El Departamento de Estado de EEUU destacó este jueves, al presentar su Informe Anual sobre la Trata de Personas, que la "presión diplomática" ejercida por Washington "ha logrado reducir de forma significativa el despliegue de profesionales cubanos en el exterior".
A pesar de demostrar la reducción en el envío de médicos cubanos al exterior, como parte de las ampliamente denunciadas misiones médicas, el Departamento de Estado mantuvo a La Habana en la categoría más grave de trata de personas, al considerar que el programa de exportación de mano de obra del régimen constituye un "patrón o política gubernamental de trabajo forzado".
Según la evaluación estadounidense, las gestiones de Washington y la imposición de restricciones de visas contribuyeron a que la cifra de trabajadores exportados por La Habana cayera de unos 24.000 a inicios de 2025 a entre 15.000 y 18.000 en 2026. La nota resalta que, por primera vez desde 2010, varios gobiernos están revisando sus acuerdos con el régimen para adoptar modalidades de contratación directa y transparente.
A pesar de esta reducción, el informe advirtió que los trabajadores cubanos continúan presentes en 53 países, y que el personal de la salud representa el 75% de esta fuerza laboral. El Departamento de Estado enfatizó que las autoridades del régimen "no cumplen plenamente con los estándares mínimos para la eliminación de la trata y no están haciendo esfuerzos significativos para lograrlo".
El reporte detalló, asimismo, que la estructura castrista retiene entre el 50% y el 95% de los salarios de los profesionales y ejerce control mediante "la regulación de sus pasaportes y credenciales profesionales, la imposición de toques de queda y vigilancia, así como restricciones a la libertad de movimiento".
En este contexto, Washington advirtió seriamente a los países receptores que actuar como intermediarios favorece la trata de personas: "El hecho de actuar como facilitadores activos de la trata de personas, incluso como socios en este programa, suscita preocupación por la complicidad y socava las medidas contra la trata".
De igual forma, el Departamento de Estado subrayó la escasa supervisión de las condiciones laborales por parte de los gobiernos receptores. En tal sentido, varios de esos gobiernos, sobre todo en la región de las Américas, han tomado medidas para modificar las relaciones contractuales, lo que abre la puerta a represalias del régimen contra los profesionales que acepten las nuevas condiciones, además del riesgo de revictimización para quienes intentan desertar.
El cambio más reciente en dichas condiciones fue anunciado esta misma semana por el Gobierno de Uruguay, que, tras conversaciones con Washington y La Habana, dijo que modificará los términos bajo los cuales opera la brigada médica cubana en el país: la protección social y el estipendio se pagarán directamente a los profesionales, en lugar de canalizarse a través del acuerdo de cooperación con la parte cubana.
Mientras, La Habana continúa castigando a quienes abandonan sus puestos, prohibiéndoles el regreso a su país durante ocho años. El informe concluye recordando que la Ley de Asignaciones de EEUU prevé restricciones de asistencia a aquellos países y organismos que paguen directamente al Gobierno de Cuba por el trabajo forzado de sus médicos.
El informe del Departamento de Estado llega en un momento en el que los señalamientos internacionales contra las misiones médicas cubanas se han intensificado, con denuncias frecuentes por parte del secretario de Estado, Marco Rubio.
Además, el Parlamento Europeo condenó las "formas de esclavitud moderna" en estas misiones e Italia abrió investigaciones sobre las condiciones de contratación. Estas posiciones se suman a advertencias previas de EEUU, Naciones Unidas y la CIDH sobre la retención de pasaportes, las restricciones de movilidad y el pago parcial de salarios, así como a investigaciones periodísticas y al trabajo de organizaciones que han documentado patrones de coerción y control en un programa que, tras seis décadas, parece estar llegando a su fin.
