Los activistas de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) Yumila Yessica Miranda, Miraida Martín Calderín, Alexei Vargas Martín podrían ser condenados a prisión tras ser arrestados el 15 de noviembre cuando se disponían a unirse a la marcha cívica convocada por la plataforma Archipiélago.
Miranda dijo a Radio Televisión Martí que el pasado 15N fueron detenidos por agentes de la Policía cubana cuando se dirigían a participar en la marcha convocada la plataforma cívica cubana, por lo cual las autoridades de la Isla comenzaron un proceso penal contra ellos por los delitos de "desorden público" y "desobediencia".
"A Miraida y a mí nos trasladaron en un auto particular hacia los alrededores de la ciudad, y a Alexei se lo llevaron en otro carro también para las afueras. A él lo liberaron ese mismo día, sobre las 6 de la tarde, y a nosotras, a las 2 y pico de la madrugada del 16", explicó Miranda.
"Según la Seguridad del Estado, el proceso está bajo investigación y vamos a ser citados los tres. Yo fui amenazada, además, porque estoy bajo otro proceso investigativo por 'propaganda enemiga' y según ellos, ahora se me suman estos dos nuevos cargos. Me dijeron que pronto estaré en la cárcel", agregó la activista.
Siguen los juicios contra los manifestantes del 11J en Cuba
Esta semana culminó el juicio contra los cubanos Carlos Michael Morales Rodríguez, José Rodríguez Herrada, Javier Delgado Torna, Ysel Fumero Tuero y Magdiel Rodríguez García por manifestarse del 11 de julio en la localidad de Caibarién, cuya sentencia se hará firme dentro de 12 días.
Los cinco cubanos enfrentan condenas de entre seis y cuatro años por los cargos de "desorden público", "atentado" y "daños a la propiedad estatal".
Según el testimonio de Adriana Delgado, hija de uno de los acusados, los testigos de la Fiscalía fueron los mismos policías de civil, quienes "tuvieron muchas contradicciones en sus testimonios".
"El abogado los defendió bastante bien, dijo que estaban en su derecho de manifestarse, que está puesto en la Constitución, que tienen libertad de ideología y que no acepta esas penas que pide el Fiscal", afirmó la joven.
Continúan las peticiones fiscales excesivas contra los manifestantes cubanos
La Fiscalía Provincial de La Habana pidió 20 años de prisión al opositor cubano Eduardo Álvarez Rigal, miembro del Movimiento Opositores por una Nueva República (MNOR), por su participación en las protestas el 12 de julio en el barrio de La Güinera.
Álvarez Rigal enfrenta cargos por "sedición", "actos contra la seguridad del estado" y "evasión", debido a que escapó de los policías en dos ocasiones.
Sobre el opositor la Fiscalía afirmó que "en su comunidad no participa en las actividades convocadas por las organizaciones políticas y de masas" y que "ha sido persona de interés policial por estar involucrado en indisciplinas sociales y procesadas por varios hechos delictivos", aunque reconoce que tiene antecedentes penales.
La ONG cubana Cubalex ha denunciado al menos 1.200 detenciones de cubanos por participar en las protestas del 11J, de los cuales al menos 600 se encuentran en prisión actualmente.
De acuerdo con Laritza Diversent, directora de Cubalex, "los manifestantes del 11 de julio no pueden ser procesados por el delito de desórdenes públicos, ni ningún otro".
"Primeramente el Artículo 56 (Nueva Constitución de Cuba, 2019) dispone que "los derechos de reunión, manifestación y asociación, con fines lícitos y pacíficos, se reconocen por el Estado siempre que se ejerzan con respeto al orden público y el acatamiento a las preceptivas establecidas en la ley", señaló.
Sobre la sanción por el delito de desorden público, la abogada añadió que el Código Penal prevé una privación de libertad de tres meses a un año, al que sin por causas justificadas en lugares públicos, espectáculos o reuniones numerosas de gritos de alarmas, o profiera amenazas de un peligro común.
