A dos años de la corta, pero histórica marcha convocada de manera independiente por la comunidad LGTBI cubana tras la suspensión de la Conga contra la Homofobia y la Transfobia por el CENESEX, el Instituto Race and Equality realizó el evento Activismo LGTBI en Cuba: avances y desafíos a dos años del histórico 11M.
Además de activistas cubanos por los derechos LGTBIQ, participaron Flavia Piovesan, Relatora para los Derechos de las Personas LGBTI de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y Víctor Madrigal-Borloz, experto independiente sobre la Protección contra la Violencia y la Discriminación por Motivos de Orientación Sexual y de Identidad de Género.
También estuvo presente el director de Race and Equality, Carlos Quesada, quien llamó la atención sobre la coyuntura "preocupante" en que se enmarca el evento: las violaciones a los derechos de libertad de expresión y asociación, especialmente a quienes apoyan al Movimiento San Isidro, desde finales del año pasado, y el incumplimiento del cronograma legislativo a dos años de entrada en vigor de la nueva Constitución, en particular lo relativo a derechos humanos.
La participación de personas heterosexuales de la oposición fue una ganancia
El biólogo y activista Isbel Díaz considera que el suceso "dio forma a una comunidad LGBTIQ que previamente no existía como comunidad, sobre todo como una comunidad autónoma, en el sentido del poder de auto convocatoria, auto organización y de expresión, por fuera de los canales que establece el Gobierno".
La participación de personas heterosexuales vinculadas a la oposición todavía hoy resulta polémica dentro del colectivo LGBTIQ cubano. Para Díaz, constituyó "una ganancia", pues aumentó la diversidad de actores que demandan beneficios para la comunidad. Por otro lado, la oposición tiene "una experiencia de protesta públicas, de establecimiento de demandas" y "dosis de valentía, que parece algo subjetivo, pero es importante a la hora de presentar demandas al Gobierno".
El activista señaló también que muchas personas cercanas a las políticas del Gobierno cubano, como Luis Alberto García, Ulises Toirac, Haydeé Milanés, Silvio Rodríguez y Vicente Feliú mostraron solidaridad hacia los participantes en la marcha y criticaron la represión policial.
Esta represión comenzó antes de la marcha, con el secuestro de Jimmy Roque, Juana Mora, Adonis Milán y el propio Isbel Díaz. Estas personas permanecieron detenidas por casi 24 horas y no pudieron participar en la marcha. El hostigamiento se mantiene incluso hoy sobre activistas como Raul Soublett, Jancel Moreno y Mel Herrera.
Isbel Díaz elaboró el capítulo dedicado al activismo LGBTIQ cubano dentro del Informe sobre derechos humanos y movilización de la sociedad civil durante 2017-2020.
Su amor no hace daño, tu odio sí
Los activistas Esteban Ajetes, actual presidente de la Liga de Campesinos Independientes, y Katia Hernández, de la Federación de Mujeres Rurales de Cuba, no son parte de la comunidad LGBTIQ, pero dos de sus hijos sí. Por eso conocen de cerca la discriminación que enfrenta este sector poblacional.
Ambos son autores del informe Su amor no hace daño, tu odio sí, que refleja violaciones de derechos sufridas por miembros del colectivo LGBTIQ y el incumplimiento de obligaciones por parte del Estado cubano.
El documento, elaborado a partir de 15 testimonios recogidos en Pinar del Río, aborda el derecho a la igualdad y no discriminación, el derecho al trabajo y la participación en la vida pública y política, explica Hernández. Aunque estos derechos están garantizados en la Constitución cubana, las entrevistas mostraron que los miembros de la comunidad LGBTIQ sufren constantemente su vulneración, debido a su orientación sexual e identidad.
"Muchos de los entrevistados se encontraban en desempleo y quienes sí tenían trabajo informaron dificultades para escalar a mejores puestos. Además, varios fueron despedidos por hacer pública su orientación sexual", explica Ajetes, quien espera que el informe contribuya a erradicar las violaciones de derechos humanos contra la población LGBTIQ en Pinar del Río.
La intervención de la abogada y activista por los derechos de la comunidad LGBTIQ y de las mujeres Lidia Moreno, muestra que el Gobierno cubano ha priorizado la aprobación de normas de su interés dentro del Cronograma Legislativo para la legislatura hasta 2023, e incluso aprobó 14 decretos leyes no previstos en 2020, mientras otras normas que sí estaban previstas fueron pospuestas.
Entre las normas postergadas, la abogada menciona la Ley de reclamación de derechos constitucionales ante los tribunales, la Ley de Asociaciones y el Código de las Familias, que, destaca, "es la única de las normas programadas que será sometida a consulta y referendo popular".
La activista considera preocupante el aplazamiento hasta 2028 de la Ley de identidad de género, "porque las personas trans están colocadas en una situación de vulnerabilidad demostrada en varias investigaciones realizadas por activistas y por el Centro de Educación Sexual (CENESEX)".
Entre otros resultados arrojados por las investigaciones, Lidia Moreno menciona las dificultades para acceder a puestos de trabajo y de dirección, y el acoso laboral y escolar. A esto se suman los problemas creados por la pandemia, que ha obstaculizado el acceso a tratamientos hormonales a personas trans de otras provincias, pues estos solo se brindan en La Habana.
El informe "Transitando el silencio", sobre la situación de las mujeres trans en Cuba, elaborado por la Alianza Manos, organización de la sociedad civil, puede descargarse aquí.
La libertad de expresión es la piedra angular de las democracias
La relatora Piovesan y el experto independiente Madrigal-Borloz expresaron su solidaridad con la sociedad civil cubana y pusieron de manifiesto las dificultades para obtener información sobre la situación de derechos humanos en Cuba, ya que el Estado no autoriza las visitas in loco de relatores especiales. Por ello, deben obtener información a través de otros organismos internacionales, artículos de la prensa oficial y la prensa independiente, así como informes elaborados por la sociedad civil.
"Con estas fuentes es que la Comisión, el año pasado, adoptó el Informe País sobre la Situación de Derechos Humanos en Cuba", explicó la relatora. "Nos llegaron denuncias muy graves de violencia, discriminación, restricciones a derechos de reunión, asociación, libertad de expresión. Para el sistema interamericano, la libertad de expresión es la piedra angular de las democracias", agregó.
Pese a los obstáculos, la relatora afirmó tener esperanzas "en la sociedad civil, en su protagonismo, en su lucha" y enfatizó que "Víctor y yo estamos aquí siempre, enfatizando que nuestros mandatos son al servicio de la causa".
