El Gobierno del municipio Cotorro, en La Habana, pretende desalojar en medio de la pandemia a unas 1.000 familias que han levantado con esfuerzo propio una comunidad en lo que antiguamente era el patio de la planta Antillana de Acero.
Se trata fundamentalmente de personas del oriente del país, traídos a La Habana para prestar servicios laborales y con la promesa de una vivienda, según el reporte de Delibera.
"Nadie que permita que le rompan nada", reclama una mujer en medio de un grupo de los habitantes que en días pasados recibieron a inspectores estatales.
