La reciente incorporación de 1.700 kilómetros cuadrados a la plataforma continental cubana en el Polígono Oriental del Golfo de México, avalada por la ONU, ha sido presentada por La Habana como un activo jurídico para atraer inversión extranjera y reactivar la industria de hidrocarburos. Sin embargo, esta concesión choca frontalmente con el resquebrajamiento integral de la Isla y los riesgos ecológicos que pudiera producir.
En entrevista con DIARIO DE CUBA, el experto cubano Eudel Cepero analiza con escepticismo este anuncio y advierte sobre los vacíos que rodean la gestión de estos nuevos espacios marinos.
Para el especialista, el problema central radica en el propio diseño institucional del Estado cubano, que opera bajo la máxima de ser juez y parte, toda vez que el que protege el medio ambiente es el que usa los recursos naturales, sin organismos independientes que velen por la correcta protección de los ecosistemas.
"Ellos mismos son los que van a regular que se proteja el medio ambiente y promover la inversión extranjera para la extracción de petróleo", critica Cepero y advierte que "esta estructura deriva un conflicto de interés permanente que anula cualquier garantía de fiscalización independiente".
Según el experto, si bien la perforación de un pozo en el fondo marino genera un impacto puntual bajo condiciones normales, el riesgo real se multiplica exponencialmente ante un accidente, toda vez que "el país carece por completo de los medios técnicos y operativos para responder a una contingencia de gran envergadura".
"El Gobierno cubano no tiene ni la capacidad de proveer lo básico a su población", sostiene y recalca que La Habana "no dispone de la tecnología, ni tiene el entrenamiento, ni tiene el conocimiento, ni tiene la experiencia porque en Cuba no se hacen exploraciones petroleras profundas en las aguas que rodean el país".
Sin embargo, la falta de contrapesos institucionales no es nueva. El especialista trae a colación antecedentes históricos de opacidad regulatoria en el sector extractivo de la Isla. "Hay una historia en este tema que yo hace muchos años llamé 'jineterismo ambiental'", apunta Cepero, al recordar documentados precedentes en los que "el Gobierno cubano le dio una moratoria de diez años sin tener que cumplir con la legislación ambiental cubana a la compañía Sherritt International en Moa para explotar níquel".
Ante este panorama, las vías de control civil o de denuncia pública quedan totalmente cerradas. "No existe un organismo independiente que pueda verificar, y lo que es peor aún, no existe una prensa independiente, no existe una sociedad civil independiente, ni existen los medios para denunciar cualquier situación de forma abierta y transparente", lamenta el experto.
Más allá de los riesgos ecológicos, Cepero cuestiona la prioridad económica de apostar por los hidrocarburos en el contexto actual. Para el especialista, enfocar capitales y esfuerzos técnicos en la exploración offshore carece de sentido práctico ante la emergencia nacional: "Cuba está en una crisis humanitaria, al borde de una catástrofe humanitaria en estos momentos".
Frente a la ambición de abrir pozos exploratorios que tardarán años en arrojar resultados productivos —si es que llegan a ser viables—, Cepero propone redirigir los escasos recursos disponibles hacia soluciones inmediatas y eficientes en tierra. "Si en algo habría que invertir sería en quizás establecer nuevas centrales termoeléctricas compactas y modernas", argumenta.
Aunque reconoce que el país posee un potencial desaprovechado en energías renovables, especialmente la solar y la eólica, advierte que estas por sí solas no resolverán la crisis estructural. A su juicio, el futuro energético de una Cuba en transición requerirá una combinación compleja que integre tecnologías limpias, eficiencia termoeléctrica y, eventualmente, fuentes de alta densidad, pero siempre bajo estrictos estándares de inversión y control que hoy brillan por su ausencia.
De este modo, la ampliación de la plataforma continental en el Golfo de México se perfila más como un espejismo jurídico que como una solución real para la crisis energética de la Isla, dejando al descubierto una vez más los riesgos de un modelo extractivista operado sin transparencia, sin tecnología adecuada y sin rendición de cuentas.
