El Departamento de Estado de Estados Unidos profundizó en las protestas antigubernamentales del 11 de julio y la consiguiente ola represiva desatada por el régimen cubano en el informe que prepara cada año sobre la situación de los derechos humanos en la Isla.
El texto, que calificó a Cuba como un "estado autoritario", denunció que miembros de las fuerzas represivas del régimen cometieron numerosos abusos en un año marcado por el drástico aumento del número de presos políticos, "muchos de ellos recluidos en prisión preventiva en condiciones extremadamente duras y degradantes".
Uno de los primeros sucesos recogidos en el informe fue la agresión sufrida por un grupo de artistas y periodistas cubanos el 27 de enero del pasado año cuando se plantaron frente al Ministerio de Cultura para pedir la liberación de varios artistas detenidos, ante lo que el ministro, Alpidio Alonso, salió del inmueble y golpeó al periodista de DIARIO DE CUBA Mauricio Mendoza.
La entidad del Gobierno estadounidense también denunció en el documento el asesinato del manifestante Diubis Laurencio durante las protestas antigubernamentales del 11J y citó una investigación de DIARIO DE CUBA para demostrar la falsedad de la versión del suceso ofrecida por el régimen.
El llamado a la violencia realizado por Miguel Díaz-Canel el 11J con el amparo de la Constitución aprobada en 2019, que permite "combatir por cualquier medio, incluido el combate armado" a quienes "pretendan derrocar el orden político, social y económico establecido", también fue denunciado en el informe estadounidense.
El documento abarcó temas como los asesinatos ilegales o por motivos políticos, las desapariciones de activistas y manifestantes, las pésimas condiciones y tratos crueles recibidos por los presos políticos en las cárceles y las constantes detenciones arbitrarias sufridas por los cubanos que critican abiertamente al régimen.
Otros temas abordados son los relacionados con procesos judiciales en un sistema donde no hay independencia de los tribunales, por lo que con frecuencia cuando las acusaciones responden a motivos políticos se violan los procedimientos establecidos y las sentencias vienen dictadas desde el Partido Comunista.
También las restricciones a la libertad de expresión, tanto para la ciudadanía como para los medios de prensa, fueron documentadas en el texto, que resaltó la violencia y el acoso que sufren los periodistas independientes en la Isla.
La libertad académica, de religión, de circulación, de participación en el proceso político, el derecho a salir del país, la falta de transparencia, la corrupción y el impedimento de la entrada a la Isla de organismos internacionales defensores de los derechos humanos también fueron cuestionados en el informe.
Por último, el texto hizo referencia a temas relacionados con la discriminación y los abusos sociales como son la violencia de género, los derechos reproductivos y la discriminación racial o étnica sistémica a la vez que cuestionó los derechos laborales, marcados por la falta de libertad de asociación entre los trabajadores.
El documento, que examina la situación de los derechos humanos en unos 198 países y territorios del mundo, aunque no de Estados Unidos, sirve de guía al Congreso estadounidense a la hora de determinar la ayuda exterior que concede a cada nación.
