La periodista independiente Camila Acosta declaró que se resiste a pagar una multa de 3.000 pesos que le impuso el régimen el pasado mes de marzo amparado en el Decreto-Ley 370 que durante las últimas semanas a aplicado con más frecuencia sobre actores de la sociedad civil independiente por compartir información sobre la actual crisis del Covid-19 en Cuba.
"¡Plantados! El Decreto-Ley 370 es la censura disfrazada, es la fiscalización de la libertad de expresión", denunció en un post en su perfil de Facebook.
"Ni firmé la multa ni la pagaré, pues #InformarNoEsDelito", añadió.
Para la periodista de Cubanet, "solo uniéndonos para presionar al régimen cubano lograremos la derogación de la #LeyAzote y de todas las leyes dictadoras y, en definitiva, el fin de la dictadura en Cuba".
La joven fue citada por la Seguridad del Estado el pasado 26 de marzo. Al día siguiente, cuando se presentó a la estación de 7ma y 62, en Playa, La Habana, el represor Alejandro ordenó ponerle una multa de 3.000 pesos y decomisarle el celular por "violar" la mencionada normativa.
Bajo los mismos supuestos del Decreto-Ley han sido multados una docena de activistas y periodistas como Mónica Baró, uno de los casos que más repercusión ha tenido.
La normativa pretende silenciar a estos actores sociales en redes sociales. Se les acusa en algunos casos de "difundir, a través de las redes públicas de transmisión de datos, información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas".
Si lo que quiere la dictadura castrista es mala prensa internacional, que se atreva a encerrar a esta chica. Que terminarán haciendo el ridículo.