El Diálogo Interamericano y el Instituto Internacional Raza, Igualdad y Derechos Humanos presentaron este miércoles el evento "Armando la justicia: Estado de derecho y la nueva Constitución de Cuba", una discusión en la que intervinieron representantes de varias organizaciones opositoras cubanas.
La discusión incluyó la presentación del nuevo informe de Raza e Igualdad, "Condenas premeditadas: un análisis de la situación de la administración de justicia en Cuba", un documento extenso que recoge testimonios y un profundo estudio de las leyes cubanas en el contexto de las obligaciones internacionales contraídas por La Habana.
Su autora principal, Caitlin Kelly, presentó el reporte, y concluyó que "a pesar del cambio de presidente y la reforma constitucional, (…) las leyes y la estructura del Gobierno misma están diseñadas para mantener el control y silenciar a cada persona que lo amenaza".
"El Estado cubano rutinariamente utiliza varios aspectos de su derecho interno para criminalizar y/o hostigar a los defensores de derechos humanos, los periodistas independientes y otras personas que critican al gobierno. Esto ha sido posible en parte porque las leyes penales y de procedimiento penal no están claramente definidas y, por lo tanto, otorgan amplia discreción a las autoridades para emplearlas en silenciar a los opositores", consideró Kelly.
"En otros casos, las autoridades simplemente exageran o inventan hechos para asegurar una condena, como en el caso de Cardet Concepción", del que su hermana Miriam Cardet hizo un recuento.
El informe concluye que "aunque la Constitución de 2019 contiene varias protecciones que garantizan el derecho al debido proceso, no cambia fundamentalmente la estructura del Estado cubano que permite la represión de los opositores".
"También contiene varias provisiones que permiten el mantenimiento del sistema de represión como, por ejemplo, la falta de independencia de la rama judicial y las limitaciones al derecho a la libertad de expresión".
Para Kelly, "la nueva Constitución supone un retroceso en el respeto de los tratados internacionales suscritos por el país, dado que en su Artículo 8 declara: 'La Constitución de la República de Cuba prima sobre estos tratados internacionales'".
Varios ponentes denunciaron cómo "el Estado particularmente utiliza los delitos de 'desacato' y 'atentado' para criminalizar a los opositores".
Según subrayó el informe, como "estos delitos están definidos en términos vagos, el Estado puede invocarlos para justificar la criminalización de cualquier persona que expresa opiniones en su contra. También crea una situación en la que es imposible saber cuáles actos son punibles y cuáles no".
Sobre el uso de detenciones arbitrarias de corto tiempo, además de allanamientos, decomisos y registros, de los que habló la representante de las Damas de Blanco, Dolia Leal, "sirven para interrumpir e impedir el trabajo de los opositores", unos actos que "ocurren en violación de las obligaciones internacionales de Cuba".
En el informe presentado este miércoles están recogidos ejemplos recientes de restricciones de viaje, en franca violación al derecho a la libre circulación; de violencia sufrida por los presos políticos en las prisiones en Cuba; de violaciones al Derecho a la Imparcialidad del Juicio y a un Juicio Público y a la presunción de inocencia.
Asimismo, Raza e Igualdad denunció la represión y criminalización de los periodistas independientes y las constantes amenazas que sufren con cargos penales.