El régimen cubano supeditó la eliminación de la pena de muerte en la Isla a las relaciones con Estados Unidos, Gobierno al que acusó de mantener una "política de hostilidad y agresión".
Así recogió la Convención contra la Tortura en Ginebra, Suiza, en sus conclusiones sobre un informe periódico en el que la representación de La Habana dijo que la pena de muerte "no puede abordarse de forma aislada, sino en el contexto de las condiciones específicas de cada país".
"La decisión tiene que estar vinculada al cese de la política de hostilidad y agresión practicada contra Cuba por el Gobierno de Estados Unidos, a fin de que Cuba pueda avanzar en su desarrollo económico, político y social, con plenas garantías de respeto por su soberanía", afirmó la delegación del régimen, según un comunicado de prensa.
La reunión forma parte de la 73 Sesión del Comité contra la Tortura, que sesiona desde el pasado 19 de abril y hasta al 13 de mayo próximo. Según la prensa oficial cubana, el Gobierno cubano presentó su informe periódico los días 21 y 29 de abril ante ese organismo de Naciones Unidas, que ya el pasado año le reclamó a La Habana por la detención arbitraria y la desaparición forzosa del rapero Maykel Osorbo.
Claude Heller, presidente del Comité contra la Tortura de la ONU y corelator para Cuba, cuestionó que aunque la pena de muerte no se usaba desde 2003 —cuando fueron fusilados tres jóvenes que intentaron secuestrar una lancha para salir del país—, el régimen cubano justificó que no estaba listo para eliminarla del Código Penal.
Heller recordó que el Comité considera que la pena capital es una de las violaciones más graves de los derechos humanos, que socava la dignidad humana.
"¿Cuba estaría dispuesta a convertir la moratoria de facto de la pena de muerte en una decisión permanente por razones éticas?", se preguntó el relator.
Por otra parte, Heller planteó al régimen varias interrogantes sobre lo ocurrido el 11 de julio de 2021, "que incluyeron protestas callejeras relacionadas con la pandemia, la falta de alimentos, el bajo nivel de vida, así como el duro embargo con sanciones drásticas contra Cuba".
Heller afirmó que hubo informes de violencia con negocios saqueados y vehículos de transporte volcados y destruidos, pero también de que la Policía "llevó a cabo detenciones con uso excesivo de la fuerza a personas desarmadas que protestaban pacíficamente, con severas sentencias dictadas por los tribunales".
"¿Exactamente cuántas personas fueron detenidas tras las protestas del 11 de julio y cuántas fueron puestas en libertad? ¿Se podría proporcionar información sobre el número total de personas detenidas y cómo se diferenciaron de las que fueron detenidas y acusadas de sedición?", interrogó.
La delegación cubana estuvo presidida por el embajador Rodolfo Benítez Verson, director general de Asuntos Multilaterales y Derecho Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX); María Caridad Pérez Rodríguez, fiscal jefa de la Dirección de Control de la Legalidad en los Establecimientos Penitenciarios de la Fiscalía General de la República; Paula Joaquina Rodríguez Sánchez, magistrada del Tribunal Supremo Popular; Víctor Álvarez Valle, coronel del Ministerio del Interior, así como funcionarios de la misión de Cuba en Ginebra.
La pena de muerte se ratifica como sanción con el objetivo disuasorio que implica su constancia en el Código Penal, como analizó recientemente DIARIO DE CUBA. Su regulación amenazante indica que se aplicará especialmente en delitos que afecten el orden exterior e interior del Estado y el régimen constitucional ante la creciente autonomía y libertades que está reivindicando y ejercitando de facto la sociedad civil, que se independiza de los poderes instituidos por no cubrírseles ni satisfacer las legítimas necesidades materiales y espirituales que son básicas e inherentes al ser humano.
De ahí que la vigencia de ese castigo sirva como instrumento de dominación de voluntades de cambio mediante el terror, aun cuando estas acciones sean pacíficas y legítimas en cualquier Estado de Derecho.
El general Raúl Castro anunció en 2008 que conmutaría la pena de un grupo de condenados a muerte por prisión y así se hizo, aunque el general ratificó que no se eliminaría la pena capital. De ahí que mantenga su función disuasoria personal y no colectiva en el terreno normativo, aunque en el plano práctico prevalezca la conmutación.
Expresamente, Castro dijo, refiriéndose a Estados Unidos: "Hemos sido forzados a escoger, en legítima defensa, el camino de establecer y aplicar leyes severas contra nuestros enemigos (…) No podemos desarmarnos frente a un imperio que no cesa de acosarnos y agredirnos".
Durante la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños del año 2013, frente al resto de mandatarios, el heredero de Fidel Castro expresó sobre la pena capital, sin reconocer las culpas y manipulaciones propias de ciertos delitos en Cuba: "Está suspendida, pero ahí está de reserva, porque una vez la suspendimos y lo único que hicimos con ello fue estimular las agresiones y los sabotajes".
