Abusados en las 'misiones' y castigados en el exilio: hablan los médicos cubanos que eligieron la libertad

Amaya Tabraue Silverio había decidido no regresar a Cuba cuando viajó a Venezuela como parte de la "misión médica" del Gobierno de la Isla en ese país. Sin embargo, nunca imaginó que la situación de los profesionales exportados fuera tan difícil como la que padeció.

"Podría escribir un libro de cosas", dijo a DIARIO DE CUBA desde su actual residencia en EEUU.

"Decidí abandonar la misión desde el mismo momento en que la acepté: era mi única forma de escapar de la agonía que es vivir en Cuba. Mi abuelo fue preso político, lo acusaron por tráfico de dólares y estuvo preso muchos años; mi familia sufrió las consecuencias toda la vida. Mi padre estuvo sancionado en la escuela y amonestado públicamente cuando salió la noticia pública de que mi abuelo estaba preso; a mi tía no le permitieron estudiar en la universidad de Santa Clara; a mi tío lo quisieron expulsar muchos años después de la universidad, y tuvo que irse a la Habana para poder terminar su carrera", recordó.

Por esa razón Tabraue Silverio creció entre registros de la Policía y represalias contra su familia. "Recuerdo despertar por la mañana y mis padres estaban sentados en la sala de la casa sin poder moverse hasta que terminaran de revisar todo. En total fueron 12 registros. Decomisaron joyas, dinero, comida —carne de res, prohibida en ese entonces—, y siempre se llevaban a alguien preso".

"Crecí con mucho que decir y reclamar, pero pocas oportunidades de hacerlo. Por lo que siempre tuve claro que no quería vivir en Cuba bajo ese régimen", aseguró. 

La joven villaclareña llegó en 2010 a Caracas, mientras todavía cursaba el sexto año de la carrera de Medicina. Las autoridades de la "misión médica" la ubicaron en el Centro de Diagnóstica Integral (CDI) Amelia Blanco, donde trabajó durante un año.

"Luego volví a Cuba a graduarme y dos meses después estaba de vuelta en Venezuela, esta vez en Barinas, en un lugar llamado La Caramuca. Estuve dos meses hasta que un amigo venezolano me ayudó a escapar, en noviembre del 2011", contó.

En su primer año de trabajo las autoridades cubanas le pagaban solamente 2.500 bolívares al mes, una suma que en esa época estaba por debajo del salario mínimo. "En Cuba nunca me depositaron ni un dólar, porque como fui en condición de estudiante y no de médico, aunque sí trabajé como médico, no tenía derecho a ese dinero", señaló.

Tabraue Silverio sufrió hostigamiento y vigilancia por entrar en contacto con tíos suyos residentes en Caracas. "Comenzaron a amenazarme con mandarme para Cuba si los volvía a ver, me acusaron de 'problemática' y me asignaron a una profesora que era bien estricta y además era la presidenta del Partido Comunista de Cuba (PCC) en esa brigada, todo como castigo para mí".

"La secretaria del director del CDI un día se acercó y me dijo que me iba a cambiar de dormitorio para uno cerca de ella, para así poder vigilarme. Además, me dijo que ella me velaba desde el techo del edificio cuando yo salía a la calle a caminar, y que me cuidara".

"A la estudiante que vivía conmigo también la amenazaron para que diera información sobre mí y les dijera todo lo que yo hacía. Me sentía morir con todo esto, pero más que nunca reafirmé que estaba en lo correcto al querer venir a los Estados Unidos", evocó. 

No fueron estas las únicas experiencias de privación de derechos que padeció la doctora. El edificio donde fue alojada, el  Amelia Blanco, había servido como centro comercial hasta que después del "Caracazo" en 1989 quedó abandonado y terminó convertido en un basurero.

"Los últimos pisos, que habían sido parqueo, se quedaron llenos de basura, y los dos pisos de arriba los habían habilitado para ser el CDI. Yo vivía en el parqueo, en un cuartico con una puerta de hierro y un candado. Tenía que bajar por la armadura de una escalera que alguna vez fue eléctrica; caminar entre la basura y convivir con las ratas más grandes que he visto en mi vida. Había poca luz, o casi nada. Me moría de miedo de bajar por ahí y caminar hasta llegar al cuarto, porque por más sol que hubiera, todo era oscuro".

"Dentro del cuarto se metían las ratas, en la cocina y en todos lados. Además de que prácticamente no teníamos con qué cocinar y casi ninguna condición para vivir. En el piso de abajo del parqueo y por la calle lateral quedaba el consultorio al que fui asignada y tenía que bajar por otras escaleras oscuras tres pisos y caminar por un pasillo oscuro hasta llegar al consultorio, que también era parte del mismo edificio. Solo le pedía a Dios que me protegiera cada día y que no permitiera que me pasara nada", recordó. 

Pero las anécdotas incluyen además episodios en los que, haciendo su trabajo, tanto ella como otros integrantes de la "misión" sufrieron actos de violencia.

"Recuerdo que una mañana una compañera de trabajo había bajado a donde yo vivía a lavar y estaba tendiendo su ropa, cuando fue apuntada en la cabeza con una pistola por un venezolano que estaba escapando de algo y le pidió que lo sacara de allí por la entrada principal. Esto, dentro del mismo CDI donde vivíamos".

En otra ocasión, un niño con una broncoaspiración falleció mientras era atendido. No obstante, varias personas encañonaron a los médicos y enfermeras para que insistieran en revivirlo.

"Recuerdo un día en que llegó un baleado, y la persona que le había dado el tiro fue a rematarlo. Acabaron con todos los muebles, equipos médicos y lo que encontraron en el camino", relató.

