La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió al Gobierno cubano que la Convención Americana sobre Derechos Humanos prohíbe cualquier forma de trabajo forzoso, en referencia a sus "misiones médicas" en el extranjero.
El informe anual de 2020 de ese organismo multilateral referido a la Isla consideró que "las alegaciones relacionadas con el personal cubano en el extranjero podrían elevarse como manifestaciones de trabajo forzado u obligatorio" y recordó a La Habana que el Estado cubano ratificó en 1953 y 1958, respectivamente, los convenios 29 y 105 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre trabajo forzoso y su abolición.
La CIDH indicó además de los "mecanismos de Naciones Unidas han expresado su preocupación por la alegada explotación de personal médico cubano en el extranjero, y que pudieran constituir trabajo forzado", en referencia al informe del 6 de noviembre de 2019 enviado al Gobierno de Cuba por la Relatora Especial sobre la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños, y por la Relatora Especial sobre las Formas Contemporáneas de la Esclavitud, Incluidas sus Causas y Consecuencias.
"El informe hace referencia a distintas alegaciones que indican abusos y violaciones de derechos humanos cometidos por el Estado cubano contra su personal de salud asignado en el exterior", prosiguió la CIDH, que indicó que entre los hechos reunidos por las relatoras están "el pago por parte del personal médico de entre el 75% y el 90% de su salario al Gobierno cubano"; "jornadas laborales de hasta 64 horas semanales"; "acoso sexual en contra de mujeres médicas"; así como "castigo frente a 'deserción' de la misión por tres a ocho años de prisión".
"Asimismo, se alega que aunque la participación en las misiones internacionales sería de naturaleza voluntaria, muchos médicos se sienten presionados para acogerse a dichas misiones, al temer represalias por parte del Gobierno de Cuba en caso de no participar", agregó el informe, que subrayó que la organización Human Rights Watch (HRW) "también se ha pronunciado en este sentido".
La Habana rechaza las múltiples acusaciones contra sus "misiones médicas" y las califica como calumnias, mientras subraya el presunto carácter humanista que las motiva. No obstante, evita mencionar los ingresos que le reporta y en qué los invierte, mientras el sistema sanitario local está en una de sus peores crisis en más de medio siglo y los medicamentos más elementales escasean en las instituciones donde se atienden los cubanos simples.
Para contrarrestar las críticas, desde 2020 ha activado un campaña internacional apoyada por supuestos "grupos de solidaridad" y políticos del mundo para conseguir la nominación de la Brigada Henry Reeve, la elite de sus "misiones", al Premio Nobel de la Paz. Hasta el momento, sin éxito.
En 2020, la ONG Cuban Prisoners Defenders hizo público el proceso penal de ampliación llevado ante la Corte Penal Internacional (CPI) denominado "622 doctores cubanos contra el Gobierno cubano".
El proceso, apoyado en un extenso y documentado informe que fuera entregado a Naciones Unidas y a la CPI, reúne el testimonio de 622 profesionales cubanos que formaron parte de las "misiones internacionalistas" de La Habana y revela múltiples irregularidades y vulneración de derechos que en ellas sufren.
La CIDH subrayó en su informe que "los profesionales de la salud también han sido víctimas de persecución y censura por parte del Estado, como represalia por sus publicaciones en redes sociales".
Como ejemplo, menciona varias denuncias, entre ellas la del enfermero Pedro Ariel García Rodríguez, quien denunció haber sido forzado a renunciar al Instituto Nacional de Oncología y Radiología de La Habana tras negarse a borrar sus publicaciones en Facebook.
