Como parte de los juicios ejemplarizantes desarrollados por el régimen cubano para amedrentar a los manifestantes del 11 de julio, la Fiscalía pidió 20 años de privación de libertad para el trabajador del Aeropuerto de La Habana Oscar Bárbaro Bravo Cruzata por el delito de "sedición", según pudo comprobar DIARIO DE CUBA en el expediente judicial del caso.
De acuerdo con el documento judicial, el ciudadano habría participado en las protestas en la localidad de Diez de Octubre junto a unas 200 personas que lanzaron "piedras, botellas y palos" a los agentes policiales que les impidieron continuar la protesta.
El expediente del caso menciona como única prueba de la acusación un video en el cual presuntamente se observa a Bravo Cruzata "acercándose a la patrulla 1024, vestido con un pullover de color blanco con una franja de color azul o negro en la altura de la línea media de los pectorales".
Por ese motivo tanto Bravo Cruzata como los ciudadanos Donger Soroa González y Francisco Eduardo Soler Castañeda podrían ser condenados a 20 años de prisión y "deberán resarcir de forma solidaria a la Estación de la Policía Nacional Revolucionaria del municipio Diez de Octubre en la suma de 4780.52 CUP por los daños que le ocasionaron", relata el expediente judicial.
De acuerdo con las declaraciones ofrecidas por Bravo Cruzata al medio independiente Cubanet, el 11 de julio los agentes policiales comenzaron a apalear a los manifestantes, entre los que se encontraban niños y mujeres, quienes se defendieron como pudieron mientras intentaban escapar.
La detención del trabajador aeroportuario de 23 años de edad tuvo lugar el 24 de julio, cuando al llegar a su centro laboral fue interceptado por agentes del Departamento Técnico de Investigaciones (DTI), quienes le quitaron sus pertenencias e identificación como trabajador de la terminal aérea.
El joven denunció que luego fue trasladado para 100 y Aldabó, donde estuvo encerrado 40 días y adquirió un hongo a consecuencia de la humedad, para el que no ha recibido tratamiento médico. Actualmente se encuentra en la prisión del Combinado del Este.
En total, el grupo defensor de los derechos humanos Justicia 11J ha identificado siete menores de 18 años y cinco con 18 años cumplidos, acusados del delito contra la seguridad del Estado.
"La sedición está siendo usada como delito político contra personas que exigen derechos elementales y que no tienen formación política. La desobediencia civil no es ni sediciosa ni se debe catalogar como vandalismo. Hacerlo es discriminatorio y elitista. El #11JCuba fue espontáneo", sostuvo el grupo, que ha tenido el apoyo de un equipo de abogados.
El grupo ha pedido solidaridad con los acusados en una petición "por la libertad de los manifestantes del 11J", disponible en la plataforma Change.org.
El San Martín de los puercos mafiosos ya está bien cerca.
PATRIA Y VIDA
VENCEREMOS