El acuerdo entre la Unión Europea y el régimen cubano no está en vigor, aclara una fundación de derechos humanos

Mientras el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación Económica (PDCA por sus siglas en inglés) entre el régimen cubano y la Unión Europea (UE) continúa suscitando las críticas de la sociedad civil cubana y parlamentarios europeos, el abogado boliviano Hugo Acha, director de Investigación y Extensión de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba (FHRC) recuerda que este acuerdo no está en vigor, en una entrevista con DIARIO DE CUBA en la que también aborda los proyectos en que trabaja actualmente la FHRC.

"En estos momentos, llevamos el proyecto Represores, mediante el cual identificamos a los responsables de represión en Cuba. Antes solo nos enfocábamos en las víctimas, lo cual es muy importante. Pero ahora, además, ponemos rostro y nombre a los represores. Buscamos transmitir el mensaje de que no habrá impunidad y que las denuncias tengan un efecto disuasorio en los represores", explica Acha.

Mediante este proyecto, la FHRC ha revelado los rostros de fiscales cubanos que pidieron altas penas de cárcel para manifestantes del 11J. 

"También tenemos el Observatorio Cubano de Conflictos, que ve conflicto no solo en las protestas generadas por una disidencia y oposición política, que nos parecen absolutamente loables, sino también en las que expresan la inconformidad del ciudadano, de esa base popular, a la que no se le da respuesta en cuestiones como servicios básicos, salud, vivienda. Ese tipo de conflictos nos venía demostrando una curva ascendente".

"Juan Antonio (Blanco, director ejecutivo de la FHRC) en múltiples reuniones con diferentes actores, académicos, otras ONG, e inclusive de nivel político, venía indicando que el incremento de esas protestas relacionadas con las dinámicas sociales era notorio. Y cuando explota el 11J, entendimos que esa tendencia se estaba reflejando".

Para la FHRC, explica Acha, es llamativo que, pese a la represión, no han disminuido los conflictos en la dinámica social. 

"Siguen sin respuesta las cuestiones de vivienda, de servicios básicos. Estamos viendo inventiva popular, por ejemplo, estas líneas de congas, los cánticos en los juegos de pelota, que empiezan a encontrar otras maneras de manifestarse. Esto demuestra que el régimen se equivoca al pensar que, con las deportaciones forzosas o la negativa de entrada a figuras de la disidencia, controla ese aspecto", sostiene.

"Asumir que es una cuestión meramente política o focal algo en lo que ya no se puede discutir que el régimen no tiene repuestas para demandas esenciales, es una equivocación total".

En este contexto de descontento popular, la represión y los juicios contra los manifestantes del 11J, las normas que aprobó el régimen tras las protestas, como el Decreto-Ley 35, un proyecto de Código Penal que criminaliza el financiamiento a la sociedad civil, pese a las críticas de la sociedad civil cubana y miembros del Parlamento Europeo, no parece que la UE vaya a dar por terminado el acuerdo con el Gobierno cubano.

Recientemente, el representante de la UE para los derechos humanos, Eamon Gilmore, afirmó que la Unión seguirá exigiendo el respeto de los derechos humanos de los cubanos, pero dentro del acuerdo. Al respecto, lo primero que Acha considera necesario aclarar es que ese acuerdo no está en vigor y explica por qué.

"Primero, el tratado, que se conoce por sus siglas PDCA, en términos estrictamente legales, no está en vigencia (en vigor). Un tratado, en materia de derecho internacional, sea bilateral o multilateral solo entra en vigencia cuando se produce su ratificación. La de ese tratado no ha ocurrido, porque Lituania no lo ratificó".

"Si estuviera en vigencia, los créditos para infraestructuras, proyectos y otros ítems que incluye el contenido, hubieran sido liberados por el banco de la Unión Europea y no los han sido. Lo que ha ocurrido hasta el momento es un uso abusivo del término 'aplicación provisional' bajo el que se han liberado millones de euros al régimen, so pretexto de financiamiento de la sociedad civil. Esa sociedad civil no es la sociedad civil real, sino los entes controlados por el régimen. Son las organizaciones partidarias del régimen las que han tenido acceso a esos recursos".

"El Parlamento lituano no solo ha rehusado ratificar. En junio de 2021 aprobó por 82 votos a favor, 17 abstenciones ni ningún voto en contra, una resolución que ilegaliza considerar la ratificación, si no se establece de manera veraz y fehaciente que en Cuba hay una ruta hacia la democracia, una mejora en las condiciones de derechos humanos y un progreso en lo referente a libertades civiles y políticas. Ese documento se le entregó al señor Josep Borrell".

"Creemos que se debe exhortar a los demás países de la Unión Europea, a raíz del 11J, a reexaminar su posición frente al PDCA para denunciar el acuerdo y establecer que su ratificación se dio en circunstancias diferentes a las actuales y hoy día no quieren seguir adelante con él".

"El PDCA no ha obtenido ningún avance. Si compara la Posición Común, que Federica Moguerini reemplazó con este tratado, con el argumento del bloqueo, aunque creo que fue por motivos políticos e ideológicos, estamos peor". 

En cuanto al papel de la sociedad civil cubana, Acha considera que la comunidad cubana, dentro y fuera de la Isla, debe aprovechar el nivel de "integración y networking" que él considera "incomparable".

"No creo que otra nación pueda jactarse de influir fundamentalmente, por ejemplo, en la política de EEUU. Tres de los congresistas más importantes del escenario político norteamericano son cubanoamericanos: Bob Menéndez, Marco Rubio y Ted Cruz. No creo que otra pueda decir que es un factor esencial de política interna y externa del Reino de España y con un impacto directo en la cuestión europea".

"Creo que esos canales deben empezar a exigir de manera legal, no política. En derecho las posiciones tienen que ser absolutas. Esa Cuba que quiere ser libre debe exigir, a través de esa disidencia que sí tiene canales políticos y de esa diáspora que sí tiene herramientas políticas, el cese del trasiego de recursos de la Unión Europea a la falsa sociedad civil, porque es ilegal. Tenemos que decirlo ya con todas las letras. Reitero: un tratado que no ha sido ratificado no está en vigencia. Una aplicación provisional se supone que lo único que debe hacer es crear las condiciones para la implementación".

"¿Cómo es que una aplicación provisional arbitrariamente le otorga cientos de millones al régimen a través de organizaciones partidarias y estructurales del propio régimen? Esos son puntos donde la sociedad civil cubana tiene que hacer ver su influencia y su capacidad de incidencia", recomienda. 

"Esto debe estar acompañado de una denuncia constante, sin pausa de hacia dónde está llevando el régimen a la sociedad civil. En nuestra opinión, lo que sucede hoy en Cuba hace mucho que no tiene que ver con un socialismo idealizado, un proyecto frente a un imperialismo. Cuando se habla de transición no es la imposición de un modelo. Los cubanos decidirán lo que es conveniente para Cuba y los cubanos".