"Es muy duro, no tienen idea de cuánto, soy yo solo peleando para ella y sus hijos." Así resume a DIARIO DE CUBA Freddie Nomihele Michel, esposo de la presa política Melkis Faure Hechevarría, la situación que enfrenta ante el encarcelamiento de esta madre de cinco niños. Miembro de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), esta mujer se ha negado a abandonar su activismo pese al ensañamiento del régimen.
Faure fue detenida el 6 de agosto de 2016 mientras realizaba una protesta junto a otra activista en el parque La Fraternidad, de La Habana. Sin saber que estaba embarazada realizó una huelga de hambre bajo arresto durante 46 días, y por falta de atención médica sufrió un aborto, según varias fuentes. Padece de hipertensión arterial con afectaciones al sistema de circulación sanguínea.
"Está más o menos", dice Nomihele, quien no puede realizar visitas a su esposa en prisión desde que comenzó la pandemia de Covid-19.
"Me llama cada dos días, habla con los tres hijos que están conmigo, pero desde que empezó el tema del coronavirus cero visitas. Hay que mandarle las cosas que necesita por otra vía", señala.
Faure tiene otros dos hijos que viven con sus abuelos; de ellos también se ocupa Nomihele.
La activista cumple una condena conjunta por dos procesos de seis años y siete meses de privación de libertad, por los delitos de desórdenes públicos, atentado y resistencia, fabricados por el Gobierno, según la UNPACU.
Actualmente está en Ceiba Cuatro, un campamento de trabajo del Ministerio del Interior en La Habana. La sanción impuesta por el tribunal se cumple el 18 de febrero de 2023.
"Le han denegado en tres ocasiones su libertad. Está pasada de la condicional, y las autoridades carcelarias lo que dicen es que ellos no disponen de su libertad, que es la Seguridad del Estado", cuenta el esposo de Faure, quien ha denunciado los castigos y cancelaciones de derechos que ha sufrido su pareja.
Según abogados consultados por DIARIO DE CUBA, Faure está siendo calificada como interna de tratamiento especial, debido a su posicionamiento político de confrontación con el régimen. Las autoridades se amparan para ello en el apartado dos del Artículo 20 del Reglamento del Sistema Penitenciario cubano. Esto les permite actos de mayor severidad, discriminación y castigo diferenciado.
En su ensañamiento, el régimen ha hecho oídos sordos ante las medidas en favor de esta prisionera dictadas por el Grupo de Trabajo Sobre la Detención Arbitraria de la ONU a propuesta de la organización Cuban Prisoners Defenders.
600 kilómetros como castigo
Otra mujer tras las rejas en Cuba por motivos políticos es Aymara Nieto Muñoz. Su situación también fue denunciada por el Grupo de Trabajo Sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas, que demandó al régimen su inmediata liberación y una indemnización por daños y perjuicios.
Nieto Muñoz, Dama de Blanco y miembro de la UNPACU, participó junto a su esposo y otro activista en una protesta ante el papa Francisco en la Plaza de la Revolución de La Habana en 2015. El 12 de julio de 2016, esos activisas fueron llevados a prisión por un año, debido a un supuesto delito de desorden público.
Muñoz fue liberada el 11 de julio de 2017. Continuó con su activismo y el 6 de mayo de 2018, al salir de su vivienda, fue detenida junto a otras dos Damas de Blanco. Fue golpeada por una policía de uniforme, trasladada a prisión y acusada de los delitos de "atentado y daños".
Cumple condena de cuatro años de cárcel desde ese día. Primero fue enviada a la Prisión Provincial de Mujeres El Guatao, en La Habana, pero posteriormente fue trasladada a Manatí, Las Tunas, a más de 600 kilómetros de su familia.
Lleva encerrada más de la mitad de su sentencia en una situación que su esposo, Ismael Boris Reñí, describe como "terrible", agudizada por la pandemia de Covid-19.
"El sufrimiento de las niñas por el encarcelamiento de su madre es indescriptible, me preguntan constantemente por ella", dice.
La comunicación con la familia ha sido irregular. Nieto ha estado castigada en aislamiento y sin derecho a llamadas telefónicas en varias ocasiones. Hace ya más de un año que sus hijas pequeñas no pueden verla.
Los abogados consultados por DIARIO DE CUBA coinciden en que la opositora es víctima de un proceso de discriminación dentro del sistema penitenciario y que se violan los derechos carcelarios previstos en el Artículo 64 del Reglamento de las Prisiones.
"No puede acceder a información fundamental sobre la situación legal que le afecta ni conocer a cabalidad sus derechos y beneficios. Cancelan visitas familiares, conyugales y de amistades bajo el argumento de que no influyen de manera positiva en el cumplimiento de condena. No le permiten recibir la totalidad de los productos y artículos autorizados que le son enviados por sus allegados. Establecer quejas, peticiones o denuncias, no se le valora como derecho, sino como indisciplina grave, y se consideran motivos para restarle beneficios que le corresponden por justicia y ley", señalan.
A Nieto Muñoz también se le ha privado del derecho de progresar hacia un régimen carcelario de menor rigor, de rebaja de condena por años cumplidos y de ser beneficiada con alguna forma de excarcelación, como la condicional.
Bajo esta categoría salió de prisión el martes otra prisionera política cubana, Keilylli de la Mora Valle, quien cumplió la mitad de la condena impuesta el pasado 4 de marzo.
Fue condenada a un año y seis meses de prisión por resistencia, desobediencia, desacato y propagación de epidemias, y conducida a la prisión de Mujeres Sabana Miguel, en Cienfuegos, donde intentó suicidarse en varias ocasiones. También recibió medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Resistencia, desobediencia, desacato, atentado y, en tiempos de pandemia, propagación de epidemias, son cargos que el régimen utiliza rutinariamente para encarcelar opositores.
Dónde está la FMC y el enfoque de género en las prisiones cubanas???
Verguenza...