Una delegación del Gobierno de Cuba reclamó el lunes ante las Naciones Unidas no llamar defensores de derechos humanos a los que el régimen califica y trata como "delincuentes o mercenarios".
Así se pronunció en el Diálogo Interactivo con la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos, en el 46 período ordinario de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, en Ginebra, Suiza, recogió la oficial Agencia Cubana de Noticias (ACN).
Según el régimen, "en Cuba son miles las personas que a diario defienden los derechos humanos en diversos ámbitos, quienes cuentan con todo el apoyo y reconocimiento del Estado". En este grupo no se encuentran aquellos activistas y miembros de la sociedad civil que lo confrontan y son blanco de represión constante.
Para la delegación diplomática cubana, hay que "revertir" lo que consideró "peligrosa tendencia que ha intentado imponerse en periodos anteriores, de adjudicar el noble calificativo de defensor de derechos humanos a delincuentes o mercenarios al servicio de potencias extranjeras".
Con este mismo discurso arremete en medios oficiales contra periodistas, artistas y otras personas que han pedido libertades de creación y expresión y el cese del hostigamiento a las iniciativas independientes a raíz de los sucesos del 27 de noviembre de 2020 frente al Ministerio de Cultura.
En palabras de los funcionarios cubanos, llamar defensores de derechos humanos a actores independientes cubanos "pervierte la categoría de defensores, y es una ofensa a la memoria de los que arriesgan y pierden su vida en todo el mundo por su trabajo en el área de derechos humanos".
Se quejó de que el sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas "sea empleado por algunas organizaciones o individuos para intentar legitimar campañas de manipulación políticamente motivadas".
"Cuba reitera su compromiso de cooperación con la Relatora, como siempre hemos hecho, y su disposición a contribuir a que el mandato supere las deficiencias y errores que han lastrado su funcionamiento y credibilidad en el pasado", dijo la delegación de un Gobierno que es acusado precisamente por violar los principios de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
En el XIV Congreso de Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal, que se desarrolla en Kioto, Japón, del 7 al 12 de marzo, otra delegación de La Habana se quejó de lo que calificó "injusta y arbitraria inclusión de Cuba en la lista de Estados patrocinadores del terrorismo de Estados Unidos".
"Somos un Estado víctima de actos terroristas perpetrados durante años por el gobierno norteamericano o por individuos y organizaciones que operan desde ese territorio con tolerancia de las autoridades", dijeron los representantes cubanos, publicó la web del Ministerio de Relaciones Exteriores, CubaMinrex.
Pese a ser señalado por organizaciones internacionales por la falta de independencia de su sistema judicial, el Gobierno cubano dijo que en la Isla "hay firme voluntad política que permite desarrollar un sistema de justicia penal eficaz, imparcial, participativo y humano que se sustenta sobre las normas del debido proceso legal".
Para la delegación del régimen, entre las causas estructurales que conllevan a la ejecución de delitos se encuentran la pobreza, el subdesarrollo, la exclusión social y la falta de oportunidades que prevalecen en la inmensa mayoría de los países, debido al actual injusto orden económico internacional.
Dijo que "se debe trabajar en armonizar las leyes y los sistemas penales para la prevención y enfrentamiento a la corrupción, la trata de personas, el tráfico de migrantes, el tráfico de armas, sus piezas y componentes y al tráfico, producción y consumo de sustancias prohibidas, en pleno respeto a las legislaciones nacionales y a la soberanía de los Estados".
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