La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) celebró este lunes la audiencia "Graves violaciones de los derechos humanos en Cuba" en la que participaron Cubalex, el Instituto sobre Raza Igualdad y Derecho humanos, así como periodistas y directivos de medios de comunicación alternativos como DIARIO DE CUBA.
Para Pablo Díaz Espí, en este momento en Cuba las restricciones de viaje a activistas, artistas y periodistas independientes es la principal herramienta de represión que utiliza el régimen en contraposición a la política migratoria de 2013 establecida por el Estado.
"Hace un año, en la ciudad de Boulder, en una audiencia sobre la libertad de expresión, estuvo junto a mí el periodista Waldo Fernández Cuenca. Hoy, sin embargo, y siguiendo el lenguaje de las autoridades de La Habana, Fernández Cuenca se halla 'regulado', lo que significa que no puede salir del país", ejemplificó.
También citó los casos, entro otros muchos, de Eliécer Palma Pupo, Manuel Alejandro León Vázquez y Osmel Ramírez (con medidas cautelares) "a los que se les prohíbe viajar a reuniones, talleres, conferencias o eventos como este".
"Si bien en 2013 el Gobierno cubano informó de la flexibilidad de una política migratoria que supuestamente ahora permite a los cubanos entrar y salir del país con libertad, el incumplimiento arbitrario y discresional de esta Ley Migratoria es, hoy —junto a otras prácticas que enunciarán mis colegas—, la principal herramienta utilizada para coartar la libertad de expresión y dificultar el trabajo de los informadores".
Carlos Alejandro Rodríguez, de la revista Tremenda Nota, en representación de integrantes de la prensa independiente de Cuba, expuso la situación de hostigamiento que enfrentan sus colegas y los obstáculos para realizar su trabajo en la Isla.
"Somos sometidos a todas formas de coerción para forzarnos a abandonar nuestra labor, convertirnos en informantes o exiliarnos del país", denunció ante los comisionados.
"Hasta hoy el Gobierno mantiene bloqueados o censurados aquellos medios de comunicación que no puede regular. Nuestros medios pasaron de la alegalidad a la ilegalidad con el recién decreto impuesto que no permite medios que no compartan ideales políticos del régimen", añadió.
En respuesta a una pregunta desde la Comisión, Rodríguez aclaró que "la educación en Cuba es gratuita, pero solo si compartes los ideales de la 'revolución'. Por tanto, la libertad de pensamiento o expresión en contra de los principios políticos del Gobierno no son válidos y por esto efectivamente existe discriminación".
Por su parte, Norberto Mesa Carbonell, fundador de la Cofradía de la Negritud y activista afrodescendiente, denunció la situación de hostigamiento a las actividades pacíficas que realiza su organización y los actos de detención que ha sufrido.
"Hemos sido víctimas de un régimen violento que atenta contra los derechos humanos de los activistas. Prohibición al derecho a reunirnos pacíficamente, detenciones arbitrarias de corta duración, son algunas de las formas que el Gobierno utiliza para silenciar las voces", precisó.
Caitlin Kelly, autora del recién presentado informe de Raza e Igualdad, "Condenas premeditadas: un análisis de la situación de la administración de justicia en Cuba", llevó a la audiencia los casos del prisionero de conciencia Eduardo Cardet y del recién condenado periodista de Cubanet, Roberto Jesús Quiñones Haces.
"A pesar de una reforma constitucional y el cambio de jefe de Estado la situación de los derechos humanos continúa siendo preocupante en Cuba debido a una falta de respeto al estado de derecho, especialmente de activistas o voces disidentes al régimen", señaló.
"Vemos con preocupación como el régimen cubano utiliza el código penal para criminalizar las voces disidentes. Delitos como el desacato, atentado, resistencia y desobediencia además de la figura del estado peligroso son las más utilizadas para criminalizar", recordó.
La abogada exiliada Laritza Diversent, de Cubalex, respondió a una pregunta de la CIDH sobre los grupos marginados y minoritarios subrayando "que, a pesar del énfasis del Gobierno cubano en la justicia racial, no se hace nada para implementar los derechos humanos de las minorías o hacer cumplir la lucha contra la discriminación".
"Legalmente no hay ninguna reforma ni tampoco intenciones del Gobierno de reconocer que existe discriminación racial en Cuba. No está tipificado en el código penal la discriminación racial como un delito que le imposibilita que la sociedad pueda demandar justicia en este sentido", sostuvo.
La audiencia de la CIDH se celebró la mañana de este martes en el Salón Rubén Darío del edificio de la Organización de los Estados Americanos, durante el 173 período ordinario de sesiones que se realiza desde hoy en Washington, Estados Unidos, hasta el próximo 2 de octubre.
