La Seguridad del Estado archivó "provisionalmente" este viernes la causa contra tres de los periodistas de la revista independiente La Hora de Cuba, según informó en su perfil de Facebook el director de dicho medio, Henry Constantín Ferreiro.
"Hoy, después de un año y una semana (yo), un año y un día (Sol García Basulto), dos meses y diez días (Iris María Mariño García) de acusados y molestados, la Seguridad del Estado nos ha informado que decidieron 'archivar provisionalmente' las denuncias contra nosotros por ese engendro jurídico que es el artículo 149 de nuestro soviético Código Penal", escribió Contantín Ferreiro.
Los tres periodistas camagüeyanos —Constantín Ferreriro, García Basulto y Mariño García— habían sido acusados de "usurpación de la capacidad legal", un delito recogido en el Artículo 149 del Código Penal en el que incurre quien "con ánimo de lucro u otro fin malicioso, o causando daño o perjuicio a otro, realice actos propios de una profesión para cuyo ejercicio no está debidamente habilitado".
"Es un absurdo porque el Estado emplea a miles de personas como maestros, por ejemplo, sin tener título de ello", consideró Constantín en declaraciones anteriores a este diario.
Sobre la notificación de este viernes, el director de La Hora de Cuba señaló: "En otras palabras: que nunca cometimos delito de usurpación de ninguna capacidad legal al hacer periodismo, que el único deseo de los que dieron la orden era callarnos y reducirnos —y no lo lograron, al contrario—, que los violadores de la ley son ellos y que nosotros, con o sin título, con o sin permiso, hemos estado haciendo un periodismo que a los del freno puesto en la boca de la libertad, les duele en el alma".
Asimismo, denunció que tanto él como García Basulto continúan "con prohibición de viaje": "Ahora sí que absolutamente injustificable. Seguirán las molestias y el acoso contra nosotros porque, como escribió Monterroso, el dinosaurio todavía sigue ahí".
El régimen, que controla todos los medios de comunicación legales en Cuba, mantiene un blindaje contra la prensa independiente amparado por el Artículo 53 de la Constitución, el cual prohíbe la existencia de medios de comunicación privados.
El propio Código Penal incluye disposiciones que permiten juzgar el ejercicio de la libertad de prensa como delito contra la seguridad del Estado. Además, el régimen ha creado leyes, como la 88, conocida como Ley Mordaza, con apartados destinados a reprimir al periodismo independiente.
Por ese aparato legal, entre los 75 disidentes enviados a prisión en la primavera de 2003 unos 27 eran periodistas independientes.