Las activistas cubanas María Cristina Garrido, Lizandra Góngora y Gloria María Valle Pérez, encarceladas por participar en las protestas del 11 de julio, fueron aisladas del resto de las reclusas en la prisión de El Guatao por orden de la Seguridad del Estado, denunció el opositor Michael Valladares a Radio Televisión Martí.
También la opositora Angélica Garrido, encarcelada por protestar en Mayabeque el 11J, fue separada del resto de las reclusas, aunque en su caso las autoridades penitenciarias alegan que contrajo el dengue.
Además del aislamiento, las cuatro activistas opositoras quedaron sin acceso a cualquier medio para escribir cartas mientras las llamadas telefónicas solo se les permitirán cada 15 días.
A María Cristina Garrido la Fiscalía le pide 15 años de privación de libertad mientras a su hermana, Ángelica Garrido, le piden diez por los presuntos delitos de "atentado", "desacato", "desobediencia" y "desorden público". El régimen las acusa de organizar las protestas en Quivicán, Mayabeque.
En tanto Lizandra Góngora, quien se manifestó frente a la sede del Partido Comunista de Guira de Melena, Artemisa, así como frente a una tienda en Moneda Libremente Convertible (MLC), enfrenta una petición fiscal de diez años de privación de libertad.
Continúa el hostigamiento contra los presos del 11J
Andy García, un joven villaclareño encarcelado por protestar el 11J denunció, al medio de prensa independiente que inició una protesta junto a otros reclusos de la prisión La Pendiente, ubicada en Santa Clara, debido a las pésimas condiciones a las que son sometidos.
"Ellos llevan 15 días que no los están sacando para tomar el sol en el patio del penal. Reciben maltratos por parte de los guardias; las llamadas son mínimas, cinco minutos y con muchas interrupciones, no dejan pasar cartas a los reclusos, entre otros reclamos", denunció su hermana, Roxana García Lorenzo.
Mientras, el activista de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) Dixán Gaínza Moré finalizó la huelga de hambre que había iniciado reclamando su liberación de la prisión de Kilo 8, en Camagüey, por unirse a las protestas del 11J en su provincia.
"Mi hermana fue el lunes al penal y me sacaron de la celda de castigo donde yo estaba en huelga, para verla. Mi hermana me dice que se estaban haciendo unas negociaciones y que yo no podía estar en huelga de hambre en estos momentos, porque esto afectaría ese proceso. Yo no sé si eso es mentira o no, pero basado en eso que me están diciendo, decidí la posposición de la protesta", dijo el prisionero al activista Jordan Marrero en llamada telefónica.
"Lo sacan de la celda de castigo, esposado y con shakiras puestas, y es suspendida la huelga de hambre después de yo haber conversado con él durante casi una hora… Me dijo claramente que después del juicio, que aún no tiene fecha, que él no aguanta un día más en prisión", escribió su hermana, Disena Sares Moré.
Políticos europeos se suman a la campaña "Ningún preso político cubano invisibilizado"
Varios políticos europeos se sumaron a una campaña promovida por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) con el objetivo de que recabar solidaridad para que ningún prisionero de conciencia en la Isla quede invisibilizado, especialmente tras el 11J, informó la organización en un comunicado.
Los eurodiputados Leopoldo López Gil y Gabriel Mato Adrover, del Partido Popular Europeo (PPE), Dita Charanzová y Soraya Rodríguez Ramos de Renew Europe (RE), así como Hermann Tertsch, presidente del grupo ECR-EUROLAT, mostraron su apoyo a la campaña luego de una reunión con los activistas cubanos Yaxys Cires y Elena Larrinaga.
También el secretario general del PPE, Antonio López-Istúriz, ofreció su apoyo personal a estas acciones y se comprometió a promover la iniciativa en ambas instituciones.
En España la iniciativa recibió el respaldo de Javier Fernández Lasquetty, Almudena Negro, Janette Novo Castillo y Alfonso Serrano, diputados del Partido Popular en la Asamblea de la Comunidad de Madrid, así como de Rocío Monasterio, presidenta de Vox en la capital española.
Otros políticos que se comprometieron a visibilizar la situación de los prisioneros políticos cubanos fueron Edmundo Bal, portavoz adjunto del grupo parlamentario Ciudadanos (Cs), e Iván Espinosa de los Monteros, vicesecretario de Relaciones Exteriores y portavoz de Vox.
"Más de 620 prisioneros políticos pasarán esta navidad en las cárceles cubanas, algunos de ellos condenados o con peticiones fiscales de más de 20 años de prisión por el mero hecho de manifestarse pacíficamente en las históricas protestas de julio pasado. Agradecemos la disponibilidad de políticos de varios partidos europeos y españoles para apadrinar a presos políticos en Cuba", afirmó el OCDH en el comunicado.
