El régimen cubano ha presentado un paquete con 176 medidas de apariencia capitalista con la intención de evitar una acción exterior que lo borre completamente. Una parte de lo que se ha prohibido o perseguido durante décadas, ahora aparece como supuesta tabla de salvación.
En ausencia de un marco jurídico aceptable, resulta evidente que la familia en el poder y sus colaboradores preparan el asalto económico final. Todo el diseño del plan recuerda a la "piñata sandinista" nicaragüense, que repartió los bienes estatales entre los cuadros del partido.
Si algunos elementos del plan se hubiesen puesto en marcha en 1990, el riesgo hubiese sido similar pero hoy habría en Cuba menos hambre y destrucción. No libertad económica ni prosperidad para todos, pero sí una base sobre la cual trabajar, más acorde a la dinámica económica internacional.
Pero estas medidas llegan con más de tres décadas de retraso. Y llevan la firma de "emergencia" de Raúl Castro, el mismo que antes las bloqueó para conservar el poder político y permitir el enriquecimiento de su círculo más cercano.
Este paquete de urgencia no se despliega en un escenario de confianza o seguridad jurídica, ni como parte de un cambio de modelo sostenible. Ante la quiebra y las sanciones externas, el régimen busca salvarse a sí mismo con viejas promesas a inversores, banqueros y emprendedores.
La Habana abre el camino a un capitalismo mafioso y autoritario, pero ni se inmuta ante la situación de los más de mil presos políticos registrados por organizaciones de derechos humanos, incluidos menores de edad. No habrá transformación posible de Cuba sin resolver a fondo el drama de la represión. Y a fondo no solo significa excarcelarlos, sino derribar las leyes y el sistema que amparan las violaciones de derechos humanos.
Frente a esta realidad irrefutable, solo resta más presión internacional para que la familia Castro y el resto de su régimen abandonen el poder. Aunque en ese viaje, literal y metafórico, cometan su último gran robo.
