El Gobierno de Cuba abrió en la primera semana de noviembre un espacio digital para conocer qué piensan sus ciudadanos sobre las 176 medidas económicas que aprobó en junio y que es, al menos en el papel, la mayor reforma de su tipo aplicada por el castrismo.
A primera vista, la iniciativa parece representar un avance en la participación pública. Sin embargo, existe una circunstancia que cambia sustancialmente su significado: las autoridades preguntan después de decidir y cuando buena parte de las medidas ya cuenta con instrumentos jurídicos para su aplicación.
La cuestión no es únicamente que la consulta llegue tarde. Lo verdaderamente importante consiste en determinar qué pretende hacer el Gobierno con las respuestas y hasta dónde permitirá que las posturas ciudadanas influyan en decisiones que ya forman parte de su programa político y económico.
El origen de las transformaciones permite comprender el problema. El 17 de junio de 2026, el pleno extraordinario del Comité Central del Partido Comunista aprobó el paquete de 176 propuestas, agrupadas en 23 ejes temáticos. Posteriormente, el Gobierno lo presentó y publicó, después de las deliberaciones correspondientes en las principales estructuras políticas y estatales del país.
La información oficial describió la reforma como el resultado de un amplio proceso de consultas y debates. Sin embargo, los espacios de discusión que identificó fueron el Buró Político, el Comité Central del Partido, la Asamblea Nacional del Poder Popular y el Consejo de Ministros. No consta en esa documentación una consulta popular previa que permitiera a la ciudadanía conocer el contenido integral del programa, presentar alternativas o influir en su diseño antes de su aprobación.
La diferencia resulta fundamental. Una cosa es consultar a quienes integran las instituciones encargadas de adoptar una decisión y otra muy distinta abrir su elaboración a la población que soportará sus consecuencias.
De las decisiones políticas a las obligaciones jurídicas
Desde junio, las autoridades han desarrollado un amplio proceso para trasladar las transformaciones al ordenamiento jurídico. Algunas requieren leyes parlamentarias; otras, decretos-leyes, decretos del Consejo de Ministros, resoluciones ministeriales y disposiciones de diversa naturaleza.
No todas las medidas tienen el mismo alcance ni siguen idéntico procedimiento. Algunas modifican aspectos de la organización empresarial; otras afectan los salarios, los subsidios, las relaciones de propiedad, la política tributaria, los precios o la prestación de los servicios públicos.
El 10 de noviembre, casi cinco meses después del anuncio, las informaciones sobre la marcha del programa situaban en 172 las transformaciones con políticas y procedimientos aprobados, mientras contabilizaban 231 normas jurídicas, de las cuales 131 habían aparecido publicadas en la Gaceta Oficial.
Estas cifras no prueban que todas las transformaciones funcionen ni que las disposiciones produzcan los efectos económicos anunciados. Sí muestran que el Gobierno ha avanzado considerablemente en su desarrollo jurídico antes de incorporar el nuevo mecanismo de participación ciudadana.
Aquí surge una contradicción: quienes ahora expresen su desacuerdo no necesariamente estarán opinando sobre proyectos abiertos a deliberación, sino sobre políticas previamente aprobadas y, en determinados casos, normas jurídicas que ya regulan relaciones económicas y sociales.
Si una cantidad significativa de ciudadanos rechaza la transformación, ¿qué ocurrirá? ¿Examinará el Gobierno su derogación o modificación? ¿Trasladará la propuesta al órgano que dictó la disposición correspondiente? ¿O registrará el desacuerdo como una estadística, sin alterar la decisión original?
¿Rectificar, reformar o legitimar?
Existen varias explicaciones posibles para la apertura de esta consulta tardía. Ninguna debe descartarse por anticipado, aunque tampoco corresponde atribuir al Gobierno intenciones que todavía no ha expresado.
La primera posibilidad es que las autoridades necesiten identificar medidas que no producen los resultados esperados o que generan un rechazo social considerable.
El propio Gobierno ha reconocido dificultades en la implementación de las transformaciones y la distancia que existe entre los avances administrativos y las mejoras materiales que debería percibir la población.
La segunda posibilidad consiste en que el Gobierno pretenda utilizar las opiniones para preparar modificaciones normativas o introducir ajustes en el programa económico.
Esta hipótesis resulta compatible con el carácter progresivo de muchas transformaciones. El desarrollo jurídico continúa y determinadas medidas todavía necesitan instrumentos complementarios para su ejecución.
Sin embargo, existe una diferencia entre consultar para perfeccionar aspectos secundarios y permitir que la ciudadanía cuestione la orientación fundamental de una política. Una consulta que solo admite sugerencias sobre cómo ejecutar decisiones ya tomadas, pero excluye la posibilidad de reconsiderarlas, mantiene la participación dentro de límites previamente determinados por quienes gobiernan.
La tercera posibilidad merece especial atención: el mecanismo podría servir para otorgar una apariencia de respaldo ciudadano a decisiones que el poder político ya adoptó.
Esto significa que, sin garantías de transparencia, las autoridades podrían presentar posteriormente las cifras de participación como evidencia de aceptación social, aunque las respuestas contengan críticas, rechazos o propuestas en sentido contrario.
Incluso podrían utilizar el proceso para justificar nuevas medidas o profundizar determinadas transformaciones, alegando que han escuchado a la población.
El riesgo aparece cuando el Gobierno conserva el control exclusivo sobre las preguntas, la clasificación de las respuestas, la interpretación de sus resultados y las decisiones posteriores. En esas condiciones, la consulta puede terminar funcionando más como un instrumento de gestión política de la opinión pública que como un mecanismo de participación efectiva.
