La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba (FDHC), incluyó en su base de datos de represores cubanos a la fiscal Dayli Carranza Rodríguez, quien solicita penas de cárcel para 16 manifestantes del 11J en Santa Clara.
La FDHC explica en un comunicado que, en el transcurso de la investigación llevada a cabo sobre Carranza Rodríguez, residente en Santa Clara, se conoció la existencia de acusaciones en su contra, que los investigadores de la organización han ido confirmando.
"La fiscal ha recibido sobornos desde los Estados Unidos para manipular otros casos de acusados de delitos comunes y tiene montado un negocio ilegal de venta de teléfonos móviles", explica la FDHC.
El equipo de la FDHC afirma poseer una serie de datos confidenciales sobre la fiscal y sobre sus homólogos, que serán puestos a disposición del Departamento de Estado de Estados Unidos y de entidades internacionales que condenan los delitos en los que incurren estos funcionarios y que son violatorios del propio Código Penal cubano, así como de tratados internacionales.
Uno de los acusados es Andy García Lorenzo, para quien la fiscal Carranza Rodríguez pide una condena de 7 años de privación de libertad, por los delitos de desórdenes públicos, desacato y atentado. El juicio contra él y otros manifestantes comenzará el 10 de enero, según informó en redes sociales Roxana García Lorenzo, hermana de Andy, y será a puertas cerradas.
"El lunes 10 de enero mi hermano será sometido junto a otro grupo de valientes manifestantes del 11J a los falsos testimonios de la Fiscalía, cuyos testigos son los mismos policías que salieron a golpearlos por solo estar pidiendo libertad", escribió Roxana García Lorenzo.
"No sé hasta ahora cuál será el juez que lo termine juzgando, pero sea quien sea lo sabremos y será esa persona quien cargue luego la culpa de cada minuto de cárcel a los que Andy siga siendo sometido, por firmar la sentencia que de seguro ya ellos tienen", añadió.
Otros fiscales catalogados como "Represores de cuello blanco"
Carranza Rodriguez, se suma a la lista de fiscales cubanos que han firmado peticiones fiscales injustas y desproporcionadas, incluso contra menores de edad, por lo que la FDHC los recoge en la categoría de "Represores de Cuello Blanco" en su base de datos.
Entre ellos se encuentra es la fiscal Mabel Palacios, responsable de petición de sanciones de privación de libertad entre 15 y 20 años por el delito de sedición para 22 acusados, de los que siete tienen entre 17 y los 19 años de edad: Nelson Néstor Rivero Garzón, de 17 años; Emiyoslán Román Rodríguez, de 18 años; Yensy Jorge Machado González, de 18 años; Frank Daniel Roy Sotolongo, de 19 años; Yassell Guerra Campos, de 19 años, y Marcos Antonio Alfonso Breto, de 19 años. Para todos ellos la petición fiscal fue de 15 años de cárcel. En el caso de Yeinier Ibañez Boudet, de 18 años de edad, la condena solicitada fue 18 años de prisión.
A todos, además, se les impuso la medida cautelar de prisión provisional, pese a que no tenían antecedentes penales.
La acusación de un delito tan grave como el de sedición quizás podría justificar la prisión provisional, pero justamente esta acusación es la primera atrocidad de la fiscal. Como analizó en una nota previa DIARIO DE CUBA, en los códigos penales de la mayoría de los países occidentales, se considera que existe sedición cuando hay, entre otros elementos, organización y coherencia política exacta entre los integrantes del grupo, lo que excluye la espontaneidad.
Palacios es egresada de la Universidad de Oriente. En octubre, compartió una publicación recordando a su "invicto comandante en jefe" Fidel Castro, durante la toma de posesión de los nuevos fiscales de La Habana.
La FDHC también incluye en su base de datos a la fiscal de San Antonio de los Baños –donde primero estallaron las protestas– Dagmaris Jaca Seco. Firmó peticiones fiscales de entre seis y 15 años de cárcel para 17 manifestantes de ese municipio de la provincia Artemisa. Esta fiscal fue recientemente identificada por activistas cubanos.
Entre los acusados de esa provincia se encuentra Yoan de la Cruz, quien transmitió en vivo las protestas y está acusado de desacato, atentado y desórdenes públicos. La petición fiscal en su contra es de ocho años de privación de libertad.
Otro fiscal responsable de peticiones fiscales desproporcionadas, cuyo rostro fue revelado recientemente es Fernando Sera. Pide condenas de entre 15 y 30 años de prisión para cubanos que se manifestaron en Holguín, y que serán juzgados entre el 11 y el 14 de enero. Todos están acusados del delito de sedición.
Los cubanos que enfrentan una posible condena de 30 años de prisión son Miguel Cabrera Rojas, José Ramón Solano Randiche, Iván Colón Suárez y Yosvani Russel García Caso.
Mario Josué Prieto Ricardo y Maykel Rodríguez del Campo podrían pasar 28 años en la cárcel, de acuerdo a la petición fiscal de Sera.
Jessica Lisbeth Torres Calvo enfrenta una condena de 27 años. Para Cruz García Domínguez, Miguel Enrique Girón Velázquez y Yasmany Crespo Hernández, la petición fiscal es de 25 años de privación de libertad, y para Yoirdan Revolta Leyva, de 22 años de cárcel.
Resaltan las peticiones de condenas a 18 años de prisión para los jóvenes Franklin Reymundo Fernandez Rodríguez de 21 años y William Manuel Leyva Pupo de 20 años.
Con solo 18 años de edad, podrían pasar esa misma cantidad de años en la cárcel Jorge Luis Martínez García y Marcos Antonio Pintueles Marrero y Yoel Ricardo Sánchez Borjas. Igual condena enfrenta Samuel Torres Durán, de apenas 17 años.
No solo por los negocios fraudulentos que se le achacan a esta mujer, sino por prestarse a someter a sentencias a cubanos que solo ejercieron un deber ciudadano de protesta amparado por la Constitución, merece estar en el listado de represores. Y a ese listado se deben unir los nombres de todos los jueces y demás fiscales que participan en los juicios de los del 11J.
Y eso que tiene carita de yo no fui. Aparentemente, parece que no pincha pero corta.