Ana Ivis Suárez Batista murió en febrero en el Hospital Provincial Manuel Ascunce Domenech, de Camagüey. Estuvo tres días intubada, reportada de grave, tras ingresar con cetoacidosis diabética y shock séptico asociado a una bronconeumonía. Padecía diabetes tipo 1, hipotiroidismo y enfermedad renal crónica. Tenía 26 años.
Su familia pidió ayuda para conseguir norepinefrina, el medicamento de primera elección para elevar la presión arterial en pacientes con shock séptico y mantener el riego sanguíneo de los órganos vitales. El propio hospital reconoció públicamente que no disponía del fármaco y que los médicos utilizaron epinefrina como alternativa. No atribuyó la falta de norepinefrina al fallecimiento. El doctor Alexander Figueredo Izaguirre, en cambio, sí lo hizo.
"Ana Ivis no murió por una enfermedad incurable. Murió porque en un hospital provincial no había un medicamento esencial. Murió porque en Cuba la medicina dejó de salvar y empezó a administrar excusas", escribió en Facebook.
Solo en 2025 trascendieron varias denuncias de muertes de pacientes en hospitales cubanos, asociadas a la falta de medicamentos y recursos indispensables. En La Habana, una recién nacida de tres días murió tras una hemorragia. Su abuela denunció que el Hospital Hijas de Galicia carecía de vitamina K, esencial para la coagulación. En el Hospital General Docente Julio Miguel Arístegui Villamil, de Cárdenas, Matanzas, otro paciente murió tras una hemorragia cerebral. Según el activista Niover Licea, la familia señaló la falta de medicamentos, oxígeno y una cama en cuidados intensivos.
Más recientemente, en octubre, Leonardo Orué Calderín murió tras ser operado de peritonitis en el Hospital Clínico Quirúrgico Juan Bruno Zayas Alfonso, de Santiago de Cuba. En declaraciones a Martí Noticias, su hija denunció la falta de medicamentos como el metronidazol, que la familia debió adquirir por su cuenta, y las demoras en la cirugía porque no había reservas de su grupo sanguíneo para una transfusión. El difunto era un donante habitual de sangre.
¿Qué es la muerte prematura?
Estos casos ilustran una cuestión que las estadísticas sanitarias cubanas no permiten responder: ¿cuántas personas fallecen prematuramente tras enfrentar interrupciones de tratamientos, dificultades diagnósticas o limitaciones severas en los servicios hospitalarios?
La mortalidad prematura permite medir las muertes ocurridas antes de una edad determinada y su impacto en la esperanza de vida. La Organización Mundial de la Salud (OMS) evalúa el riesgo de fallecer entre los 30 y los 70 años por cuatro grandes grupos de enfermedades no transmisibles. Cuba publica, además, los años de vida potencialmente perdidos (AVPP), un indicador que mide la pérdida de años de vida debido a muertes ocurridas antes de los 75 años.
Según el Anuario Estadístico de Salud de 2024, los cubanos perdieron 20,3 años de vida por cáncer, 16,4 por enfermedades cardíacas, 5,3 por enfermedades cerebrovasculares y 2,1 por diabetes, por cada 1.000 habitantes de entre 1 y 74 años. Todas las cifras aumentaron con respecto a 2019.
Los datos revelan un fenómeno que va más allá del número de fallecimientos: los cubanos pierden más años de vida debido a enfermedades crónicas, mientras disminuyen los componentes esenciales de la capacidad asistencial del sistema de salud.
Enfermedades crónicas y una población envejecida
Entre 2019 y 2024, 535.437 personas fallecieron en Cuba por los ocho grupos de enfermedades crónicas que conformaron las diez primeras causas de muerte en la Isla en el periodo: enfermedades cardíacas, cerebrovasculares y de las arterias, arteriolas y de vasos capilares, cáncer, demencias, diabetes, enfermedades respiratorias crónicas y afecciones hepáticas crónicas. La cifra representa el 70,9% de las 755.176 defunciones registradas en el período.
Durante esos años, las muertes por enfermedades del corazón aumentaron un 32%, mientras que las causadas por enfermedades cerebrovasculares y por demencia y Alzheimer crecieron alrededor de un 18% y un 23%, respectivamente; por diabetes, un 5,62%; y por cáncer, un 2,2%, según los anuarios del Ministerio de Salud Pública (MINSAP). Cuba ya registraba en 2019 una mortalidad por demencias que duplicaba el promedio regional, según documentó DIARIO DE CUBA.
El envejecimiento de la población no explica por sí solo estos incrementos. Las tasas de mortalidad ajustadas por edad también aumentaron: un 27,6% en las enfermedades cardíacas, un 16,1% en las cerebrovasculares y un 15,6% en las demencias. Para calcularlas, el MINSAP aplica la mortalidad de cada grupo de edad a la distribución poblacional del censo de 1981. Así compara los años sin que el aumento de la proporción de ancianos determine el resultado.
