Bajo permanente amenaza de desalojo: así viven tres familias cubanas en San Miguel del Padrón

Desde hace dos años tres familias cubanas que viven en la barriada de San Francisco de Paula, en el municipio habanero de San Miguel del Padrón, no tienen sosiego. Las autoridades del municipio les han informado que las viviendas donde viven —ubicadas en un mismo terreno, pero cada una con entrada independiente— quedaban decomisadas porque a uno de sus habitantes le encontraron droga dentro de una de ellas.

Para ese procedimiento las autoridades utilizan el Decreto Ley 232 de 2003, el cual expresa que si se encuentra droga en una vivienda esta puede ser objeto de decomiso.

Esta orden de desalojo tiene su origen en junio de 2017, cuando a Damián Canales Roque, hijo de la arrendataria del terreno, Consuelo Roque Aragón, le ocuparon veinte pequeños envoltorios de marihuana dentro de su vivienda, razón por la que cumple una condena de ocho años de cárcel por tráfico de drogas. 

Las familias afectadas —que suman 18 personas, entre ellas cinco menores de edad— expresaron su total desacuerdo con la orden de desalojo y aseguraron a DIARIO DE CUBA que no tienen por qué pagar culpas ajenas.

"Nosotros no podemos pagar por el delito de nuestro familiar. Jamás durante el juicio se mencionó el tema de la confiscación, ni este aparece en la sentencia, pues la primera advertencia vinieron a hacerla a mediados de 2018, un año después de que mi cuñado fuera condenado", dijo Yusimí Borroto, una de las afectadas.

"En esa ocasión nos dijeron que debíamos irnos voluntariamente, oues de lo contrario seríamos sacados, pero eso me parece arbitrario e injusto, porque nosotros no tenemos nada que ver con eso, la mayoría desconocía, por razones lógicas, que él guardaba esa droga", agregó.

"A principios de este año vinieron con un camión para intentar sacarnos, pero nos resistimos y no pudieron llevarnos. Hemos reclamado tanto al Ministerio de la Construcción como al Gobierno del municipio de San Miguel, pero en ningún caso estas instituciones nos han dicho que pueden resolver nuestro problema", explicó Yudeisi Yanes, otra de las afectadas.

"El día 22 de junio fuimos citados varios de nosotros por la Policía para decirnos que debían proceder a desalojarnos, que la ley estaba para cumplirse y que no hiciéramos​ más denuncias por las redes sociales, porque   de todas maneras nos iban a sacar", contó Consuelo Roque, arrendataria del terreno donde están ubicadas las tres viviendas.

"Nos quieren enviar para Cambute, un albergue en condiciones deplorables que es prácticamente un lugar en ruinas, tiene condiciones peores que como vivimos. Es una injusticia muy grande, porque yo no pude hacerme propietaria de este espacio debido al peloteo y burocratismo de la Dirección de Vivienda", señaló Roque.

"Estamos decididos a no salir si vienen por nosotros. Tendrán que sacarnos por la fuerza, porque consideramos que es una gran injusticia lo que están haciendo con todos. Ni siquiera valoran que aquí hay niños y personas mayores", advirtió Yusimí Borroto.

Aunque las autoridades cubanas niegan que exista el desalojo y utilizan el eufemismo de "extracción forzosa" para referirse a estos procedimientos, lo cierto es que la práctica es muy común en la Isla por diversas razones.

Entre ellas están que las construcciones o asentamientos son considerados ilegales debido a su ubicación y nivel de improvisación, por encontrar drogas en la vivienda o por la creciente corrupción de un organismo como la Dirección Nacional de Vivienda, dado que existen denuncias de que las casas asignadas a personas albergadas durante años son vendidas por los funcionarios de este organismo. 

En los últimos años DIARIO DE CUBA ha publicado varios casos de desalojos o intento de desalojo por estos motivos, lo cual contradice abiertamente el discurso de las autoridades sobre la inexistencia de esas acciones punitivas en Cuba.