El Tribunal Supremo de Cuba eleva a 62 el número de procesados por las protestas del 11J

Los tribunales de justicia municipales de Cuba han procesado hasta el momento a 62 personas por las protestas del 11 de julio, informó el magistrado del Tribunal Supremo Popular (TSP), Joselín Sánchez Hidalgo, según un reporte de Granma.

El magistrado afirmó que los juicios se han llevado a cabo con apego a la legalidad y respeto al debido proceso y a todas las garantías previstas en la legislación cubana. Entre estas, mencionó el derecho tanto del denunciante como del acusado a aportar pruebas; comparecer con abogado, si lo considera la persona imputada; mostrar inconformidad con los miembros del tribunal, declarar o abstenerse de hacerlo el acusado, el derecho de "última palabra", así como la posibilidad de establecer recurso de apelación.

"Podemos asegurar que en los procesos judiciales tramitados hasta ahora se ha mantenido una observancia estricta de cada una de estas garantías, en particular el derecho a la práctica de pruebas y la obligación de demostrar la responsabilidad de los acusados en los hechos que se les imputan", sostuvo.

Sin embargo, la madre de la adolescente de 17 Gabriela Zequeira, condenada a 8 meses de privación de libertad tras las protestas, contó a BBC Mundo que en el juicio no se demostró que su hija hubiera sido una de las manifestantes.

De acuerdo con el testimonio de la adolescente en el juicio, fue detenida en el municipio de San Miguel del Padrón de La Habana cuando se dirigía a una peluquería, vio la manifestación a la distancia y decidió regresar.

Sánchez Hidalgo también aseguró que, en los delitos sancionables hasta un año de privación de libertad, y que son tramitados por los tribunales municipales, se admite la comparecencia de los abogados, y que esto se ha querido manipular el asunto del derecho a la defensa. 

Casos como el del fotógrafo y realizador Ányelo Troya, condenado a un año de prisión en un juicio sumario, demuestran que no todos los acusados han contado con representación letrada durante los juicios.

Su hermano relató a DIARIO DE CUBA que el juicio lo hicieron "sin haber avisado a la madre, sin haber avisado al padre, sin haber avisado al hermano. A nadie le avisaron. Le pusieron un año y cuando llegamos al juzgado corriendo, porque nos enteramos a la misma hora cuando fuimos a verlo a 100 y Aldabó, ya no dio tiempo a que se presentara su abogado".

Posteriormente, tanto la adolescente Zequeira como Troya, uno de los realizadores de "Patria y Vida", fueron excarcelados, lo que parece demostrar que los tribunales no actuaron con apego a la legalidad y el debido proceso, como sostuvo el magistrado Sánchez Hidalgo.

La liberación de Zequeira, Troya y otros dos artistas ocurrió un día después de que el presidente del Tribunal Supremo Popular de Cuba, Rubén Remigio Ferro, reconociera que podría enmendar "posibles errores" luego de numerosas críticas a los juicios contra personas detenidas por manifestarse el 11J.

El magistrado Sánchez Hidalgo, quien también es director de Supervisión y Atención a la Población del TSP, dijo que la tipicidad delictiva predominante en estos casos ha sido el desorden público, en 53 de los sancionados, unido a otros delitos tales como el de resistencia, desacato, instigación a delinquir y daño. Para hechos de esta naturaleza, la ley prevé sanciones de hasta un año de privación de libertad o multa de 300 cuotas, o ambas.

El magistrado no dijo que algunas personas han sido acusadas de incitación a delinquir por el mero hecho de publicar vídeos de las protestas.

Por su parte, el fiscal jefe de la Dirección de Atención a los Ciudadanos, Dixán Fuentes Guzmán, recordó el Artículo 151 de la Constitución, según el cual  "la Fiscalía General de la República (FGR) es el órgano del Estado que tiene como misión fundamental ejercer el control de la investigación penal y el ejercicio de la acción penal pública en representación del Estado, así como velar por el estricto cumplimiento de la Constitución, las leyes y demás disposiciones legales por los órganos del Estado, las entidades y por los ciudadanos".

Fuentes Guzmán informó que, del 11 de julio al 3 de agosto, "en relación con los hechos desestabilizadores", el órgano ha atendido 215 personas, de 12 provincias y del municipio especial de Isla de la Juventud, "lo que, estadísticamente desmiente las campañas que hablan de quebrantamientos desproporcionados de la legalidad y listas de supuestos desaparecidos", aseguró.

Entre las principales reclamaciones señaló, en un primer momento, el desconocimiento del lugar donde se encontraba la persona detenida; inconformidad con el lugar de la detención y con la detención en sí, solicitud de información de los términos de la detención y los derechos de los acusados, y desacuerdo con los delitos imputados.

Mencionó también las quejas, en menor medida, sobre las actuaciones de los agentes del orden en el momento de la detención, inconformidades con las medidas cautelares y la ocupación de bienes, así como discrepancias con las sanciones impuestas o preocupación con los procesos que involucran a algún menor.
Sobre las quejas por excesos cometidos por los agentes del orden aseguró que "no han sido representativas dentro de las reclamaciones".

No obstante, las redes sociales y testimonios publicados por la prensa independiente muestran casos de violencia policial, que la Fiscalía está obligada a investigar, incluso si el número de quejas presentadas no resulta representativo para el órgano encargado de velar por el cumplimiento de la Constitución y las leyes.

Por otra parte, Fuentes Guzmán afirmó que se siguen evaluando los hechos, individualizando la participación de cada uno de los acusados y qué material probatorio existe, "unido a la observancia de todas las garantías y derechos de las personas, contemplados como parte del debido proceso".

Agregó que a algunos se les han impuesto sanciones administrativas, se han modificado medidas cautelares de prisión provisional, y se ha mantenido esta medida en aquellos casos de mayor gravedad.
Otros ciudadanos, tras las investigaciones, han quedado en libertad sin cargos, en tanto prosiguen aquellos procesos relacionados con los delitos más graves.