La Fiscalía Provincial de Santiago de Cuba informó que un hombre murió electrocutado mientras presuntamente sustraía aceite dieléctrico de transformadores eléctricos en el poblado de El Cobre, un hecho que las autoridades han utilizado para reforzar su política de procesar este tipo de delitos bajo la figura de "sabotaje".
Según una nota oficial divulgada el 24 de junio, los hechos ocurrieron alrededor de la 1:00 de la madrugada del 9 de mayo de 2026, cuando tres personas llegaron hasta un banco de transformadores ubicado en las inmediaciones de una fábrica de pienso en el kilómetro ocho de la Carretera Central.
De acuerdo con la versión de la Fiscalía, uno de los involucrados escaló un poste eléctrico y, utilizando una llave española y una manguera, comenzó a extraer el aceite dieléctrico de los transformadores para depositarlo en recipientes que habían llevado al lugar. Mientras realizaban la operación, el servicio eléctrico fue restablecido de manera repentina y el individuo recibió una descarga que le provocó la muerte.
Las autoridades informaron además que otro de los participantes fue detenido y enfrenta cargos por el delito de sabotaje, contemplado en el artículo 125.1 del Código Penal cubano. La Fiscalía le impuso la medida cautelar de prisión provisional mientras continúa la investigación. No ofrece ningún detalle del tercer implicado.
El caso se suma a una serie de hechos similares reportados en los últimos meses en distintas provincias del país, en medio del agravamiento de la crisis energética y de la creciente escasez de combustible y otros recursos básicos.
En abril pasado, las autoridades de Matanzas informaron sobre la detención de un hombre acusado de sustraer aceite dieléctrico de una subestación en Jagüey Grande. Según la versión oficial, la acción dejó sin servicio eléctrico a más de 4.400 viviendas, además de instalaciones sanitarias de la localidad.
Ese mismo mes, tres hombres fueron acusados también de sabotaje en Sancti Spíritus tras ser sorprendidos mientras extraían aceite de transformadores en el municipio Jatibonico. El incidente provocó afectaciones al suministro eléctrico durante aproximadamente 24 horas en la zona.
La respuesta oficial ha estado marcada por el endurecimiento del discurso penal. Ya en febrero de 2025, la Fiscalía de Ciego de Ávila anunció una política de "tolerancia cero" contra los delitos que afecten la generación eléctrica, advirtiendo que los responsables podrían ser procesados por sabotaje y enfrentar las sanciones más severas previstas por la ley.
Según datos ofrecidos entonces por las propias autoridades avileñas, entre 2024 y principios de 2025 se registraron 43 hechos delictivos vinculados a la infraestructura energética de la provincia, con 32 personas sometidas a procesos penales.
La prensa oficial ha atribuido el incremento de estos robos al auge del mercado negro, donde el aceite dieléctrico se ha convertido en un producto altamente demandado y puede alcanzar precios superiores a los 1.000 pesos por litro. Sin embargo, evita relacionar este fenómeno con el deterioro económico generalizado, la escasez de combustibles y la precarización de las condiciones de vida de la población.
Mientras el régimen insiste en presentar estos delitos como una de las principales amenazas para la estabilidad del Sistema Electroenergético Nacional, las continuas averías en las termoeléctricas, la falta de inversiones y décadas de mala gestión estatal siguen siendo las causas fundamentales de los prolongados apagones que afectan diariamente a millones de cubanos, ahora agudizados con el bloqueo parcial a la entrada de combustibles a Cuba por parte de Estados Unidos.