También creció la mortalidad prematura. Entre 2019 y 2024, las tasas de años de vida potencialmente perdidos aumentaron un 40% por diabetes, un 32,5% por enfermedades cerebrovasculares, un 28,1% por cardiopatías y un 9,1% por cáncer. Las muertes antes de los 75 años supusieron una mayor pérdida de años de vida por habitante, incluso en enfermedades cuyo número de fallecimientos apenas varió.
Los accidentes y la influenza y neumonía completan las diez principales causas de muerte analizadas. Entre 2019 y 2024 provocaron 35.147 y 70.748 fallecimientos, respectivamente. Sumadas a las muertes por los ocho grupos de enfermedades crónicas, estas diez causas dejaron 641.332 fallecidos en Cuba durante el sexenio, lo que representa el 84,9% de las muertes registradas en ese período.
La tasa de años de vida potencialmente perdidos por accidentes creció un 19%. Por otra parte, DIARIO DE CUBA había documentado 848 fallecimientos violentos entre personas de 10 a 19 años durante el sexenio, que incluyen accidentes, pero también suicidios y agresiones. Cada muerte en ese rango supone entre 56 y 65 años de vida truncados antes de los 75 años, lo que evidencia el peso de esta causa en la mortalidad prematura.
Las enfermedades crónicas, los accidentes y las respiratorias agudas responden a mecanismos distintos y requieren medidas específicas de prevención y atención. En todos estos casos, los años de vida potencialmente perdidos permiten medir el peso de las muertes ocurridas antes de los 75 años.
Medicamentos: disponibilidad oficial y dificultades reales para conseguirlos
El aumento de la mortalidad por enfermedades crónicas coincide con un desabastecimiento farmacéutico prolongado.
Al cierre de 2024, las autoridades cubanas reconocían que 461 de los 651 productos del cuadro básico de medicamentos (el 70,8%) estaban en falta o contaban con baja cobertura. La cifra comprende tanto medicamentos ausentes como otros cuya disponibilidad era insuficiente.
La situación no se había normalizado en 2025. En julio de ese año, el ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, reconoció que la disponibilidad alcanzaba apenas el 30% del cuadro básico y el 32% en las farmacias.
Una encuesta de DIARIO DE CUBA realizada por Cubadata entre el 22 de julio y el 10 de agosto pasado, permite contrastar esas cifras administrativas con la experiencia de los pacientes.
Cerca del 46% de los participantes declaró mucha dificultad para conseguir medicamentos durante los 30 días anteriores; el 27,8%, alguna dificultad, y el 5,2% afirmó que le había resultado imposible. En conjunto, el 78,9% reportó problemas de acceso. Los porcentajes corresponden a los encuestados y no pueden extrapolarse automáticamente a toda la población cubana.
Para quienes padecen hipertensión, diabetes o enfermedades cardiovasculares, interrumpir la medicación puede aumentar el riesgo de complicaciones. En pacientes con enfermedad renal, la continuidad del tratamiento y el acceso a procedimientos especializados pueden resultar decisivos para la supervivencia.
La escasez ha desplazado parte de la búsqueda de medicamentos hacia familiares en el extranjero, redes de ayuda, grupos digitales y vendedores informales. El acceso depende no solo de las necesidades clínicas, sino también de los ingresos, de las relaciones personales y de la posibilidad de obtener productos fuera de los canales ordinarios.
Este circuito introduce riesgos adicionales: medicamentos sin garantías verificables de procedencia, conservación o autenticidad, además de precios inaccesibles para numerosos pacientes.
Menos médicos, operaciones, hospitalizaciones y camas
La reducción de los recursos humanos constituye otro indicador.
Según el Anuario Estadístico de Salud 2024, Cuba pasó de 97.202 médicos en 2019 a 75.364 en 2024, una disminución de 21.838 profesionales, equivalente al 22,5%. Respecto a 2021, cuando se registraron 106.131, la caída alcanza el 29%.
El descenso coincide con una contracción de la actividad hospitalaria y quirúrgica, y con un hecho incuestionable: "se ha afectado la calidad de los servicios médicos", como admitió recientemente el primer ministro, Manuel Marrero Cruz.
Las cirugías mayores programadas registraron caídas especialmente pronunciadas. Las ambulatorias pasaron de 302.754 a 153.679, y las no urgentes con hospitalización, de 109.383 a 55.475, reducciones cercanas al 49%.
El contraste con las consultas médicas es significativo. Mientras estas aumentaron un 8%, los ingresos hospitalarios disminuyeron casi un 44%. La tasa de hospitalización cayó de 14 a 8,9 ingresos por cada 100 habitantes, el nivel más bajo de la serie publicada desde 1970.
La disminución de las operaciones coincide, además, con una acumulación de pacientes pendientes de intervención. En marzo pasado, el ministro Portal Miranda reconoció 96.387 personas en lista de espera quirúrgica, incluidos 11.193 niños. En mayo, el canciller Bruno Rodríguez situó la cifra en más de 100.000 pacientes, de los cuales 12.000 eran menores, reportó EFE.
Las autoridades cubanas atribuyen estas cifras al endurecimiento de las sanciones estadounidenses durante el último año, pero no ofrecen datos comparables de períodos anteriores que permitan evaluar esa explicación. Sin una serie pública, no es posible establecer cuándo comenzó a aumentar la lista de espera quirúrgica ni vincularla con las medidas que el Gobierno señala como causa, especialmente cuando, en los últimos 30 años, la inversión en salud pública se ha mantenido, en promedio, por debajo del 3% de los ingresos totales del país.
