El Comité de la ONU para la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migrantes y de sus Familiares (CMW) expresó preocupación por las condiciones laborales del personal sanitario cubano que opera en Honduras en el marco del acuerdo bilateral de cooperación con el Gobierno de Cuba, e instó a proteger sus derechos.
Los señalamientos se formularon tras el examen del Segundo Informe Periódico de Honduras ante el CMW, realizado durante el período de sesiones número 41 del Comité en Ginebra, entre el 8 y el 11 de diciembre. La evaluación, enmarcada en un análisis más amplio de la situación de los derechos de las personas migrantes en el país centroamericano, incorporó un informe alternativo sobre las condiciones de contratación de los médicos cubanos, al que DIARIO DE CUBA tuvo acceso.
Durante la 619ª sesión, el relator del Comité, Pablo Ceriani Cernadas, preguntó expresamente si Honduras había adoptado medidas para garantizar el respeto de los derechos consagrados en la Convención y en las normas de la OIT, tanto dentro como fuera del acuerdo bilateral con el Gobierno de Cuba.
En su respuesta, la delegación hondureña evadió el cuestionamiento, defendió el convenio de cooperación sanitaria con La Habana como un acuerdo binacional amparado en la autodeterminación del Estado y rechazó los señalamientos surgidos en torno a su aplicación. "Todos los ruidos que se han generado alrededor de este convenio no tienen ningún asidero específico", dijo Zulmi Rivera, subsecretaria de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional.
En los últimos dos años se han incrementado las denuncias en los medios, por parte de ONG y del Gremio Médico hondureños sobre las condiciones del convenio, por el cual se estima que cada médico cubano recibe el equivalente a 1.000 dólares de los más de 2.270 que emplea el gobierno centroamericano para su contratación, en detrimento de los sanitarios domésticos.
Según Honduras, Cuba aporta médicos que han contribuido a fortalecer la red hospitalaria, en particular los centros oftalmológicos, lo que es presentado por las autoridades como un ejercicio relevante del derecho a la salud, especialmente para personas adultas mayores y para la población sin acceso a servicios oftalmológicos gratuitos, a quienes —afirman las autoridades hondureñas— el Estado también provee lentes sin costo.
Lo que dice la ONU
En sus observaciones finales, el órgano de la ONU advirtió que los trabajadores cubanos deben gozar plenamente de todos los derechos reconocidos en la Convención, incluidos la igualdad de trato en el trabajo, la protección contra la explotación laboral, el acceso efectivo a la justicia y garantías frente a abusos derivados de acuerdos entre Estados. Y agregó:
"El Comité también está preocupado por las condiciones laborales, incluyendo situaciones de explotación y otros abusos de esos derechos, en las que se encuentran los trabajadores migrantes de la salud de origen cubano que trabajan en el Estado parte en el marco de un acuerdo de cooperación con Cuba (Brigadas Médicas)".
En sus recomendaciones, el Comité instó al Estado hondureño a adoptar "todas las medidas necesarias" para garantizar que estos derechos no sean meramente formales, sino efectivamente protegidos, subrayando que ello aplica a todos los trabajadores migrantes presentes en el país, "incluidos aquellos que han llegado en el marco de acuerdos bilaterales de cooperación", como es el caso del personal sanitario cubano.
El CMW es un comité de 14 expertos independientes de la ONU, encargado de supervisar el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de los Trabajadores Migrantes, en vigor desde 2003, mediante el examen de informes estatales, el diálogo con los gobiernos y la adopción de observaciones finales.
Es la primera vez que este Comité con sede en Ginebra interpela a un Estado en relación con la exportación de servicios profesionales cubanos. También resulta inédito que se cuestione al país receptor de médicos cubanos en el marco de un examen periódico ante este órgano.
Con anterioridad, otros mecanismos de Naciones Unidas habían señalado aspectos específicos del sistema de misiones médicas cubanas. En particular, el Comité de los Derechos del Niño (CRC) cuestionó a la delegación oficial de Cuba por la separación familiar forzosa, la prohibición de entrada al país por un período de ocho años y el impacto de estas medidas en los niños, como parte de sus observaciones sobre las políticas del régimen cubano.
El Informe Alternativo que llevó al pronunciamiento de la ONU
La documentación presentada al CMW fue posible gracias al trabajo de varias organizaciones de la sociedad civil, que identificaron patrones compatibles con el trabajo forzoso, previamente señalados por relatorías de Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales.
El informe alternativo fue elaborado conjuntamente por el grupo Innovación, Monitoreo, Desarrollo, Educación y Comunidad (IMDECO, Guatemala), la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD, a nivel regional), el Grupo de Monitoreo Independiente de El Salvador (GMIES), Por la Superación de la Mujer A.C. (México), la Asociación Calidad de Vida (Honduras) y el Foro Nacional para las Migraciones en Honduras (FONAMIH).
Entre sus principales argumentos figuran el análisis de la legislación cubana aplicable a las brigadas médicas, como el Reglamento Disciplinario de los Colaboradores, el Artículo 176 del Código Penal y la Ley 1312 de Migración, así como referencias a pronunciamientos de la ONU, la OIT, la CIDH y el Parlamento Europeo.
El documento examina el diseño contractual y las prácticas de implementación de las brigadas médicas cubanas desplegadas en Honduras en virtud de los acuerdos bilaterales de 2024, señalando riesgos concretos de vulneración de derechos laborales y de trata de personas, y sirvió como base documental para el diálogo del Comité con el Estado hondureño.
Si bien Cuba no es Estado parte de la Convención sobre los Derechos de los Trabajadores Migrantes y no está sujeta al examen del CMW, los Estados que sí la han ratificado, como Honduras, tienen plena responsabilidad internacional respecto de todos los trabajadores migrantes bajo su jurisdicción. Las observaciones y recomendaciones del Comité, aunque no son jurídicamente vinculantes, tienen autoridad jurídica internacional y generan obligaciones de buena fe, seguimiento e información sobre su implementación. Este marco se superpone a la normativa interna hondureña contra la trata de personas y a los mecanismos de atención a víctimas, mientras el convenio sanitario con el Gobierno de Cuba —vigente hasta febrero de 2026 y que involucra a unos 120 médicos cubanos— queda ahora bajo mayor escrutinio.
Este escenario coincide con un cambio político en el país: la llegada a la Presidencia del conservador Nasry 'Tito' Asfura para el período 2026-2030 ya comenzó a generar incertidumbre sobre el futuro de las brigadas médicas cubanas que han tenido una presencia intermitente en ese país desde 1998, en un contexto de mayor observación internacional sobre los derechos laborales y migratorios de estos profesionales, en especial tras el anuncio de las sanciones de Washington a facilitadores de la trata. Aunque el nuevo mandatario no ha fijado una postura pública sobre el acuerdo sanitario con Cuba, el cambio de orientación del Ejecutivo deja abierta la posibilidad de una revisión o redefinición de estos convenios.
Que casualidad Honduras que tiene un Presidente Conservador?.
Empiezen por Mexico donde la guerrillera comunista tiene miles de esclavos de bata blanca