Una jueza federal de México condenó a la compañía Aerolíneas Damojh, conocida comercialmente como Global Air, a pagar 124,2 millones de pesos mexicanos (unos 7,1 millones de dólares estadounidenses) a las familias de cuatro tripulantes fallecidos en el accidente del Boeing 737-200 ocurrido el 18 de mayo de 2018 en La Habana, el peor desastre de la aviación civil cubana en décadas.
Según publicó el periódico Luces del Siglo, la sentencia fue emitida por Thaybelli Ivette Sánchez Rojas, jueza Décimo Cuarto de Distrito en Materia Civil de Ciudad de México, quien determinó que la empresa debe reparar el daño patrimonial y moral ocasionado a los familiares de las sobrecargos María Daniela Ríos Rodríguez, Abigail Hernández García y Guadalupe Beatriz Limón García, así como del técnico en mantenimiento Marco Antonio López Pérez.
Cada una de las cuatro familias deberá recibir 31,5 millones de pesos mexicanos (alrededor de 1,8 millones de dólares): 4,7 millones de pesos por daño patrimonial (unos 268.000 dólares) y 26,3 millones de pesos por daño moral (cerca de 1,5 millones de dólares). La resolución también establece el pago de un interés legal anual del 9% una vez que la sentencia quede firme.
No obstante, Global Air todavía puede impugnar el fallo ante un Tribunal Colegiado de apelación en materia civil.
La jueza consideró acreditada la responsabilidad de la aerolínea por la muerte de su tripulación, apoyándose en un peritaje aeronáutico que calificó el siniestro como un "accidente institucional" originado dentro de la propia organización de la empresa.
Según el fallo, el avión siniestrado, matrícula mexicana XA-UHZ, presentaba deficiencias atribuibles a Global Air. El perito tercero en discordia, Eric Mayett Moreno, concluyó que el accidente fue consecuencia de fallos estructurales y de gestión dentro de la compañía.
La resolución judicial coincide con otras investigaciones abiertas tras el siniestro. Además de las demandas civiles, familiares de las víctimas presentaron en México una denuncia penal colectiva por homicidio contra la empresa y su propietario, Manuel Rodríguez Campos, por supuestamente operar una aeronave que carecía del mantenimiento adecuado.
Cinco meses después del accidente, la Dirección General de Aeronáutica Civil de México impuso a Global Air una multa de 1,7 millones de pesos (unos 97.000 dólares) por deficiencias en sus procedimientos. Entre las irregularidades detectadas figuraban fallos en los registros de mantenimiento de sus aeronaves, incluido el aparato accidentado, y problemas en los talleres encargados de esas labores.
Ocho años de espera por justicia limitada
La decisión judicial llega después de años de reclamos de los familiares de las 112 víctimas mortales del accidente —111 fallecidos en el siniestro y una pasajera que murió días después en el hospital—, quienes durante largo tiempo denunciaron la falta de compensación y el abandono institucional.
Maylen Díaz Almaguer, la única sobreviviente de la tragedia, escribió en Facebook este miércoles tras el fallo mexicano: "Que justicia sea la palabra que honre el próximo 18 de mayo después de ocho años de tanto sufrimiento e incertidumbre".
En 2020, a dos años del desastre, DIARIO DE CUBA reportó que las demandas presentadas en México, España y Estados Unidos contra la aseguradora Ve por Más SA, el Grupo Financiero Ve por Más y Manuel Rodríguez Campos seguían estancadas.
El abogado español Carlos Villacorta Salís, representante de decenas de familias, explicó entonces que los procesos se habían retrasado por la pandemia de Covid-19, el cierre de tribunales y las dificultades para localizar a Rodríguez Campos, a quien calificó como "desaparecido".
Hasta ese momento, la mayoría de las familias no había recibido indemnización alguna. Algunas solo obtuvieron pequeños anticipos, especialmente cuando había menores de edad involucrados.
DIARIO DE CUBA también recogió el testimonio de familiares residentes en la Isla que denunciaron haber recibido apenas 5.000 CUC como "ayuda" para costear trámites notariales, una cantidad que no constituía una compensación formal.
"Según ellos, no es una indemnización, sino una ayuda", relató entonces la madre de una de las víctimas, residente en Holguín. "Nunca más se han comunicado con nosotros. Ni siquiera para preguntar cómo estamos", dijo entonces.
Las familias denunciaron además que las autoridades cubanas preguntaban si habían iniciado reclamaciones por otras vías antes de autorizar cualquier ayuda económica.
En agosto de 2019, la organización Archivo Cuba acusó al régimen de incumplir sus obligaciones internacionales al no indemnizar a las víctimas de accidentes aéreos ocurridos en la Isla.
El proyecto recordó que La Habana está obligada por el Convenio de Montreal, en vigor desde 2005, a compensar a los familiares de todas las víctimas mortales de accidentes de aviación civil, independientemente de quién resulte responsable del siniestro.
Archivo Cuba denunció que el Estado cubano no había compensado a familiares de al menos 180 fallecidos en accidentes aéreos y pidió sanciones internacionales hasta que cumpliera con esas obligaciones.
El accidente del Boeing 737-200 de Global Air ocurrió poco después del despegue desde el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana. La aeronave, alquilada por Cubana de Aviación a la compañía mexicana, se precipitó a tierra en una zona cercana al aeropuerto.
Un año después del desastre, el Instituto de Aeronáutica Civil de Cuba concluyó que la causa más probable del siniestro fue una "cadena de errores humanos" que provocó que la aeronave adoptara posiciones anormales poco después del despegue y perdiera el control. El informe final, elaborado por la Comisión Estatal de Investigación de Incidentes Graves o Accidentes de Aviación, señaló además como "factores contribuyentes las deficiencias en el entrenamiento de las tripulaciones, errores en los cálculos de peso y balance y bajos estándares operacionales".
El siniestro dejó en evidencia el deterioro crónico de la aviación civil cubana, marcada durante años por la falta de inversión, el envejecimiento de las flotas y la dependencia de aeronaves arrendadas a compañías extranjeras con historiales cuestionados.
Si los familiares estan aun en el campo de concentracion socialista, no veran ni un centavo despues que el cartel socialista los obligue a depositar en sus caletas bancarias.