El periodista Henry Constantín denunció una detención arbitraria acontecida este lunes, cuando fue arrestado en la vía pública y conducido hasta la Unidad Provincial de Investigaciones y Operaciones de Camagüey.
Allí permaneció detenido entre las 9:30AM y pasada la 1PM, declaró a DIARIO DE CUBA.
Durante la detención, se reunieron varios "agentes de la Seguridad del Estado de los que habitualmente reprimen a los opositores en la provincia", asi como "dos oficiales de alto rango, uno se identificó como el jefe de Enfrentamiento de la provincia". El segundo, aparentemente de una jerarquía superior, no se identificó.
Según Constantín, los militares traían tres trabajos suyos impresos: "un artículo publicado en Martí Noticias sobre la represión a la revista La Hora de Cuba hace unos meses", el informe que preparara para la Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa, de la cual el camagüeyano es vicepresidente regional para Cuba, y donde denunció las violaciones a la libertad de prensa en la Isla, así como una publicación suya en Facebook sobre la reciente visita de Díaz-Canel a la provincia.
El propósito de la detención fue "amenazarme enfáticamente, de que no podía hacer más nada porque iba a tener las peores consecuencias"; entre ellas sugirieron que podría ser encarcelado. Le dijeron "que iban a hacer todo lo posible para que no tuviera posibilidad de viaje ni de ayuda" de ninguna clase para él ni para su familia".
"Mencionaron que mi familia está amenazada", subrayó.
Como suele suceder en estos casos, las autoridades le levantaron acta de advertencia por mediación de la capitana Yanet Sosa, que ha participado en procedimientos anteriores contra periodistas de La Hora de Cuba. Usaron como motivo para el documento "realizar publicaciones difamatorias contra la Revolución en las redes sociales", dijo Constantín. Aseguró que no firmó el documento.
Los periodistas de La Hora de Cuba han sido blanco de constantes amenazas y detenciones, así como de prohibiciones de salir del país y de acusaciones de "usurpación de la capacidad legal", mecanismo con que el regimen pretende acallar a la prensa independiente.
El informe de Constantín a la Asamblea General de la SIP señalaba que "en medio de un tsunami de represión policial y de meses de continuada tortura sicológica sobre la prensa independiente", tras la asunción en abril del gobernante Miguel Díaz-Canel, "nada cambió para la libertad de prensa ni en el esquema de poder".
Agregaba también que "el Ministerio del Interior, organismo coordinador y ejecutor de la represión, ha continuado aplicando métodos de tortura sicológica con los que afecta a los periodistas y sus familiares con agresiones, acusaciones y vigilancia, sin que haya lugar alguno adónde acudir para denunciar o defenderse".