusticias de su caso.
García Caso, de 32 años, comunicó su decisión en un audio difundido por el Directorio Democrático Cubano: "Yo, Yosvany García, preso político del 11 de julio, me voy a plantar después del juicio para que tengan que tomar una medida justa conmigo. Ya que todo lo que están haciendo es arbitrario, y están violando todos los derechos de nosotros. Yo no he cometido delito. Y me voy a plantar hasta las últimas consecuencias".
La Fiscalía ha pedido para el holguinero 30 años de privación de libertad por convocar a sus vecinos a salir a las calles a protestar por la falta de electricidad en la zona.
Maylín Rodríguez Sánchez, esposa del manifestante, ha pedido apoyo internacional para que los medios de prensa y las organizaciones de Derechos Humanos reporten las irregularidades de los juicios. Recalcó en un video que su esposo solo pedía "Democracia, Patria y Vida, y Libertad".
El régimen comenzará este martes juicios contra un grupo de 20 manifestantes del 11J en Holguín, incluidos cuatro menores de edad. Los acusa de varios delitos, entre ellos sedición, organización y participación en manifestaciones violentas para "alterar el orden social socialista consagrado en la Constitución" y de "mantener vínculos con contrarrevolucionarios fuera de Cuba a través de las redes sociales".
Según un comunicado del Directorio Democrático Cubano, "en la petición fiscal, la dictadura reconoció que armó a cerca de 40 personas en el reparto Plaza de la ciudad de Holguín con palos para hacer un cordón de seguridad que le impidiera el paso a los manifestantes".
Las edades de los manifestantes enjuiciados oscilan entre los 59 y los 16 años. El régimen cubano los acusa, además, de "formar grupos para transmitir un estado de inconformidad generalizada que alentara a transeúntes y vecinos a unirse, a gritar consignas de contenido contrarrevolucionario que laceraron profundamente sentimientos patrióticos", y de apedrear instituciones del Estado.
Entre los acusados hay cuatro menores de edad: Keyla Roxana Mulet Calderón (16 años); Ayan Idalberto Jover Cardoza (17 años); Yeral Michel Palacio Román (17 años); Ernesto Abelardo Martínez Pérez (17 años).
Por otra parte, la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba se sumó al reclamo de la sociedad civil cubana de que "se trasmitan en directo por la radio y televisión cubanas, los arbitrarios juicios que están teniendo lugar contra los acusados por manifestar públicamente su descontento el pasado 11 de julio".
En una declaración, la FHRC también pidió que se otorgue "pleno acceso a los juicios a la prensa extranjera y el cuerpo diplomático" acreditado en la Isla.
"El equipo de investigaciones de FHRC continúa investigando, uno por uno, a los jueces y fiscales que se están prestando para estos procesos medievales. Sus datos públicos y personales serán puestos a disposición del Departamento de Estado de los Estados Unidos, las instancias correspondientes del Parlamento Europeo, así como de otros gobiernos y entidades internacionales que condenan los delitos en los que incurren estos acusadores al servicio de la dictadura cubana y que son violatorios del propio Código Penal cubano, así como de tratados internacionales", señaló la FHRC en su declaración.
Esto es un abuso con alevosía del régimen.
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