El activista político Eliécer Bandera Barrera, miembro de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) cumplirá los últimos diez meses de su condena por el delito de peligrosidad social predelictiva en su casa tras haber recibido el pasado 21 de agosto la libertad condicional.
En una reciente conversación con Radio Televisión Martí el activista recordó que el delito por el cual lo sancionaron fue "fabricado", pues las autoridades crearon un papel que decía que él era alcohólico y no trabajaba, lo que calificó como una mentira.
Bandera Barrera es uno de los siete prisioneros cubanos sobre los que la Organización de Naciones Unidas (ONU) pidió la liberación inmediata a inicios del mes de junio. Además, la ONG Amnistía Internacional lo declaró prisionero de conciencia en el verano de 2019.
El activista afirmó que tras ser liberado le entregaron unos documentos que decretan un cambio de medidas, pues aún le quedan diez meses por cumplir de su condena.
Mientras tanto, debe presentarse periódicamente en el sector de la Policía de su localidad, lo que considera "un mensaje" de las autoridades para que sepa que no lo han perdido de vista.
Durante los cuatro años que estuvo encarcelado en Mar Verde, una prisión ubicada en Santiago de Cuba, dijo que fue colocado en la "fase cerrada", a pesar de que el delito por el que fue juzgado no implica ese tipo de confinamiento.
En la conversación que sostuvo con el medio estadounidense, Bandera Barrera confesó que presenció numerosos abusos, pues los carceleros "ordenan a los presos denominados 'disciplina' que golpeen, maltraten y hostiguen a los encarcelados".
De acuerdo con su testimonio, ese tipo de abusos son frecuentes con los prisioneros políticos, pues quienes lo ejecutan "cumplen ordenes de la Seguridad del Estado".
Bandera Barrera fue arrestado en septiembre de 2016, poco después de visitar la sede de la UNPACU en Santiago de Cuba. En principio fue condenado a cuatro años de prisión, pero en marzo de 2017 recibió una condena adicional por diez meses de cárcel.
El primero de los veredictos, según la UNPACU, se debe a que el activista filmó las condiciones en que laboraban los presos de un centro de trabajo forzado al que tuvo acceso. El segundo fue por negarse a integrar el programa de "reeducación carcelaria".
El delito de peligrosidad predelictiva, por el que le impusieron cuatro años de prisión, plantea que un ciudadano, sea por factores como la desvinculación laboral, porque lo consideren un elemento desafecto dentro de su comunidad, o porque se reúna con lo que llaman elementos antisociales, representa un peligro para la sociedad, de ahí que lo puedan llevar a prisión para evitar que cometa un delito
Se trata, desde luego, de una ley típica de un Estado totalitario, pues les brinda capacidad a las instituciones de negar selectivamente el empleo a opositores para luego acusarlos de predisposición al delito.
