El preso político cubano Yusniel Milián González denunció a través de una carta publicada en las redes sociales que está siendo injustamente procesado por el delito de "propaganda enemiga" tras ser arrestado por la Policía cubana el 11 de julio en las protestas antigubernamentales.
"En estos momentos me encuentro recluido en la prisión de Valle Grande bajo una acusación de 'propaganda enemiga'. Fui detenido el día 11 de julio de 2021 y fui trasladado el día 12 a la prisión de jóvenes del Cotorro, donde fui golpeado y amenazado de muerte", denunció el prisionero político en la carta.
De acuerdo con su testimonio, permaneció por 41 días retenido en Villa Marista, el cuartel de la Seguridad del Estado, por un delito que no cometió. "Ellos son conscientes de mi inocencia y no me quieren dar la libertad", afirmó.
"Llevo casi cuatro meses con este problema y nadie me da respuesta y no sé qué es lo que pretenden hacer conmigo. Soy padre de familia, tengo una esposa que tiene ocho meses de embarazo, una niña de un año y siete meses, uno de 10 años y dos hijastros", escribió Milian González.
El prisionero político también dijo que teme por su vida y responsabilizó "al Gobierno de Cuba, a la Fiscalía y a la Seguridad del Estado", así como a los empleados de la prisión por cualquier cosa que le suceda.
Antes de finalizar la misiva el prisionero, quien lleva más de cuatro meses encarcelado, exigió su "liberación inmediata".
La ONG cubana Cubalex ha denunciado al menos 1.200 detenciones de cubanos por participar en las protestas del 11J, de los cuales al menos 600 se encuentran en prisión actualmente.
De acuerdo con Laritza Diversent, directora de Cubalex, "los manifestantes del 11 de julio no pueden ser procesados por el delito de desórdenes públicos, ni ningún otro".
"Primeramente el Artículo 56 (Nueva Constitución de Cuba, 2019) dispone que "los derechos de reunión, manifestación y asociación, con fines lícitos y pacíficos, se reconocen por el Estado siempre que se ejerzan con respeto al orden público y el acatamiento a las preceptivas establecidas en la ley", señaló.
Sobre la sanción por el delito de desorden público, la abogada añadió que el Código Penal prevé una privación de libertad de tres meses a un año, al que sin por causas justificadas en lugares públicos, espectáculos o reuniones numerosas de gritos de alarmas, o profiera amenazas de un peligro común.
