Tras conversaciones con Estados Unidos y Cuba, el Gobierno de Uruguay anunció que modificará los términos bajo los cuales opera la brigada médica cubana en el país: la protección social y el estipendio se pagarán directamente a los profesionales, en lugar de canalizarse a través del acuerdo de cooperación con la parte cubana.
"El cambio sustancial ahora es que en vez de pagar a este país, lo que hacemos es: protección social y pago del estipendio al profesional", dijo el ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, Mario Lubetkin, en una entrevista con El Observador.
Lubetkin aseguró que los integrantes de la brigada permanecerán en Uruguay. "Hablamos tanto con las autoridades de EEUU como con las de Cuba e hicimos lo que queríamos: que los médicos cubanos sigan operando ojos en este país", afirmó. El canciller habló de 20 "médicos", pero la composición detallada ofrecida este miércoles por Alejandro Fischel, director del Hospital de Ojos José Martí, donde trabaja la brigada cubana, eleva a 30 el número de cubanos que la integran: diez médicos y 20 trabajadores entre técnicos, enfermeros, un cocinero y un chofer.
Fischel aseguró al medio Subrayado que la modificación del mecanismo de pago no ha alterado el funcionamiento de la misión: "El trabajo de la brigada médica en el hospital no cambió, nada; el trabajo sigue igual".
El canciller explicó también cómo funcionaba hasta ahora el circuito financiero: "El BPS daba una partida directamente a las autoridades, un acuerdo de cooperación entre países", dijo en referencia al rol del Banco de Previsión Social (BPS).
Lubetkin no precisó cuánto recibirá cada profesional directamente. Tampoco habló de un salario, sino específicamente de la "protección social" y del "pago del estipendio al profesional".
La decisión confirma la fórmula que Montevideo negociaba desde hace semanas para mantener la brigada y responder a los cuestionamientos de Washington sobre el destino del dinero.
DIARIO DE CUBA informó en septiembre que la Cancillería, el Ministerio de Salud Pública, la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) y el Banco de Previsión Social (BPS) trabajaban en un mecanismo que contemplaba, precisamente, pagos directos a los profesionales. La información había sido adelantada por el semanario uruguayo Búsqueda.
El asunto cobró relevancia después de que Washington incluyera por primera vez a Uruguay en un informe remitido al Congreso de Estados Unidos sobre el trabajo forzoso y la trata de profesionales médicos cubanos. Según reveló Búsqueda, Uruguay figuraba entre 15 países cuyos gobiernos, según el reporte, pagaban "directamente al régimen cubano por los servicios de los trabajadores".
La Embajada de EEUU en Montevideo explicó entonces al semanario que Uruguay había sido incluido porque "los pagos van directamente a la embajada cubana" y porque Washington no había encontrado evidencia de que los profesionales recibieran remuneración por su trabajo en el país.
Las autoridades uruguayas ofrecieron una versión diferente. La presidenta del BPS, Jimena Pardo, aseguró que Uruguay no pagaba a Cuba por la cooperación y que los 250.000 dólares anuales destinados a la Operación Milagro correspondían a estipendios y gastos de la brigada. Según Pardo, las remuneraciones eran abonadas por el Gobierno cubano.
Documentos examinados entonces por DIARIO DE CUBA mostraron que el Estado uruguayo autorizaba un aporte anual de 250.000 dólares a la Operación Milagro. Una resolución del BPS volvió a aprobar esa cantidad para "la actuación integral de la cooperación en curso" hasta el 31 de diciembre de 2026.
Las declaraciones de Lubetkin aportan ahora un elemento que entonces no había sido reconocido de esa manera por las autoridades uruguayas: el BPS entregaba una partida directamente "a las autoridades" cubanas en el marco del acuerdo bilateral.
El salario actual no es público y el último rango salarial disponible por mes por sanitario data de 2016. Un acuerdo complementario de ese año al que tuvo acceso DIARIO DE CUBA establecía que Uruguay pagaba mensualmente 4.500 dólares por cada especialista y 2.500 dólares por cada licenciado o técnico de una pequeña brigada cubana de ortopedia posteriormente retirada.
El nuevo mecanismo cambia quién recibe inicialmente el estipendio, pero no permite determinar cuánto dinero quedará finalmente en manos de los profesionales. Tampoco se ha informado si el Gobierno cubano continuará recibiendo pagos por otros conceptos ni se ha hecho público el acuerdo actualizado.
Además, el pago directo al profesional no resuelve el problema. En Calabria, las autoridades sanitarias depositaban los salarios en las cuentas personales de los médicos cubanos, pero estos debían transferir posteriormente una parte de ellos a una cuenta italiana de la Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos (CSMC). Una investigación de CubaNet determinó que la empresa cubana se retenía entre el 54% y el 72%. El precedente italiano, aunque no es el único, muestra que el pago directo al profesional no equivale necesariamente a la libre disposición de la totalidad del dinero.
El Gobierno de Uruguay no ha dicho que se trate de una contratación directa con los integrantes de la brigada. El pago directo y la contratación directa son mecanismos distintos.
Jamaica sí avanzó hacia esa segunda fórmula. El Gobierno jamaicano puso fin al anterior esquema bilateral y ofreció contratos individuales a los profesionales cubanos que quisieran permanecer en el país; en mayo, más de 40 lo habían aceptado.
En Uruguay, lo que cambia, por ahora, es el destinatario inmediato de la protección social y el estipendio. Quedan por conocer dos elementos fundamentales del nuevo esquema: cuánto recibirá cada profesional y qué parte de ese dinero podrá conservar efectivamente.