"Los más viejos en la misión te acosaban a cambio de favores, de escribir un correo a la familia, o de ayudarte o protegerte de algo. Tratando de acostarse con la carne fresca que llegaba a mi 'misión'...", denunció.

La familia, otra víctima del mecanismo represivo del régimen

La experiencia del espirituano Manoreys Rojas Hernández no es diferente. Este licenciado en Traumatología y Ortopedia, natural del municipio La Sierpe, trabajó en Ecuador entre julio de 2015 y diciembre de 2016, cuando se acogió al Cuban Medical Profesional Parole y consiguió una visa para irse a EEUU.

Rojas Hernández, pese a su especialidad, fue colocado para trabajar en un programa de atención integral a pacientes con úlcera del pie diabético. "Era algo para lo que no estaba capacitado, y me tocó prepararme. A pesar de eso, en el primer año del programa, de los cinco que trabajábamos en él yo fui el reconocido porque era el que más pacientes había atendido y más procederes había hecho".

Sin embargo, durante el segundo año de labor se ausentó un día, precisamente para presentar sus documentos ante el Consulado de EEUU en Guayaquil. "Dos días después, como sanción, me dicen que recoja todas mis cosas, que regreso a Cuba. Eso, sin saber que había solicitado una visa, sino por haber faltado un día, por una indisciplina. Les dije que no me iba, así que me tuve que quedar ilegal en Ecuador. Me amenazaron con cancelarme la visa, pero me mantuve firme".

También en ese periodo de trabajo Rojas Hernández presenció y padeció diversas violaciones laborales y de derechos. 

"Las viviendas escogidas por el Gobierno cubano son en la mayoría de los casos en los lugares más inseguros, que son los más económicos, ya que son ellos quienes cubren ese gasto. En el caso de Ecuador, nos decían que tenían hasta 200 dólares para rentar, así que lo hacían en los lugares más peligrosos de la ciudad".

"Yo me mudé bajo mi responsabilidad a una nueva vivienda, porque me sentía inseguro, además de que había presenciado un robo en el lugar donde había vivido. Pero a un muchacho de Pinar del Río que era laboratorista le robaron todo. Los jefes de la 'misión' no me quisieron pagar la nueva vivienda por espacio de dos meses y tuve que hacerlo con mi estipendio, que era de 700 dólares, si bien el salario por el que habíamos firmado contrato con el Gobierno ecuatoriano era de 2.645 dólares para los licenciados y alrededor de 3.860 para los especialistas".

Rojas Hernández estuvo ubicado en el Cantón Machala, provincia de Loro, cerca de la frontera con Perú. "Nos prohibían ir a hacer compras a la frontera, e incluso trabajar o hacer cualquier tipo de actividad que no fuera para la que habíamos ido, aunque lo hiciéramos después de la jornada laboral. Prácticamente todo el tiempo de la 'misión' nos retiraron el pasaporte, y digo prácticamente porque en una ocasión nos lo dieron para que renováramos la visa, algo que hicimos de forma personal".

Tras su primer año en Ecuador, el espirituano fue a Cuba de vacaciones. "Al volver ya tenía la idea de abandonar la 'misión', producto de la situación que vi en Cuba. Mis compañeros de Ecuador, un país del Tercer Mundo como el mío, llevaban una vida holgada, viajaban de vacaciones a EEUU, mientras que yo en Cuba tenía hasta que vender pescado por las calles para poder subsistir. Me dije que eso no lo quería para mí".

Pero tras irse a EEUU el Gobierno cubano le impuso el mismo castigo que aplica a miles que como él abandonan las 'misiones": ocho años de separación familiar, de prohibición de entrada a Cuba.

En el caso de Rojas Hernández, la represalia contra él se ha convertido en tragedia para su familia en la Isla.

"Cuando salí de Cuba mis niños, una hembra y un varón, tenían siete y tres años. A los dos años de estar acá, en febrero de 2018, mi niña hizo un intento de suicidio producto de haber desarrollado un trastorno de la personalidad cuya aparición está relacionada con la ausencia parental. Ese fue el diagnóstico que le dio la doctora. Es decir, ha sido tan grande el daño que llevó a mi niña al borde de la muerte, por lo que hoy tiene que usar tratamiento psiquiátrico", contó.

"Luego de saber la noticia de que mi niña estaba hospitalizada, aunque sin saber la razón, viajé a Cuba el 26 de febrero de 2018. Estando en el aeropuerto de La Habana, con mi pasaporte regular, el azul, el Gobierno no me dejó salir del aeropuerto. Pero tampoco me dejaron hacer una llamada telefónica. Estuve más de diez horas incomunicado, sin saber de mi hija. Me retornaron a Miami".

"Posteriormente mi madre hizo una solicitud de visa humanitaria en mi nombre en Cuba y le fue negada. Desde EEUU, a través de unos abogados, hice una segunda solicitud y también me fue negada. A mi mamá se le han acercado para decirle que me aconseje que deje de manifestarme en los medios, cosa que he hecho asiduamente, o no podré volver a entrar jamás a Cuba".

Las presiones también llegaron a la doctora que atiende a la niña de Rojas Hernández. "La forzaron a cambiar parte del diagnóstico en la historia clínica de mi niña cuando hice la primera solicitud. La propia doctora le confesó a mi mamá que no podía hacer nada más, porque la Seguridad del Estado se le había acercado para presionarla y hacer que le dijera a mi mamá que me aconsejara callarme la boca."

Pese a ello, Rojas Hernández no hace silencio. El suyo fue uno de los testimonios presentados por la organización Cuban Prisoners Defenders a la Corte Penal Internacional en septiembre, como parte del proceso denominado "622 doctores cubanos contra el Gobierno cubano".