Los servicios públicos frente a la expansión de la medicina comercializada en divisas
El proceso de reducción de la infraestructura sanitaria cubana comenzó décadas antes de la pandemia de Covid-19. En noviembre de 2018, una investigación de Mirta Fernández y Pablo Díaz en DIARIO DE CUBA, titulada "¿Reinvierte el Gobierno cubano en el sistema de salud todo lo que gana por la exportación de servicios médicos?", documentó que el número de hospitales había disminuido de 270 en 2000 a 150 en 2017: 120 menos.
Las camas hospitalarias pasaron de 66.948 en 1997 a 46.851 en 2017, una reducción de 20.097, o del 30%, que no se explica por la densidad de población. La disponibilidad descendió de 6,1 a 4,2 camas por cada 1.000 habitantes.
También desaparecieron de los registros los 62 hospitales rurales existentes en 2000, aunque parte de esas instalaciones fue reconvertida en policlínicos. Los consultorios del Médico de la Familia disminuyeron de 14.671 en 2001 a 10.869 en 2017 (un 26%).
El Gobierno denominó "compactación" al proceso de reorganización de los servicios sanitarios iniciado en 2010-2011. La concentración de instalaciones, especialmente en zonas rurales, aumentó sin embargo las distancias que los pacientes deben recorrer para recibir atención.
Mientras se contraía la red sanitaria general, el Estado mantuvo y amplió determinados servicios médicos comercializados en divisas, principalmente dirigidos a extranjeros, turistas y cubanos residentes en el exterior.
Las farmacias internacionales pasaron de 25 en 2005 a 46 en 2013 y a 68 en 2024, un incremento del 172% respecto a 2005. En 2013, SERVIMED reconocía 46 establecimientos, destinados originalmente al mercado en moneda convertible.
En 2024, la presidenta de la Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos, Yamila de Armas Águila, declaró que su red incluía cinco clínicas internacionales en La Habana, nueve en polos turísticos, 48 salas de atención sanitaria internacional, 68 farmacias y diez ópticas, además de centros especializados y termales.
Se trata de una comercialización diferenciada de servicios médicos y farmacéuticos que establece un circuito de atención de pago paralelo al sistema general y alimenta la privatización silenciosa de la sanidad en Cuba, documentada por Casa Palanca.
Las cifras demuestran la expansión de las farmacias en divisas, aunque no permiten calcular el crecimiento total de las clínicas y salas destinadas a extranjeros ni determinar cuántos recursos se transfirieron de la atención pública general a los servicios estatales comercializados en dólares.
La coexistencia de ambos procesos plantea, no obstante, un problema de prioridades: la reducción de instalaciones y de la capacidad asistencial para la población ocurre mientras el Estado desarrolla servicios sanitarios orientados a obtener ingresos en divisas.
Lo que revelan los indicadores y lo que el Gobierno no publica
Los datos permiten identificar tres resultados epidemiológicos desfavorables: más defunciones por varias enfermedades crónicas, mayores tasas de mortalidad ajustadas por edad y un incremento de los años de vida perdidos prematuramente. El ajuste por edad impide atribuir todo el aumento de las muertes al envejecimiento, mientras que los AVPP revelan una mayor carga de mortalidad temprana que hace cinco años.
Estos resultados se producen en un sistema cuya capacidad para prevenir complicaciones y evitar muertes está limitada por la escasez prolongada de medicamentos, la reducción del personal médico, y la caída de las cirugías y las hospitalizaciones.
La Organización Panamericana de la Salud distingue entre muertes potencialmente evitables mediante la prevención y aquellas que podrían evitarse con una atención eficaz y oportuna. Sin embargo, los anuarios del MINSAP no permiten conocer cuántos pacientes fallecieron a la espera de una operación, interrumpieron tratamientos por falta de medicamentos o sufrieron complicaciones por demoras en el diagnóstico. Tampoco permiten relacionar la pérdida de camas, de médicos y de servicios con la evolución de la mortalidad.
El caso de Ana Ivis Suárez Batista muestra la dimensión individual de ese vacío: el hospital reconoció que carecía del medicamento de primera línea que necesitaba cuando estaba en shock séptico, pero esa circunstancia no figura como una categoría identificable en las estadísticas.
Frente a este deterioro, la esperanza de vida al nacer en Cuba supuestamente continúa aumentando. En la última década, según estimaciones del Banco Mundial, la esperanza de vida pasó de 77,75 a 78,26 años (salvo el año pandémico), un alza que contrasta con la crisis generalizada en el país.
Los datos oficiales cubanos incluyen cuántas personas mueren y, en algunos casos, cuántos años de vida se pierden, pero no cuántas fallecen sin recibir los medicamentos, procedimientos o tratamientos necesarios. La diferencia es clave para establecer no solo la magnitud de la mortalidad prematura, sino también qué parte pudo evitarse y quiénes son los responsables.
