Amnistía Internacional (AI) publicó este miércoles su informe 2020-2021 sobre el estado de los derechos humanos en el mundo, en el que la organización denunció la escasez de alimentos en Cuba en medio de la continua represión del régimen a "todas las formas de disidencia".
AI condenó el encarcelamiento a artistas independientes, periodistas y miembros de la oposición política en la Isla.
Sobre el "derecho a la alimentación", la organización señaló que durante todo el periodo analizado "hubo noticias de escasez de alimentos y otros bienes básicos, lo que llevó a que altos cargos del Gobierno pidieran a la población cubana que cultivara más alimentos para consumo propio".
"En septiembre, el artista grafitero conocido como Yulier P. pintó una inquietante imagen de alguien comiendo sus propios huesos en las calles de La Habana. Pese a las recomendaciones de la ONU de suspender las sanciones a fin de garantizar el acceso a alimentos y suministros médicos esenciales para responder adecuadamente a la pandemia de Covid-19, Estados Unidos siguió imponiendo su embargo económico al país", señaló Amnistía Internacional.
Acerca de la represión a la disidencia, AI citó el caso de José Daniel Ferrer García, líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), encarcelado en octubre de 2019 y juzgado el 26 de febrero "en un proceso empañado por irregularidades".
Condenó que las autoridades cubanas impidieron que la prensa, la Unión Europea y Amnistía Internacional observaran el juicio.
Asimismo, el informe recogió "las noticias sobre periodistas independientes multados por informar sobre Covid-19".
"Su impacto en el país dio lugar a que se pidiera al presidente Miguel Díaz-Canel que adoptara medidas inmediatas para garantizar la libertad de prensa", señaló.
"La sociedad civil y algunos periodistas también expresaron durante el año su preocupación por que el Decreto-Ley 370, relativo a la libertad de expresión en la web, parecía reforzar la red de control y censura digital del Gobierno cubano, especialmente durante la pandemia", añadió el documento.
Mencionó el caso de la periodista independiente Camila Acosta, que en marzo estuvo detenida durante varias horas y fue multada por difundir información en Facebook. En septiembre fue detenida de nuevo y amenazada con ser procesada por protestar contra el Decreto-Ley 370.
También se refirió a Roberto de Jesús Quiñones Haces, de 63 años, periodista independiente, quien fue excarcelado en septiembre pasado.
Amnistía Internacional denunció que Quiñones fue juzgado en 2019 y condenado a un año de prisión por "resistencia" y "desobediencia" a causa de su trabajo como periodista.
"Amnistía Internacional, ARTICLE 19, el Instituto para el Reportaje de Paz y Guerra, y el Comité para la Protección de los Periodistas pidieron reiteradamente su liberación, teniendo especialmente en cuenta el mayor peligro que corría en caso de contraer el Covid-19 por tener patologías previas y más de 60 años", precisó el informe.
El documento también sostuvo que "a lo largo del año, las autoridades acosaron e intimidaron a miembros del Movimiento San Isidro, compuesto por artistas, poetas, activistas LGBTI, intelectuales y periodistas independientes", que estuvieron "en la primera línea de la lucha contra el Decreto 349, una ley diseñada para censurar a artistas".
Para AI, "las acciones de las autoridades simbolizaban la constante represión en Cuba del derecho a la libertad de expresión en el país".
La organización recogió en su informe las múltiples detenciones de Luis Manuel Otero Alcántara, y subrayó la acusación contra él, de "insultos a los símbolos de la patria" (artículo 203 del Código Penal), "un delito que no se ajusta al derecho y las normas internacionales de derechos humanos".
"En noviembre, el Movimiento San Isidro atrajo la atención internacional cuando algunos de sus miembros se pusieron en huelga de hambre para exigir la liberación del rapero Denis Solís González, condenado a ocho meses de prisión por 'desacato', delito que tampoco se ajustaba a las normas internacionales de derechos humanos", añadió.
El informe señaló que "tras una redada policial en la sede del movimiento en La Habana Vieja (llevada a cabo, según la prensa oficial cubana, por presuntos incumplimientos de los protocolos de salud relativos a la Covid-19), las autoridades pusieron de nuevo a Luis Manuel Otero Alcántara bajo custodia durante varios días y detuvieron a la intelectual Anamely Ramos González durante aproximadamente 12 horas".
El reporte destacó que "en respuesta a la redada, el 27 de noviembre cientos de artistas e intelectuales organizaron una insólita protesta ante el Ministerio de Cultura y consiguieron una audiencia igualmente insólita con el viceministro de Cultura".
"Durante aproximadamente dos semanas después de la reunión, algunos miembros del Movimiento, entre ellos Luis Manuel Otero Alcántara y Anamely Ramos González, y aproximadamente diez o más activistas y periodistas independientes, fueron sometidos a vigilancia constante y se exponían a ser detenidos por la policía y agentes de seguridad del Estado si salían de sus casas, lo cual constituye esencialmente un arresto domiciliario contrario al derecho internacional", concluyó Amnistía Internacional.