La participación no termina al enviar una opinión
La Constitución cubana de 2019 reconoce expresamente el derecho ciudadano a participar en la conformación, ejercicio y control del poder estatal.
Su Artículo 80 incluye las consultas populares y otras formas de participación democrática. El Artículo 10 establece obligaciones de atención y respuesta a la ciudadanía, mientras que el 101 incorpora el control popular y la transparencia entre los principios de funcionamiento de los órganos estatales.
Estas disposiciones no obligan a convocar una consulta popular sobre cualquier decisión gubernamental. El propio Artículo 108, inciso c), permite que la Asamblea Nacional someta las leyes a consulta previa cuando lo estime procedente. Por consiguiente, la ausencia de una consulta popular inicial no determina, por sí sola, la invalidez jurídica del programa.
El problema tiene un alcance institucional más profundo: una política que transforma aspectos esenciales de la vida económica y social del país puede cumplir los procedimientos formales de aprobación y, al mismo tiempo, excluir a la ciudadanía de una intervención significativa en su elaboración.
La plataforma digital oficial Soberanía permite presentar opiniones, inquietudes y propuestas. Según las autoridades, un sistema procesará esa información para identificar tendencias y elaborar informes destinados a los organismos responsables.
Pero recopilar opiniones no equivale a garantizar participación efectiva.
Para que el mecanismo trascienda su función estadística, las instituciones deberían informar cuántas propuestas reciben, cuáles cuestionan medidas concretas, qué criterios utilizan para evaluarlas y qué decisiones adoptan como resultado.
También deberían explicar por qué rechazan determinadas recomendaciones y establecer procedimientos para revisar las disposiciones jurídicas cuando encuentren razones suficientes.
Ninguna opinión individual tendría que convertirse automáticamente en una decisión obligatoria. Pero tampoco debería desaparecer en un informe administrativo cuyo contenido y consecuencias desconoce la población. La transparencia exige que los ciudadanos puedan seguir el recorrido de sus propuestas desde que las presentan hasta que las autoridades responden.
Una consulta digital en un país sin electricidad
Existe otro obstáculo que el Gobierno parece pasar por alto: las condiciones materiales en las que pretende desarrollar la consulta.
En un país donde millones de personas sufren las consecuencias de la crisis energética, donde los apagones pueden prolongarse durante numerosas horas y el acceso a internet depende de servicios que también padecen interrupciones, abrir una plataforma digital no equivale a garantizar la participación ciudadana.
A la falta de electricidad en los hogares se añade su repercusión sobre las telecomunicaciones. En Santiago de Cuba, por ejemplo, las autoridades de ETECSA reconocieron que entre 140 y 150 estaciones de telefonía móvil quedaban diariamente fuera de servicio debido a la falta de energía o combustible.
¿Cómo puede ejercer su derecho a opinar un ciudadano que pasa buena parte del día sin electricidad, que no consigue conectarse a internet o que carece de recursos económicos para mantener una conexión estable?
Las dificultades de acceso no afectan a todos por igual. Los habitantes de zonas rurales, los adultos mayores, las familias de bajos ingresos y quienes residen en territorios con mayores interrupciones eléctricas pueden encontrar obstáculos adicionales para utilizar el mecanismo.
En consecuencia, el Gobierno corre el riesgo de recibir una muestra desigual de opiniones, condicionada por la capacidad de conexión de los participantes y no necesariamente representativa de los sectores que sufren las consecuencias más graves de las transformaciones económicas.
La contradicción resulta especialmente significativa: el Gobierno pretende conocer la opinión de los ciudadanos sobre las transformaciones económicas mediante un instrumento al que muchos no pueden acceder precisamente por las condiciones económicas y sociales que esas políticas deberían contribuir a resolver.
Una consulta que no garantiza oportunidades reales de participación no puede presentarse, sin más, como expresión de la voluntad popular.
El verdadero límite de la consulta
Las 176 medidas comprenden decisiones con consecuencias distintas para los trabajadores, los jubilados, los consumidores, las empresas estatales, los emprendedores privados y las familias que dependen de servicios y subsidios públicos.
No todos estos sectores afrontan las mismas condiciones ni soportan de igual manera los costos de las reformas.
Por ello, una participación efectiva debería permitir que los afectados intervengan en la evaluación de esas consecuencias y discutan las alternativas disponibles. Reducir ese ejercicio a una plataforma digital administrada por las propias instituciones que ejecutan las políticas limita considerablemente su alcance.
Así que la cuestión decisiva no es cuántas personas consiguen enviar sus opiniones, sino qué capacidad tendrán esas opiniones para influir en las decisiones gubernamentales.
También importa quién podrá comprobarlo. La ciudadanía necesita conocer las reglas del procedimiento, las respuestas institucionales y los cambios concretos que produzca su intervención. Sin esos elementos, el Gobierno podrá afirmar que escucha a la población, pero resultará imposible verificar hasta qué punto la toma en cuenta.
La apertura de Soberanía no constituye necesariamente una iniciativa inútil. Puede facilitar información, registrar problemas y proporcionar elementos para corregir errores. Su utilidad dependerá, sin embargo, de que las autoridades conviertan esa información en decisiones comprobables y acepten reconsiderar las políticas cuando sus consecuencias lo justifiquen.
Hasta entonces, persiste una paradoja: el Partido define las transformaciones, las instituciones estatales las desarrollan jurídicamente y, solo después, el Gobierno invita a los ciudadanos a opinar.
La prueba de la participación no estará en el número de comentarios que reciba la plataforma, sino en la primera decisión importante que el Gobierno acepte modificar porque los ciudadanos hayan demostrado que estaba equivocada. Algo que está por verse.
