El régimen cubano pataleó el martes por la decisión del nuevo Gobierno de Honduras de no renovar el contrato para la permanencia en el país de los médicos exportados por La Habana. En un mensaje publicado en su cuenta de X, el viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Cossío, además de quejarse, calificó de legítima la fuente de ingresos que pierde el régimen y que se basa en la explotación de los profesionales.
"'Estrangular' es la palabra correcta", se quejó el funcionario del castrismo, luego de que la agencia EFE informara, a partir de testimonios de fuentes oficiales y cercanas al tema, que la brigada de médicos de Cuba que laboraba en Honduras desde hacía dos años tendrá que salir del país, pues las autoridades locales, bajo el mandato del nuevo presidente, Nasry Asfura, no renovaron el contrato que permitía la estancia de unos 128 galenos.
Dicho contrato, suscrito bajo el gobierno de Xiomara Castro, aliada de La Habana, expira este miércoles, cuando los profesionales cubanos dejarán de actuar en el país y comenzarán a regresar a la Isla.
"La salida de los médicos cubanos es una decisión de política exterior", dijo el secretario de Comunicaciones, José Augusto Argueta, al canal local HCH.
Fernández de Cossío criticó la decisión soberana del nuevo Gobierno de Honduras, al sostener que "privar a un país de servicios médicos de calidad es un delito", a pesar de que la población local no se quedará sin atención sanitaria, pues la brigada cubana será sustituida por personal del país, según declaraciones del viceministro de Salud, Eduardo Midence.
Por otra parte, la preparación de los médicos enviados por el régimen a Honduras había sido cuestionada por el Colegio Médico de ese país.
"Vamos a trabajar para contratar a médicos hondureños o extranjeros debidamente acreditados ante el Colegio Médico", recalcó Midence, recordando que, dicho colegio señaló problemas en la contratación de los profesionales cubanos, cuando comenzaron a laborar en el país, y expresó dudas sobre su nivel de preparación.
Pero el vicecanciller cubano no se limitó a mostrar su aparente preocupación por los cuidados médicos que deben recibir los hondureños y reveló la verdadera inquietud de La Habana, al afirmar que "privar a otro (país) de fuentes legítimas de ingresos es un castigo colectivo, también un delito".
Las palabras de Fernández de Cossío, además de arrancarle a las llamadas "misiones" la máscara de "solidaridad" con que las presenta al mundo el régimen, demuestran la "legitimidad" que las autoridades de Cuba atribuyen a la obtención de ingresos a partir de la explotación de sus nacionales.
La exportación de profesionales, fundamentalmente de la salud, ha sido durante años la principal fuente de divisas de La Habana, con ingresos que rondan los 5.000 millones de dólares anuales, de los que apenas un 2% es invertido en Salud Pública.
El personal es despojado de hasta el 90% de sus salarios que pagan por ellos los países receptores de las misiones, además de ser sometido a un reglamento disciplinario que viola sus derechos a la libre circulación y a la libre asociación, entre otros.
Ese esquema de explotación ha sido denunciado durante años en las Naciones Unidas. Profesionales que han abandonado las "misiones" o han decidido no retornar a Cuba, al concluirlas —lo que les ha costado la prohibición de entrar a su país en ocho años, además e la pérdida de la parte de sus salarios retenida en la Isla por las autoridades— han ofrecido sus testimonios ante diversos organismos internacionales.
En el caso de Honduras, en enero pasado, el Comité de la ONU para la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migrantes y de sus Familiares (CMW) expresó preocupación por las condiciones laborales del personal sanitario cubano allí e instó a proteger sus derechos.
En los últimos dos años se han incrementado las denuncias en los medios por parte de ONG y del gremio médico hondureño sobre las condiciones del convenio, por el cual se estima que cada médico cubano recibe el equivalente a 1.000 dólares de los más de 2.270 que emplea el gobierno centroamericano para su contratación, en detrimento de los sanitarios domésticos.
Aunque las condiciones laborales y la explotación a que el régimen somete a sus profesionales exportados han sido expuestas y criticada por la ONU, han sido las presiones de Estados Unidos, principalmente a través de su secretario de Estado, Marco Rubio, las que han puesto en jaque el lucrativo negocio de La Habana.
Con la decisión de no renovar el contrato para que la brigada cubana continúe en el país, Honduras se sumó a los países de la región que han puesto fin a los convenios de "cooperación médica" con el régimen de La Habana, además de los que, si bien no han cortado toda relación, sí la han redefinido para evitar las denuncias de trata de personas.
Así, en las semanas recientes, Guyana, Guatemala y San Vicente y las Granadinas se despidieron de los profesionales cubanos, al tiempo que Jamaica anunció una renegociación del convenio. Otras islas del Caribe han tomado caminos similares, siempre a instancias de Washington.
A llorar al parque.
GAESA descubrió que las granjas de crianza de médicos les permite mantener a flote a la oligarquía castrista. Muchos países pobres no tiene los suficientes médicos para atender a la población y necesitan profesionales, pero el régimen no lo hace por amor al prójimo sino para enriquecerse. La cuestión aquí es que los médicos reciban el sueldo íntegro sin que los chulos de GAESA intermedien. Pero eso se quitarles el negocio.
Llora y patalea bastante, cacho de cabrón .